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Siete partidos políticos solicitaron al Supremo Tribunal Federal de Brasil la implementación efectiva del plan para prevenir la deforestación en la Amazonía por parte del Estado Federal.

La petición señala lesiones “graves e irreparables” a los preceptos fundamentales, resultantes de actos comisorios y omisivos del Estado Federal y de los organismos públicos federales que impiden la ejecución de las medidas previstas en esa política.

18 de noviembre de 2020

Siete partidos políticos solicitaron al Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil la implementación efectiva del plan para prevenir la deforestación en la Amazonía por parte del Estado Federal.

La Declaración de Falla del Precepto Fundamental (ADPF), fue firmada por el Partido Socialista Brasileño (PSB), Red de Sostenibilidad, Partido Laborista Democrático (PDT), Partido Verde (PV), Partido de los Trabajadores (PT), Partido Socialismo y Libertad (PSOL) y Partido Comunista de Brasil (PCdoB).

La petición señala lesiones “graves e irreparables” a los preceptos fundamentales, resultantes de actos comisorios y omisivos del Estado Federal y de los organismos públicos federales que impiden la ejecución de las medidas previstas en esa política. Entre ellos se encuentra la importante reducción en la inspección y control de la deforestación en la Amazonía.

Uno de los argumentos de las partes es que, a pesar del aumento del 34% en las tasas de deforestación en 2019 y del 34% estimado en 2020, hay una caída en el número de evaluaciones en ese período. Según ellos, en 2019, IBAMA evaluó un 31% menos que en 2018. En 2020, la caída es aún mayor, del 43%. Ante la proliferación de la ilegalidad ambiental en la Amazonía, sostienen que correspondería al Estado Federal actuar con eficacia, con la ampliación de las acciones de poder por parte de la policía ambiental.

Otros puntos cuestionados son la falta de ejecución del presupuesto disponible y el congelamiento del financiamiento de las políticas públicas. Según las partes, hasta el 31/8, el Ministerio del Ambiente (MMA) había pagado solo el 0,4% del monto autorizado para las acciones finales, totalizando “una miserable R $ 105.410,00 en la ejecución de políticas públicas”. Finalmente, las siglas afirman que existe un esfuerzo del Estado Federal para hacer imposible el trabajo del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama), el Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad (ICMBio) y la Fundación Nacional Indígena (Funai). Esto, principalmente por la fragilidad presupuestaria, la ejecución del presupuesto disponible está muy por debajo de lo que históricamente han practicado y el importante déficit de funcionarios públicos.

En este sentido, los partidos políoticos exigen, hasta el 2021, la reducción efectiva de las tasas de deforestación en la Amazonia Legal y en tierras indígenas y unidades de conservación, según datos oficiales proporcionados por el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (Inpe), entre otros puntos.

Finalmente, cabe señalar que existen varias entidades especializadas en la materia que han solicitado la admisión como interesadas (amicus curiae): Instituto Socioambiental (Isa), Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (Apib), Consejo Nacional de Poblaciones Extractivas (CNS), Laboratorio del Observatorio del Clima (OC), Greenpeace Brasil, Conectas Derechos Humanos, Instituto Alana, Asociación Juvenil Engajamundo, Artículo 19 Brasil y Asociación Civil Alternativa Terrazul.

 

Vea texto íntegro del comunicado.

 

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