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Ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

Defensora de la Niñez interpone recurso de protección en contra de la suscripción de un convenio entre el Servicio Nacional de Menores y la Agencia Nacional de Inteligencia. Estigmatiza y criminaliza a este grupo de niños, niñas y adolescentes.

El convenio tiene objeto facilitar a la Agencia Nacional de Inteligencia el acceso a información que posea el SENAME y que aquella considere relevante y pertinente para generar inteligencia, lo que se cuestiona ya que no se ve como el SENAME podría proporcionar información que permita a dicha Agencia cumplir con sus funciones.

23 de abril de 2020

La defensora de la Niñez interpuso ante la Corte de Apelaciones de Santiago un recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Menores (Sename) y la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), por un convenio firmado entre estas dos instituciones.
El convenio tiene objeto facilitar a la Agencia Nacional de Inteligencia el acceso a información que posea el SENAME y que aquella considere relevante y pertinente para generar inteligencia, lo que se cuestiona ya que no se ve como el SENAME podría proporcionar información que permita a dicha Agencia cumplir con sus funciones.
El libelo sostiene que, revisado el Acuerdo “no se plantean objetivos y propuestas, como resulta coherente con un acuerdo que respete el deber de protección reforzada del Estado de los derechos de niños, niñas o adolescentes, que digan relación con considerar a ellas y ellos como objetivos de intervención en este ámbito, que está directamente relacionado con la persecución penal, la seguridad pública y otros ámbitos".
El recurso agrega que la ilegalidad se centra, entre otros aspectos, “en que el objeto de la obtención de información por parte de la ANI, se traduce en dar cumplimiento a su mandato legal, de inteligencia y contrainteligencia, en materias de soberanía y terrorismo, ámbito este último en que existe, además, prohibición expresa de persecución penal respecto de niños, niñas y adolescentes".
Con ello, se afirma en el recurso, al suscribirse el Convenio se incurre en “una acción estigmatizadora y criminalizadora evidente de este grupo de niños, niñas y adolescentes, a quienes sólo por el hecho de encontrarse vinculados al Servicio destinado a su protección, se les representa como posibles objetivos informativos propios de la búsqueda de antecedentes destinados a impedir atentados contra la soberanía nacional y el terrorismo".

 

Vea texto del recurso Rol Nº 36343-2020.

 

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