La dimensión económica de la Constitución es un asunto complejo en el que parecieran existir múltiples desacuerdos, señala la publicación del Centro de Derecho Regulatorio y Empresa UDD de que son autores Juan Eduardo Coeymans y María Francisca Labbé.
Al declarar determinados derechos e imponer restricciones, las constituciones tienen efectos directos sobre los resultados económicos, ya que afectan las decisiones y actuaciones de los ciudadanos y del Gobierno.
Existe una amplia literatura sobre los efectos económicos de determinadas normas constitucionales. Por ejemplo, Barro (1999) encuentra que ciertas variables como un índice de democracia, un indicador de la fortaleza del Estado de Derecho, un índice de regulaciones al mercado laboral, entre otros, pueden explicar una fracción importante de las diferencias en las tasas de crecimiento del producto por habitante entre países.
Como en muchas materias, las normas económicas pueden ser muy específicas o más generales. A mayor grado de generalidad de las normas constitucionales, aumenta la probabilidad de acuerdos transversales. Sin embargo, no todas las normas constitucionales se cumplen cabalmente, ya que los legisladores de turno buscan salidas, previstas o no, en la Constitución.
Si bien las constituciones “no están escritas en piedra”, deben mantener cierta estabilidad a través del tiempo. Eso genera mayor predictibilidad de las reglas, lo que afecta a los tomadores de decisiones y, por otro lado, facilita la evaluación de las políticas públicas.
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La publicación analiza brevemente algunas de las normas constitucionales relacionadas con el sistema económico que los autores consideran más relevantes para el caso chileno, entre ellas, el rol de los mercados y rol del Estado, la importancia del derecho de propiedad para el desarrollo, derechos sociales y gasto fiscal, la autonomía del Banco Central, la gobernabilidad, el sistema político y la reforma al Estado, como los efectos de los cambios constitucionales.