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Imagen: publico.es
“Nuevo sistema penal especial”.

Presidente de Pakistán aprobó ley contra la violación que contempla la castración química de los condenados por el delito.

Datos de la ONG Sahil, apunta que más de mil 500 niños han sido violados desde principios de año. Además, casi mil mujeres mueren en Pakistán cada año en los llamados “asesinatos por honor”, por supuestamente violar las normas conservadoras del amor y el matrimonio.

18 de diciembre de 2020

El Presidente de Pakistán, Arif Alvi, ha aprobado una nueva Ley contra la Violación, cuyas disposiciones autorizan a los tribunales del país a ordenar la castración química de los condenados

Cabe hacer presente que la aprobación de Alvi implica que el Gobierno cuenta con un plazo de 4 meses para lograr la ratificación por parte del Parlamento, sin embargo, la ley entró inmediatamente en vigencia, por lo que los tribunales especiales (que eventualmente se conformen) ya se están facultados para juzgar los casos de violación y abusos sexuales cometidos en contra de mujeres o niños.

Por su parte, la entrada en vigencia de la ley ha adquirido relevancia, en razón a dos casos públicos sobre violación. El primero de ellos trata de una mujer violada en grupo frente a sus hijos en una de las principales autovías del país, tras lo que un alto cargo policial acusó a la víctima de lo sucedido, lo que desencadenó una oleada de protestas a nivel nacional. El segundo, refiere a la violación de una mujer y su hija menor de edad al interior de su casa por desconocidos, la que motivó la declaración del Primer Ministro, prometiendo medidas duras y holísticas contra la violación para cerrar todos los “agujeros” existentes en la legislación del país.

Así, además de la castración, la nueva ley prevé la creación de Cortes especializadas para darle celeridad a los procesos, ante las constantes denuncias sobre la impunidad de la que gozan, en el país, los responsables de estos crímenes; en particular, se ha anunciado que el procedimiento conocido por estos tribunales especiales, deberá durar como máximo, 4 meses, antes de emitir sus veredictos.

También, contempla la creación de un registro de criminales sexuales y prohíbe la publicación de las identidades de las víctimas; mientras que los policías y funcionarios que muestren “negligencia” a la hora de investigar los casos podrían ser condenados a penas de hasta 3 años de cárcel.

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