La iniciativa, presentada por el Presidente de la República, crea una nueva institucionalidad que reúne los servicios de acceso de la justicia de las personas en cuatro líneas de acción y crea dos nuevos servicios, la Defensoría de Víctimas de Delitos y el Consejo Nacional de acceso a la Justicia.
El proyecto expone que es necesario crear una nueva institucionalidad para el fortalecimiento del derecho al acceso a la justicia, la cual se encuentra dispersa en distintos Ministerios, Servicios y programas mediante la implementación de una única institución que fortalezca el acceso a la justicia a través diferentes líneas de acción a fin de establecer un servicio eficiente, cercano e integral para las personas.
A través de esta iniciativa, se busca crear una única institucionalidad que integre a las Corporaciones de Asistencia judicial, reuniendo en un único Servicio la oferta programática que actualmente brindan, con atención a la defensa de víctimas de delitos, grupos o personas vulnerables y la defensa de los Derechos Humanos, contratando abogados a nivel nacional puedan asesorar y representar personas que han sido vulneradas o amenazadas en sus derechos.
El proyecto propone cuatro líneas de acción a seguir para cumplir con dicho objetivo. La primera es la línea general que comprende la oferta programática que actualmente tienen las Corporaciones de Asistencia Judicial, en materia civil, laboral, de familia, entre otros. La segunda es la línea de la Defensoría de Víctimas de delitos que entrega asesoría, defensa y representación jurídica a todas las personas naturales que han sido víctimas de delito, otorgándoles, además, apoyo psicológico y social para enfrentar y superar las consecuencias del hecho. La tercera es la línea de Derechos Humanos que considera la asesoría y representación jurídica a personas cuyos DDHH han sido vulnerados o se encuentren en amenaza de vulneración, tanto en sede administrativa como judicial (ejercicio de acciones constitucionales). La cuarta es la línea especializada que considera toda la oferta programática diseñada para abordar las necesidades y problemáticas que afecta a algún determinado sector de la población que se encuentra en situación de vulnerabilidad.
La iniciativa crea la Defensoría de Víctimas de Delitos, que estaría encargada de la representación jurídica y la atención psicológica y social, de personas naturales que carezcan de defensa en su rol de víctimas en materia penal, estableciendo la universalidad plena en términos de acceso a la información, con especial foco en víctimas de delitos contra la vida e integridad física o psíquica, la libertad y/o integridad sexual, y la libertad ambulatoria, situando los intereses de las víctimas en una condición de igualdad a los del Ministerio Público, potenciando su rol en el proceso penal.
También crea el Consejo Nacional de Acceso a la Justicia, el cual está integrado por autoridades, representantes del mundo académico y sociedad civil, con el fin de generar políticas públicas que aborden problemáticas de manera sistémica y coordinada. A su vez, plantea el desarrollo de un Plan Nacional de Acceso a la Justicia, con una duración de cinco años que permita avanzar en acciones, medidas y programas concretos, que materialicen los objetivos estratégicos propuestos por el Consejo Nacional, y que se implementen a nivel regional.
El proyecto fue ingresado con suma urgencia a la Cámara de Diputados y se encuentra en las Comisiones de Constitución, Legislación Justicia y Reglamento y Hacienda para su discusión .
Vea texto íntegro del Boletín N°13.991-07 y siga su tramitación aquí.
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