La Corte de Arica rechazó el recurso de amparo presentado por  la Fundación Servicio Jesuita a Migrantes en contra de la Intendencia Regional de Arica y Parinacota, que decretó la expulsión del país de María Magdalena Cabral Rojas, ciudadana dominicana que ingresó al territorio nacional por un paso no habilitado, en febrero pasado.
La sentencia del Tribunal de alzada sostiene "(…) que en la especie la resolución administrativa fue dictada oportunamente ejerciendo la ciudadana dominicana los recursos administrativos correspondientes, sin que a su respecto se pueda señalar que ha sido vulnerado el debido proceso, ni que existan otros elementos que permitan soslayar la legislación migratoria para acoger el reclamo que por vía de amparo plantea, a saber, arraigo familiar o social, ni que la existencia de un contrato de trabajo sea de mérito suficiente para sustentar su reclamación, ni los motivos que invocó para salir de su país de origen e ingresar a Chile, se encuentren justificados en los términos que su vida o integridad física o psíquica se encuentren amenazadas".

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