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Se pronunciará respecto del fondo.

TC declaró admisible inaplicabilidad que impugna norma en causa en la que se demanda a dos empresas para que sean declaradas un solo empleador.

Infringiría la igualdad ante la ley, la libertad de trabajo y su protección, el derecho de propiedad.

14 de agosto de 2021

La Segunda Sala del Tribunal Constitucional declaró admisible un requerimiento de inaplicabilidad que impugna el artículo 3°, incisos cuarto, sexto y octavo del Código del Trabajo.

Los preceptos legales impugnados establecen: “Dos o más empresas serán consideradas como un solo empleador para efectos laborales y previsionales, cuando tengan una dirección laboral común, y concurran a su respecto condiciones tales como la similitud o necesaria complementariedad de los productos o servicios que elaboren o presten, o la existencia entre ellas de un controlador común”. (Inciso cuarto)

“Las empresas que cumplan lo dispuesto en el inciso cuarto serán solidariamente responsables del cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales emanadas de la ley, de los contratos individuales o de instrumentos colectivos”. (Inciso sexto).

“Los trabajadores de todas las empresas consideradas como un solo empleador podrán constituir uno o más sindicatos que los agrupen, o mantener sus organizaciones existentes; podrán, asimismo, negociar colectivamente con todas las empresas que han sido consideradas como un empleador, o bien con cada una de ellas. Los sindicatos interempresa que agrupen exclusivamente a trabajadores dependientes de empresas que hayan sido declaradas como un solo empleador podrá presentar proyectos de contrato colectivo, siendo obligatorio para el empleador negociar con dichos sindicatos. En todos estos casos, la presentación y tramitación de los proyectos de contrato colectivo se regirán por las normas establecidas en el Título IV del Libro IV de este Código”. (inciso octavo).

La gestión pendiente incide en un proceso laboral seguido ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción, en el que se demandó a la requirente y a otra empresa para que, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 3º y 507 del Código del Trabajo, se declare que dichas sociedades constituirían un solo empleador para efectos laborales, respecto de todos los trabajadores de esas empresas. Así, la consecuencia de dicha declaración implica que las empresas declaradas único empleador serán solidariamente responsables del cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales emanadas de la ley, de los contratos individuales, así como de los instrumentos colectivos de trabajo.

La empresa requirente estima que el precepto impugnado infringiría el derecho de propiedad que tiene respecto del contrato colectivo válidamente suscrito con sus trabajadores y el legítimo derecho a que sea ese el marco de sus negociaciones colectivas y no otras condiciones en las que ninguna participación tuvo y se ve forzado a ofrecer, afectando la esencia de esa garantía.

Asimismo, considera vulnerada la libertad de trabajo y su protección, pues si se la declara como único empleador, todos los trabajadores de las otras empresas pueden negociar colectivamente, eventualmente, sólo con la requirente, y en tal escenario estará obligada a ofrecer como piso de negociación los beneficios contenidos en contratos colectivos que no negoció y, por otro lado, impedida de acceder a la calificación de servicios mínimos y equipos de emergencia, lo cual no aparece como un procedimiento justo para afrontar una posible negociación y paralización.

La igualdad ante la ley también sería vulnerada, puesto que los preceptos legales impugnados establecerían una serie de diferencias arbitrarias en perjuicio de la requirente, tanto al imponer la obligación solidaria de cumplir obligaciones contenidas en contratos colectivos en que no participó, como al forzar la negociación con sindicatos que agrupen a trabajadores de cualquiera de las empresas, debiendo respetar el piso mínimo de sus propios contratos colectivos.

Luego de declarar admisible el requerimiento, la Magistratura Constitucional ordenó comunicar su decisión a todas las partes de la gestión pendiente, confiriéndoles traslado por el plazo de veinte días para que formulen sus observaciones y presenten los antecedentes que estimen pertinentes.

 

Vea texto del requerimiento y del expediente Rol N°11.353-21.

 

 

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