Senadores analizaron el rol que ha asumido en los últimos meses el Tribunal Constitucional (TC), que fue convocada por los comités del PPD e Independientes, el PS, el PDC y el PRD.
Argumentos como “el TC actúa expansivamente y debe ser corregido”, “no le corresponde al Senado referirse a sentencias del TC”; “¿queremos derogar este organismo?, les pregunto”; “el TC se transformó en un actor político y esto es peligroso”, “creemos en una democracia constitucional con un TC”, “parte de sus miembros han sido elegidos por este Congreso, entonces hagámonos cargo de su accionar”, “¿Estamos discutiendo sus atribuciones o su existencia?”,  formaron parte de la discusión que se extendió por dos horas.
El senador Insulza cree que  es importante debatir sobre algunos temas que han inquietado a la ciudadanía en las últimas semanas, se trata de decisiones y actitudes del TC. “El límite de este debate es no referirnos a las sentencias de ese tribunal, pero sí es legítimo hacer ver situaciones. La actitud de su Presidente de salir al paso de las críticas que se le hacen, u opinar desde lo político, creemos que no corresponde. Creo que el actual diseño del TC no permite que lo veamos como un órgano de contrapeso, sino como un actor político, lo que le resta legitimidad”, indica.
Luego, el legislador Huenchumilla se pregunta por qué en nuestro país hemos tenido una controversia pública a propósito de los fallos del Tc respecto a proyectos sensibles, señalando que “creo que este organismo tiene un pecado de origen como es que quebró la esencia del sentido de los tribunales originales. El TC se basa en una defensa del modelo establecido en la Constitución del 80 y le introducimos a ésta un elemento político. Acá los miembros del TC terminan divididos ante un tema por razones políticas. Esa es una anomalía. Hay que buscar una salida”.
Por su parte, el congresista Allamand dice que “no le corresponde al Senado referirse a las sentencias del TC. Tenemos un problema con este organismo porque no veo que exista un consenso respecto a su existencia. El programa de gobierno de Guillier proponía terminar con el TC”.
Arguye “¿estamos discutiendo sus atribuciones o su existencia? Quisiera saber si las bancadas opositoras están por terminar con este tribunal. Hay que saberlo para avanzar. Soy de los que cree en una democracia constitucional con organismos como el TC. En cuanto a las facultades, se ha cuestionado el control preventivo de las leyes (obligatorio o vía requerimiento) pero creemos que debe mantenerse”.
Enseguida, la senadora Ebensperger asevera que “el origen del principio de la supremacía constitucional es el fondo de esta discusión, particularmente la limitación del poder por parte del derecho. Para que esto se pueda aplicar, debe estar la Constitución por sobre el poder. Para cautelar este principio surgió el TC. Lo que se quiere hacer en esta sesión es peligroso porque ninguna magistratura debe atribuirse otra autoridad o derechos a los conferidos a ella por la Constitución y las leyes. Se busca fiscalizar el TC, y nosotros no tenemos esa facultad”.
A continuación, el legislador Harboe señaló que cree “en un TC tal como lo diseñó Eduardo Frei Montalva. Su función es la necesidad de verificar la constitucionalidad de las normas de diversa naturaleza. No se trata de un poder absoluto. No puede inmiscuirse en la esencia de otros poderes”.
Así, plantea que “debe considerar el origen democrático de las normas legales. Se trata de respetar la voluntad del pueblo representada en las Cámaras, no la de un grupo de ministros designados. En cuanto al control preventivo obligatorio, el TC se ha transformado en un órgano sesgado por razones ideológicas”.
A juicio del senador Navarro, “la Constitución del 25 indicaba que solo el Congreso podría revisar las leyes que emitía. Luego se pensó que un órgano ajeno debía establecer dicho control y se creó el TC. ¿Control político o legal? Ese debe ser el debate de esta sesión. Sus integrantes tienen una opinión política. El próximo año debe decidirse el nuevo presidente de este organismo. Tenemos un debilitado Congreso Nacional por la monarquía presidencial. El TC –frente al debilitamiento de otros poderes del Estado- ha adquirido más poder interviniendo en todo. Se requieren mecanismos de control pero acotados”.
Según el parlamentario Latorre, “la preocupación que hemos tenido por la actuación del TC es transversal. Su actitud ha sido muy expansiva y militante. Nos preocupan sus prácticas y el impacto de sus conductas. Estoy hablando de las declaraciones del Presidente del TC que ha ocupado esa ventana para dar cuenta de sus preferencias políticas. Es fundamental avanzar en una agenda para definir las competencias de este organismo. Se debe regular el estatuto jurídico y crear un mecanismo para analizar sus sentencias”.

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