El caso se refiere a una ciudadana georgiana que interpuso una demanda por la violencia de género que su hija sufrió recurrentemente por parte de su cónyuge. La hija de la demandante efectuó múltiples denuncias a la policía, sin que ninguna de ellas diera paso a la apertura de una investigación penal o la dictación de medidas cautelares, pese a que ella y su hija habían resultado lesionadas y recibido amenazas de muerte. Con posterioridad, abandonó el hogar familiar y, en el contexto de un persistente hostigamiento, presentó reiteradas denuncias y solicitó en distintas ocasiones medidas de alejamiento a las autoridades nacionales. En 2014, la hija de la demandante fue asesinada por su ex cónyuge, el que inmediatamente después, se suicidó.
La demandante denunció una infracción de los artículos 2 (derecho a la vida) y 14 (prohibición de la discriminación) del CEDH, por cuanto las autoridades nacionales no habrían protegido a su hija de la violencia doméstica ni habían llevado a cabo una investigación penal efectiva sobre las circunstancias que habían provocado su muerte. Además, afirmó que la policía había sido consciente del peligro que suponía para la vida de su hija, pero no había tomado las medidas preventivas necesarias.
El TEDH recordó que siempre que exista alguna sospecha de violencia doméstica o hacia las mujeres, se requiere una especial diligencia por parte de las autoridades en el curso de los procedimientos internos. El hecho de que un Estado no proteja a las mujeres contra la violencia doméstica vulnera su derecho a la igualdad de protección ante la ley.
El fallo advirtió que la demandante y su hija habían solicitado ayuda a la policía en al menos 11 ocasiones, en las que dieron cuenta claramente del nivel de violencia que había sufrido y las graves y serias amenazas que el agresor había proferido, por lo que la policía conocía o debería haber conocido la amenaza real e inmediata a su seguridad. No obstante lo anterior, considera el TEDH que las autoridades policiales se abstuvieron sistemáticamente de adoptar medidas que podrían haber mitigado el daño o alterado el trágico desenlace.
El Tribunal consideró que la inacción de la policía en el presente caso podía considerarse un fallo sistémico y que había una necesidad urgente de llevar a cabo una investigación significativa sobre la posibilidad de que la discriminación y los prejuicios de género hubieran estado detrás de la falta de acción de la policía.
El Tribunal condenó a Georgia al pago de 35.000 euros en concepto de daños no pecuniarios.
Vea texto íntegro de la sentencia.
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