La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), publicó un informe sobre la situación de personas privadas de libertad en Ecuador. En él, da a conocer sus hallazgos y conclusiones obtenidas de la visita de observación que realizó en diciembre de 2021, constatando in situ la grave crisis penitenciaria que atraviesa el país.
El Informe da cuenta de los grandes desafíos que tiene el Estado frente a la grave crisis penitenciaria estructural y del inminente riesgo a la vida e integridad física y psicológica que enfrenta la población penitenciaria. En particular, la CIDH observa que en la crisis prevalecen los altos índices de violencia y corrupción que responden al abandono estatal del sistema y la ausencia de políticas de reinserción y prevención de los delitos.
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Refiere que solo en 2021, un total de 316 personas privadas de libertad perdieron la vida bajo la custodia del Estado, en su mayoría, jóvenes que se encontraban en prisión preventiva acusados de delitos menores, a ello se suman cientos de heridos producto de una serie de ataques ejecutados por los mismos internos por riñas entre distintas bandas y motines. Esta alarmante cifra, representa un incremento del 587% respecto al año 2020, cuando se registraron solo 46 muertes.
La Comisión señala como principal causa de la violencia interpenitenciaria la ausencia de control efectivo por parte del Estado en los centros donde ocurrieron los hechos de violencia más graves, lo que habría derivado en que, en la práctica, el control intracarcelario esté a cargo de las propias personas detenidas. Asimismo, el Informe revela la existencia de una política que privilegia el encarcelamiento como medida para resolver los problemas de seguridad ciudadana, esto inevitablemente produce un incremento exponencial de la población penitenciaria producto del uso excesivo de la prisión preventiva.
En el mismo sentido, la CIDH considera que los obstáculos presupuestarios, legales y administrativos para conceder beneficios e indultos reducen la posibilidad de disminuir el alto número de personas privadas de libertad, ocasionando que el sistema pierda toda posibilidad de garantizar de manera efectiva la reinserción social de los reclusos. La falta de recursos económicos también produce condiciones paupérrimas, donde se observan altos índices de hacinamiento, falta de segregación entre personas condenadas y procesadas, infraestructura deficiente, atención médica precaria, falta de personal técnico adecuado, alimentación que no cumple con los requerimientos nutricionales de una persona adulta, peligro inminente de violencia contra mujeres, entre otras.
La Comisión recomendó al Estado una serie de medidas penitenciarias basadas en estándares internacionales. Entre ellas, la implementación de una política criminal y penitenciaria integral y transversal con enfoque de género, acciones eficaces para prevenir y controlar todo tipo de violencia; propiciar la reducción de la población penitenciaría, haciendo énfasis en el uso de la prisión preventiva como medida excepcional y no como solución a los elevados índices de delitos, garantizar la reinserción social efectiva de las personas que han cumplido con sus penas y, fortalecer a nivel institucional el régimen penitenciario, de tal forma que pueda cumplir con las condiciones mínimas que aseguren la dignidad de la población penal.