Por 8 votos a favor y 2 en contra, la comisión investigadora de las actuaciones del Ministerio del Interior, Carabineros y la PDI, desde el 18 de octubre de 2019 a la fecha, en relación al estallido social aprobó su informe final.
La instancia analizó las medidas tomadas en el país, en el marco del control del orden público. La idea fue investigar la legalidad, duración o proporcionalidad de tales medidas. Al respecto, el organismo analizó la proporcionalidad o no en el uso de la fuerza en tales gestiones.
El grupo parlamentario indagó sobre aquellos actos que provocaron lesiones o muerte, apremios ilegítimos, tratos crueles, inhumanos o degradantes, violencia sexual contra civiles u otros hechos que implicaron afectación o violación de los derechos humanos.
En sus conclusiones, la comisión constató un “incumplimiento en el resguardo de los DDHH”. En tal sentido, se apunta a las fuerzas policiales, las cuales son las encargadas de la mantención y protección del orden público.
Asimismo, se señala que los agentes del Estado han incurrido en tal incumplimiento por su participación y responsabilidad directa en estos actos.
Propuestas
Junto con las conclusiones, la instancia propone la adopción de una serie de medidas:
Comprometerse a transformar de manera profunda, estructural e inmediata a Carabineros de Chile. Se aspira a que se subordine totalmente al poder civil y desarrolle un proceso de formación policial basado en el respeto irrestricto de los DDHH.
Que las transformaciones contemplen la participación de la población. Dicha transformación debe adecuar a las policías a las necesidades de un Estado democrático. A ello, se suma el que las policías tengan organismos de control que eviten los actos de corrupción.
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La revisión inmediata de todas las querellas por ley de seguridad del Estado incubadas a través del Ministerio del Interior o de las intendencias regionales. Asimismo, que se contemple el retiro de todas aquellas acciones judiciales que se entiendan iniciadas por motivos exclusivamente políticos.
La diputada Maya Fernández será la encargada de informar el texto ante la Sala.
El documento será remitido a la Presidencia de la República, el Instituto Nacional de los Derechos Humanos (INDH), Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones.