El caso se refiere a la detención y el fallecimiento del hijo del demandante mientras estaba detenido en la autoproclamada «República Moldava de Transdniestria» (RMT). Este refiere que la muerte de su hijo se produjo debido a una asistencia médica inadecuada en la cárcel. Asimismo, denuncia la falta de una investigación efectiva sobre su muerte. Al respecto, puntualiza que, de conformidad con su certificado de defunción, este había muerto de tuberculosis y SIDA. Además, el demandante afirma que las autoridades penitenciarias conocían el estado de salud de su hijo, pero, igualmente, no le proporcionaron el tratamiento necesario y, por lo tanto, fueron responsables de su muerte.
El demandante denuncia una vulneración del artículo 2 (derecho a la vida) de la CEDH.
El fallo señala que la obligación de proteger la vida de las personas detenidas importa también la obligación de las autoridades de proporcionarles la atención médica necesaria para salvaguardarla. En este sentido, precisa que cuando un detenido muere como resultado de un problema de salud, el Estado debe ofrecer una explicación razonable sobre la causa de la muerte y el tratamiento administrado a la persona en cuestión, antes de su muerte.
Enseguida, constata que la muerte del hijo del demandante se deriva de una complicación previsible atendida su condición médica. En el mismo sentido, considera que existieron retrasos en la prestación de un adecuado tratamiento, lo que –refiere– basta para constatar el cumplimiento inadecuado de las obligaciones positivas de proteger la salud y la vida en prisión del hijo del demandante. Además de lo anterior, expresa que dichas omisiones podrían haberse evitado con un examen médico adecuado y un tratamiento e internamiento oportuno en una sección médica o en un hospital especializado en el tratamiento de la tuberculosis y el SIDA.
En virtud de lo anterior, el TEDH concluye que ha habido una violación del artículo 2 del Convenio.
Por otra parte, el Tribunal considera que las autoridades moldavas no disponían de medios reales para garantizar los derechos de la víctima, ni pudieron investigar adecuadamente las alegaciones de privación de libertad que resultaron en la muerte del hijo del demandante. En este sentido, concluye que la República de Moldavia no incumplió sus obligaciones positivas con respecto a la demandante. No obstante lo anterior, considera que la infracción es imputable a Rusia, puesto que este Estado prestaba su continuo apoyo militar, económico y político al «RMT». Por lo anterior, concluye que la violación referida cae dentro del ámbito de responsabilidad de Rusia.
El TEDH condenó el Estado de Rusia al pago de 26.000 euros en concepto de daños no pecuniarios y 4.000 euros en concepto de costas y gastos.
Vea texto de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
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