La moción de los diputados Arriagada, Carmona, Espinoza, Mirosevic, Pilowsky, Saffirio, Sandoval, Sepúlveda, Teillier y Torres, expone que durante los últimos años se ha registrado en nuestro país un importante cambio demográfico, que ha significado un notable aumento en la esperanza de vida de los chilenos.
Observa luego que la expectativa de vida en la actualidad en Chile, es mayor a los 78 años, superando los 82 en el caso de las mujeres, ello según los datos que entrega la Encuesta de Caracterización Socioeconómica 2013 (CASEN), del Ministerio de Desarrollo Social. Agrega que esta situación ha implicado que los adultos mayores se constituyan en un grupo etario cada vez más creciente en nuestra sociedad. Así, la población adulto mayor representa el 15% de la población total del país, es decir, 2.687.637 habitantes; mientras que las proyecciones para el año 2020, estiman que esta cifra aumentará a 3.264.841.
Al efecto, los autores de la iniciativa destacan que dicho proceso de envejecimiento ha significado una serie de desafíos para nuestra sociedad, ya que el aumento en la expectativa de vida en el país, ha debido abordar los requerimientos especiales de los adultos mayores, como el mejoramiento de las prestaciones de salud, y de las pensiones, entre otros.
Sin embargo, aducen que se necesita además un tratamiento que les permita una adecuada integración en la sociedad, ya que los adultos mayores de hoy, se encuentran cada vez más activos, participando muchos de ellos en organizaciones comunitarias o clubes de adulto mayor, proceso conocido como “vejez activa”, y da cuenta de un importante cambio en nuestra población, del cual el Estado debe hacerse cargo, con una institucionalidad que esté a la altura de las necesidades de nuestros adultos mayores, con un enfoque multidisciplinario, considerando todas las variables que afectan la calidad de vida de las personas de la tercera edad.
Asimismo, la propuesta constitucional expresa que las atribuciones del SENAMA se tornan insuficientes para defender los derechos de nuestros adultos mayores, tratándose de maltratos u otro tipo de ilícitos cometidos en su contra, ya que este organismo carece de la facultad de ejercer acciones judiciales, y de representar a los adultos mayores víctimas de estos abusos.
Por lo antes expuesto, y con el objeto de objeto de fortalecer la institucionalidad pública en materia de promoción y defensa de los derechos de los adultos mayores, el proyecto de reforma constitucional propone la creación de un organismo dotado de autonomía, y con las competencias para representar ante los órganos del Estado, con carácter vinculante, todas aquellas acciones o prácticas del sector público y privado, que pudieran significar una vulneración o atentado contra los derechos de las personas de la tercera edad, denominado “El Defensor del Adulto Mayor”.
Corresponde ahora que la iniciativa sea analizada por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados.
Vea texto íntegro de la moción, discusión y análisis.
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