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A segundo trámite.

Transformación digital del Estado: avanza norma que implementará de forma adecuada las bases de preparación.

El Senado respaldó el mensaje que permitirá aplazar la entrada en vigencia de la ley 21.180, hasta el 31 de diciembre de 2027, para una adecuada implementación de la ordenanza que avanza hacia “un Estado más ágil, transparente y amable con las personas”.

19 de mayo de 2022

Por unanimidad, el Senado despachó a la Cámara de Diputadas y Diputados, el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales, en materia de Transformación Digital del Estado; esto es, para aplazar la entrada en vigencia de la ley 21.180 hasta el 31 de diciembre de 2027, con la idea de permitir una mayor gradualidad en la implementación.

El texto fue analizado por las Comisiones de Gobierno, Descentralización y Regionalización, y la de Hacienda.

Cabe hacer presente que la ley 21.180 de Transformación Digital del Estado supone un cambio fundamental para la administración pública, ya que modifica la relación entre el Estado y la ciudadanía. Lo anterior implica un compromiso de la Administración para facilitar la interacción con las personas, disponiendo modalidades digitales de atención y gestión de los procedimientos administrativos. El objetivo de dicha ley es el desarrollo de un Estado más ágil, transparente y amable con las personas.

En este contexto, la ordenanza involucra a más de 900 organismos, incluyendo a los municipios, por lo que en su tramitación en la Comisión de Gobierno, y atendiendo la solicitud de los integrantes, el Ejecutivo ingresó la indicación que precisa, “a fin de facilitar la implementación de la presente ley en sector municipal, el gobierno central, a través de la División de Gobierno Digital, disponibilizará activos y servicios digitales, así como el apoyo técnico necesario».

MAYOR GRADUALIDAD

La senadora Luz Ebensperger, presidenta de la Comisión de Gobierno entregó detalles de la tramitación e indicó que se hizo presente que se solicitó una asesoría técnica al BID que concluyó que buena parte de la administración pública chilena no cuenta con las condiciones habilitantes institucionales, organizativas, de procesos y soluciones tecnológicas para iniciar la implementación legal.

En este contexto, prosiguió “propone una adecuación de los plazos finales contemplados en la ley, que permita una mayor gradualidad en la implementación y un orden distinto de las fases establecidas al efecto y reafirma el compromiso estratégico por fortalecer la función pública, dotando a la administración de las mejores herramientas digitales y modelos de trabajo con el fin de entregar mejores servicios a la ciudadanía y mejorar la capacidad proactiva de responder a los problemas, de modo armónico, consistente, apoyando especialmente a las instituciones públicas con mayores dificultades para avanzar en esta línea”.

A su turno, el senador Juan Antonio Coloma, presidente de la Comisión de Hacienda, indicó que “no se cumplen los plazos diseñados en la ley, básicamente por efectos de la pandemia”, pese a ello destacó que “hay que entender que un efecto de la pandemia fue la cultura digital para Chile. La Comisaría Virtual entregó 380 millones de permisos digitales, lo que revela una lógica cultural muy relevante para dar sentido a la digitalización del Estado”.

Además, sobre efectos económicos, “el informe financiero no supone gasto, pero revisado el informe del proyecto original suponía un ahorro y al consultar por esto se indicó que el ahorro producido en la práctica había sido mayor”.

 

Vea mensaje, discusión y análisis Boletín N°14969-06

 

 

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