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Moción.

Creación de una renta básica de emergencia financiada a través de un impuesto único del 2,5% al patrimonio de los super ricos.

El objetivo principal del proyecto ingresado es incorporar recursos al Estado para establecer un beneficio para la población más vulnerable.

4 de junio de 2020

La Moción busca estructurar un impuesto transitorio, equivalente al 2,5 % del patrimonio de las personas más ricas del país, que detenten un patrimonio igual o superior a 22 millones de dólares, con el objetivo de allegar mayores recursos para enfrentar la crisis económica y social que se vive con ocasión de la pandemia de COVID-19.
El proyecto de ley señala que el establecimiento de este impuesto podría allegar recursos al fisco equivalentes a US$ 6.500 millones. Esa recaudación permitiría implementar políticas públicas de emergencia social y económica, tales como una Renta Básica de Emergencia, por sobre la línea de la pobreza, que actualmente corresponde según la encuesta CASEN de abril 2020, a $369.205 para un grupo familiar de 3 personas. Por lo que el beneficio podría abarcar al menos al 80% de los hogares más vulnerables, por 3 meses, sin distinguir entre trabajadores formales e informales, lo que beneficiaría a cerca de 11.500.000 personas.
Asimismo, si el Estado no puede obtener recursos provenientes de un mayor endeudamiento para afrontar la pandemia y las consecuencias económicas de una posible y extendida recesión global, entonces al menos debe abordarse transitoriamente, el debate sobre cual es el real aporte, que hacen los super ricos, para combatir la crisis económica que padece el país, sobre todo considerando que este sector utiliza permanentemente posibilidades y herramientas que la gran mayoría del país no tiene, para optimizar su carga tributaria en su propio beneficio.
A fin de avanzar en la materia, se propone una reforma constitucional que establezca, por una sola vez, un impuesto al patrimonio de las grandes fortunas personales, cuya recaudación será destinada al financiamiento de una renta básica de emergencia. Quedará gravado con una tasa de 2,5% el patrimonio bruto de las personas naturales, titulares de bienes y derechos, en Chile o en el extranjero, equivalentes a un valor igual o superior a 22 millones de dólares, que deberán enterarlo a las arcas fiscales dentro de los 30 días posteriores a la aprobación de la ley.
El proyecto se encuentra en primer trámite constitucional, en análisis por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados.

Vea texto íntegro del Boletín Nº 13555-07.

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