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En forma unánime.

Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó en general modificaciones a Ley de Transparencia.

El mensaje modifica la ley sobre acceso a la información pública. En la sesión, centros de estudio plantearon sus propuestas para mejorar la iniciativa.

24 de marzo de 2019

La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados respaldó  la iniciativa denominada Ley de Transparencia 2.0, que impulsa la actual administración a través del ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, que se manifestó dispuesto a flexibilizar la norma.
La modificación a la Ley 20.285, sobre acceso a la información pública (boletín 12100), plantea ampliar las exigencias de transparencia a otros siete órganos autónomos constitucionales del Estado como el Congreso Nacional, la Corporación Administrativa del Poder Judicial, Ministerio Público, Contraloría, Banco Central, Servicio Electoral y Tribunal Constitucional.
Así, se busca robustecer la democracia y luchar contra la corrupción, mediante el derecho que tiene toda persona a acceder, buscar, recibir y difundir información pública.
En la sesión, expusieron diversos centros de estudio que cuestionaron algunos aspectos del proyecto. Entre ellos, el Centro de Estudios Públicos, CEP; el Instituto Libertad y Desarrollo; Espacio Público; y Chile 21. Además, participó el Consejo de la Transparencia.
María Jaraquemada, directora de Incidencia de Espacio Público, cuestionó que el Gobierno proponga que la solicitud de información se realice entregando el rut y no sólo el nombre y apellido, como se realiza hasta ahora.
Dijo que “nosotros creemos que es un grave retroceso. La información cuando es pública, es pública para todos, da lo mismo quién solicita la información. Y, por lo tanto, no importa quién la pida, que se identifique o no. Y solicitar el rut puede llevar a que periodistas o personas que son contrarias al Gobierno, o funcionarios que quieran develar actos de corrupción, no se atrevan a hacer estas solicitudes; porque van a tener que identificarse y, por lo tanto, esto es un retroceso en transparencia y no fortalece para nada la ley que hoy tenemos”.
Luego, Rodrigo Mora, de Fundación Chile 21, indicó que cuestionan la existencia de Direcciones de Transparencia en cada uno de los órganos autónomos.
“El establecimiento de diversas direcciones de transparencia que sean autónomas por un órgano de autonomía constitucional determinado, puede ser un retroceso en cuanto a la institucionalidad que hemos construido. Los centros de estudio consideramos que el Consejo para la Transparencia podría tener, eventualmente, facultades para ejercer respecto de órganos autónomos constitucionales a su facultad de fiscalización. Y entendemos que eso tiene un límite sobre las actuaciones administrativas de los propios órganos”, señaló.
El punto también fue rechazado por el diputado Soto, quien criticó la creación de una institucionalidad paralela al Consejo de Transparencia, que ya se ha consolidado en estos 10 años de vigencia de la ley.
El legislador explicó que “este proyecto crea siete direcciones de transparencia en cada uno de estos organismos, que son de confianza de los presidentes de cada uno de los organismos, es decir, ellos van a ser juez y parte, respecto de la decisión de qué se transparente y qué se mantiene en reserva. Lo cual, sin duda, es un tremendo retroceso en materia de transparencia en nuestro país. Por eso, a pesar de estos reparos y dando un acto de confianza al ministro Secretario General de la Presidencia, que se comprometió a flexibilizar este diseño orgánico, hoy día le dimos su aprobación”.
A continuación, el parlamentario Alessandri valoró que se avance en la entrega de información a la ciudadanía, la que podrá preguntar cualquier información pública de cualquier lugar, donde haya dinero fiscal; sea una corporación de educación municipal, el Ejército, Carabineros, el Congreso, el Poder Judicial o el Ejecutivo.
"Que cualquier ciudadano pueda saber en qué se están gastando los fondos públicos… Hubo unanimidad en la votación en general, estamos todos de acuerdo en que queremos un país más transparente y fondos públicos más transparentes, y espero que sea una gran tramitación en particular”, agregó.
Además, el proyecto incluye en materia de transparencia a las municipalidades y asociaciones y corporaciones municipales.  A su vez propone crear una Comisión de Transparencia del Estado, como instancia coordinadora de los órganos del Estado; y determina los lineamientos del desarrollo, funcionamiento e implementación del Portal de Transparencia. Ello, además de velar por la correcta implementación de esta ley.

 

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