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Imagen: isglobal.org
Ataque "desproporcionado" al derecho recogido en la Carta Magna al respeto de la vida privada.

Constitucional francés prohíbe una medida contra el COVID que permitía a los profesores saber si sus alumnos están vacunados.

La ley, adoptada de forma definitiva por el Parlamento, preveía la posibilidad de que los directores de escuelas de primaria o de secundaria obtuvieran datos médicos de sus estudiantes para facilitar la organización de campañas de detección del coronavirus o de vacunación.

16 de noviembre de 2021

El Consejo Constitucional francés censuró una de las disposiciones de una ley sobre medidas para hacer frente al coronavirus que permitía a los directores de los centros escolares recopilar informaciones médicas sobre los alumnos, como si están vacunados o han estado en contacto con contagiados.

Los magistrados del Constitucional consideran en su dictamen que esa prerrogativa de un texto legislativo, que ha sido promovido por el Gobierno del presidente, Emmanuel Macron, constituye un ataque «desproporcionado» al derecho recogido en la Carta Magna al respeto de la vida privada.

La ley, adoptada de forma definitiva por el Parlamento, preveía la posibilidad de que los directores de escuelas de primaria o de secundaria obtuvieran datos médicos de sus estudiantes para facilitar la organización de campañas de detección del coronavirus o de vacunación. Y para ajustar los protocolos sanitarios en los centros y las condiciones de la enseñanza para evitar riesgos de propagación de la epidemia.

Eso implicaba que podían saber si se habían infectado o si están vacunados, pero también si habían estado en contacto con personas contagiadas, y tratar todos esos datos e incluso cederlos para que otras personas habilitadas lo hicieran por ellos.

El Consejo Constitucional hizo notar que todo eso podía llevarse a cabo sin haber recogido el consentimiento expreso de los alumnos o de sus representantes en el caso de tratarse de menores.

Asimismo criticó el hecho de que el controvertido artículo permitía en la práctica que los datos médicos acabaran en manos de un gran número de personas, y eso sin «ninguna garantía sobre la protección del secreto médico».

Los magistrados del Constitucional sí que dieron su visto bueno a la principal disposición de la ley, y que pretendían anular parlamentarios de oposición que habían presentado un recurso ante esa instancia.

Se trata de la que autoriza la prolongación hasta finales de julio, si el Gobierno lo considera necesario, del uso del certificado covid, que en Francia es imperativo para muchos actos de la vida corriente como ir a un bar o a un restaurante.

Los autores del recurso consideraban que con esa prórroga se dan al Ejecutivo unas prerrogativas exageradas, sobre todo teniendo en cuenta la perspectiva de las elecciones presidenciales y legislativas que se celebrarán la próxima primavera.

Cabe señalar que el Senado, donde tiene mayoría el grupo conservador de Los Republicanos y el partido de Macron es minoritario, había querido limitar el uso del certificado covid -que prueba haber completado la pauta de vacunación, haber superado la enfermedad hace menos de seis meses o tener un test negativo de menos de 72 horas- hasta el 28 de febrero.

 

Vea texto íntegro del dictamen

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