El TC admitió a trámite requerimiento de inaplicabilidad que impugna los artículos 393 inciso tercero, 400 inciso tercero, 403 y 405, todos del Código Procesal Penal.
El primer precepto impugnado establece, en síntesis, la citación a audiencia en el procedimiento simplificado. Por su parte, los artículos 400, 403 y 405, regulan el procedimiento por delitos de acción privada.
La gestión pendiente incide en autos penales, seguidos ante el Juzgado de Garantía de Concepción, en los que el requirente es querellado por el delito de giro doloso de cheques, en el marco de un procedimiento de acción penal privada.
El requirente estima que los preceptos impugnados vulneran, en primer término, el principio de igualdad constitucional, por cuanto se permite sólo al querellante la petición de diligencias, pero en ninguna parte del procedimiento para acción privada se permite al querellado solicitar las pruebas necesarias para su defensa. En segundo lugar, se infringiría la garantía constitucional de igual protección de la ley, toda vez que las normas cuestionadas establecen un rígida y unilateral procedimiento al hacer aplicables las normas del procedimiento simplificado en lo no regulado.
En consecuencia, aduce el requirente que lo anterior lleva a la imposibilidad de obtener, mediante el Tribunal, una prueba esencial para acreditar la inexistencia de un giro doloso de cheques, que podría demostrarse si se puede acceder a la documentación tributaria del querellante. Lo que es imposible con la aplicación de las respectivas normas.
Para pronunciarse acerca de la admisibilidad del requerimiento la Sala designada por el Presidente del TC confirió “traslado a las demás partes de la gestión invocada, por el término de diez días”.
En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
Vea textos íntegros del requerimiento y del expediente Rol N° 5144-18.
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