El TC declaró inadmisible un requerimiento de inaplicabilidad que impugnaba el artículo 2º inciso tercero y el artículo décimo transitorio de la Ley N° 20.285, sobre Acceso a Información Pública.
Los preceptos impugnados establecen, en esencia, que a las empresas públicas creadas por ley y a las empresas del Estado y sociedades en que éste tenga participación accionaria superior al 50% o mayoría en el directorio se les aplica el principio de transparencia de la función pública sólo en lo referido a la transparencia activa.
La gestión pendiente incide en un recurso de reclamación, de que conoce la Corte de Santiago, en que el requirente impugnó la resolución del Consejo para la Transparencia que negó su solicitud de la copia de un contrato entre Metro S.A. y Emos S.A.
En su resolución, el TC indicó que se está claramente en presencia de una discrepancia en torno a la interpretación de preceptos legales, en la especie, respecto a la naturaleza jurídica de la empresa Metro S.A., lo que excede al ámbito de la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Así, se torna inequívoco que la controversia es una materia propia de la competencia del juez del fondo, recurrible a través de los medios de impugnación que le franquea la ley al actor, como ha hecho precisamente ante la Corte de Santiago, reclamación pendiente de resolución en que se fallará en derecho la eventual obligatoriedad de entrega de información al actor por Metro S.A. Así, el Tribunal ha llegado a la convicción que concurre la causal de inadmisibilidad prevista en el numeral 6º del artículo 84 de la LOCTC, ya que el requerimiento carece de fundamento plausible.
Vea texto íntegro del expediente Rol N° 4262-18.
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