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Caso Fraude en el Ejército.

Ministra Romy Rutherford Parentti notifica de procesamiento por malversación de caudales públicos a 5 generales en retiro.

La magistrada sometió a proceso a Guillermo Hernán Porcile Arellano, Alberto  Eduardo González Martin, John Eduard Griffith Spielman, Sergio Patricio Ahumada Labbé y José Manuel Llanca Zuazagotía de la resolución que los encausa como autores del delito antes mencionado, por distintos montos y periodos de tiempo.

22 de septiembre de 2022

La ministra en visita de la Corte Marcial Romy Rutherford Parentti notificó hoy a 5 generales en retiro procesados por el delito de malversación de caudales públicos en el  Caso Fraude en el Ejército, ilícitos cometidos en diciembre de 2007 y marzo de 2018.

La magistrada sometió ayer a proceso a Guillermo Hernán Porcile Arellano, Alberto  Eduardo González Martin, John Eduard Griffith Spielman, Sergio Patricio Ahumada Labbé y José Manuel Llanca Zuazagotía de la resolución que los encausa como autores del delito antes mencionado, por distintos montos y periodos de tiempo.

En el caso de Porcile Arellano el procesamiento es por un monto total de $ 151.698.748  por ilícitos cometidos entre diciembre de 2007 y enero de 2011;  respecto de González Martin el procesamiento es por un monto de $ 91.978.555 por delitos entre enero de 2011 y enero de 2013; en cuanto a Griffiths Spielman la decisión implica un monto de $ 84.483.760 por el lapso entre enero de 2014 y diciembre de 2014; en el caso de Ahumada Labbé el monto defraudado es $ 81.571.378 entre diciembre de 2014 y diciembre de 2016; finalmente el procesamiento de Llanca Zuazagoitía  fue por $ 45. 581.076 entre enero de 2017 y marzo de 2018.

Los montos del perjuicio fiscal se encuentran actualizados a la fecha.

La ministra Rutherford decretó además el embargo de bienes de los procesados  por $ 170.000.000 respecto de Guillermo Porcile; $ 100.000.000 respecto de Alberto González; $ 93.000.000 respecto de John Griffth; $ 88.000.000 respecto de Sergio Ahumada y $ 50.000.000 respecto de José Manuel Llanca.

Finalmente se decretó el arraigo nacional de pleno derecho de los 5 procesados.

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  1. Es raro que la magistrada no informe un mínimo de razones que tuvo para dictar tan grave sometimiento a proceso y embargo de bienes; fueron citados previamente los afectados? se les tomó declaración en forma previa? no sea cosa que esta actuación de la Ministra resulte ser un abuso de funciones, volador de luces o caza de fantasmas.- Debería darse un mínimo de información al momento de ventilar nombres de personas ilustres, evitándose que de ella resulten especulaciones indebidas una funa legal.