Se solicitó declarar inaplicable, por inconstitucional, el artículo 22 del Decreto con Fuerza de Ley N° 707 de 1982, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques.
El precepto impugnado se refiere a los fondos o créditos disponibles suficientes en cuenta corriente con que debe contar el librador en poder del Banco librado y el giro doloso de cheques.
La gestión pendiente incide en los autos sobre giro doloso de cheques, de que conoce el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
El requirente estima que el precepto legal impugnado es contrario a los artículos 1°, 5°, 19 N° 1°, 2°, 3° y 7° y al artículo 64 de la Constitución Política, el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 7.7 de la Convención Americana de Derechos Humanos, toda vez que la disposición en cuestión establece una sanción penal de una conducta desprovista de dolo como es el giro de cheque a fecha, lo que provoca una clara infracción al principio de culpabilidad al contemplar una presunción de responsabilidad penal de derecho y objetiva, impidiendo al requirente acreditar la ausencia de este elemento del tipo esencial para la legitimación del ius puniendi en un Estado Democrático de Derecho. También, se agrega, resultaría inconstitucional por la desproporcionalidad en la pena asignada y por transgredir el principio de legalidad en materia penal.
La Sala designada por el Presidente del TC tendrá que resolver si admite a trámite la impugnación, para luego pronunciarse sobre su admisibilidad. En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
Vea texto íntegro del requerimiento y expediente Rol N° 3382-17.
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