Luego de un amplio debate, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó y despachó al Senado el proyecto de ley que establece el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia (boletín 11077).

La iniciativa, ratificada por 124 votos a favor, tiene por objeto mejorar las respuestas institucionales que se ofrecen a las víctimas de violencia intrafamiliar; regular nuevas figuras tendientes a reconocer las distintas formas que adopta la violencia ejercida contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas adultas mayores y personas en situación de discapacidad; y generar un cambio cultural cuyo horizonte es la igualdad entre hombres y mujeres y el fin de las relaciones de subordinación.

Asimismo, el proyecto avanza en el reconocimiento de las distintas formas que adopta la violencia contra las mujeres y los diversos ámbitos en que puede ejercerse, ampliando las concepciones actuales que recoge el ordenamiento jurídico; considera un amplio catálogo de deberes para distintos órganos del Estado en estas materias; y regula obligaciones de prevención de la violencia contra las mujeres para todos estos organismos, en la medida en que desarrollen iniciativas relacionadas con la violencia contra las mujeres.

Entre los aspectos más relevantes contemplados en el proyecto, destaca la definición de violencia contra las mujeres como una “manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres”, reconociendo sus distintas formas y los ámbitos en que puede ejercerse.

Además, se incluye un amplio catálogo de deberes para distintos órganos del Estado, que tendrán que adoptar las medidas apropiadas en favor del cumplimiento de los objetivos y disposiciones de esta ley.

En ese sentido, se regula el deber de prevención de la violencia contra las mujeres, enfatizando las medidas pertinentes en el ámbito de la educación, en la labor de los medios de comunicación y, en general, todas aquellas que favorecen un cambio cultural conducente a superar la violencia contra las mujeres.

Por su parte, la protección y atención de las mujeres frente a la violencia genera obligaciones generales y particulares, especialmente en el ámbito de la salud, educación y deberes de protección que tienen policías y fiscales. Por ello, el título sobre acceso a la justicia establece normas aplicables a diversos procedimientos en que las mujeres tienen la condición de víctimas de violencia, dentro o fuera del contexto intrafamiliar.

Finalmente, el proyecto de ley amplía la facultad del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género en dos sentidos: aumenta el abanico de casos en que puede asumir el patrocinio y representación de las mujeres víctimas de violencia, y se le permite deducir querella en casos de femicidio.

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