Los expertos trabajan a contrarreloj para llegar a acuerdos y presentar indicaciones que adicionen, modifiquen o supriman aquellas ya aprobadas en general. Muchas de ellas ya son casi un hecho, y han sido analizadas y discutidas por los expertos durante la semana en los medios. Pero solo tendremos completa claridad cuando el próximo lunes, a medianoche, venza el plazo para su presentación.

Por otro lado, la carrera al Consejo Constitucional parece no despegar. Así lo demuestran los últimos datos y encuestas. Sin embargo, los debates continúan, y ya hay quienes han mostrado mayor optimismo con el inicio de la franja electoral.

Todo esto y más en la nueva edición del Boletín Constitucional.

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El pasado fin de semana, uno que otro artículo en los medios adelantaba los próximos pasos de la Comisión Experta. Tras haber sido aprobados en general los capítulos del anteproyecto, ahora el foco estaría puesto sobre las indicaciones que se tienen que presentar.

Tras la comunicación oficial de los resultados del secretario de la corporación, Luís Rojas, comenzó a regir el plazo de cinco días para presentar las enmiendas y que vencerá el próximo lunes a la medianoche. Y si bien durante su primera etapa en la Comisión reinó el secretismo, ahora las diferencias se han hecho más evidentes y públicas.

No es secreto que en la oposición están conformes con los avances que ha tenido el anteproyecto. Pero el panorama es muy diferente dentro de las líneas del oficialismo. Ya preparan una serie de enmiendas en diferentes materias que no solo han generado debate dentro de la Comisión Experta, sino que también en los medios.  

Salud

Una de ellas surgió luego de la primera sesión pública de la subcomisión de Derechos Sociales, celebrada el pasado martes. Hasta entonces, los comisionados habían preferido mantener sus diferencias dentro de las cuatro paredes. Pero la instancia marcó un quiebre definitivo.

El artículo de la discordia es el primero del capítulo II, específicamente el numeral 16, letra d, que estipula que “La ley podrá establecer cotizaciones obligatorias. Cada persona puede elegir el régimen de salud al cual adscribirse sea este estatal o privado.” 

Para el oficialismo, la norma constitucionaliza a las Isapres. Y así lo hizo saber sin rodeos el comisionado Quezada (PS) en su intervención. Expresó en la instancia que es “peligrosa” su similitud con la norma que rige la vigente constitución, y anunció que no está de acuerdo con su incorporación por el riesgo de “declarar inconstitucional políticas socialdemócratas”.

A la oposición no le hizo nada de gracia. Los comisionados buscan garantizar un sistema mixto y la libertad de elección de los cotizantes. Además, explicaron que, tras la aprobación en general de los capítulos, se busca mejorar las normas ya ingresadas y no suprimirlas. Incluso argumentaron que un similar artículo fue incluido en la propuesta constitucional de la expresidenta Michelle Bachelet. 

La cotización y la entrega de servicios privada o estatal ha sido un tema en donde los expertos de los medios se han mantenido cautos y ambiguos. Ya la semana pasada se publicó una carta en varios medios pidiendo que la constitución consagre el derecho a la salud, pero no especifique el tipo de sistema. Sus firmantes eran ex académicos y autoridades de diferentes sensibilidades. 

Esta vez no fue diferente. Misma postura tomó la ex subsecretaria Paula Daza y el exministro de Salud Enrique París a través de una carta al director en El Mercurio. Explicaron que son muchas las formas de entregar los servicios con o sin la participación del mundo privado, pero que eso es una discusión que debe darse a nivel legislativo y no constitucional. 

Otra de las enmiendas que ha rondado por los pasillos del excongreso relacionada a la salud ha sido la incorporación del derecho al cuidado. Como explicó la socióloga e investigadora Mariela Infante, incorporar este derecho permitiría que cualquier ciudadano dependa directamente de algún sistema nacional que sea implementado por el Estado en caso de discapacidad. El oficialismo ha estado en tratativas para conseguir el apoyo de la oposición al respecto. 

Los nudos de la “sala de máquinas”

Otra subcomisión que sesionó aquel martes fue la de sistema político. La “sala de máquinas”, como se la ha nombrado por ser el corazón del funcionamiento de los poderes del Estado, recibió a diversos expertos para discutir el sistema electoral. El primero en presentar fue el constitucionalista Patricio Zapata (DC), quien propuso que la paridad fuera un principio y no una regla por su difícil implementación práctica, sugirió una posible disminución al umbral del 5% para acceder a escaños, mantener las listas abiertas y crear distritos plurinominales. 

La idea de estas nuevas circunscripciones habían sido ya compartidas por el también demócrata cristiano Jorge Correa Sutil. El ex subsecretario del gobierno de Ricardo Lagos, valoró en una entrevista con El Mercurio el fin de semana pasado la inclusión de normas que regulen la fragmentación política, pero expresó preocupación por elementos que aún faltaban revisar: el rol del Tricel en las expulsiones de parlamentarios (que perderían su cargo) y la derogación por iniciativa popular de leyes. 

El segundo expositor de la sesión del martes fue Sergio Toro, doctor en Ciencia Política. El académico concordó con Zapata en el difícil funcionamiento del umbral del 5%, ya que muchos partidos políticos quedarían afuera y podría “promover el clientelismo”.

Esta ha sido una de las normas más debatidas por los expertos durante la última semana en los medios. 

El grueso de las críticas no ha sido contra el umbral en sí, sino contra el guarismo. Raúl Figueroa y Gonzalo Valdés del Instituto UNAB de Políticas Públicas, por ejemplo, consideran que la norma se puede mejorar mediante la reducción a menos del 5% del umbral y concluir con el mecanismo de pactos y subpactos para las elecciones. 

Pero no todo han sido críticas. Algunas voces han defendido las virtudes de esta propuesta. El exministro y militante del PPD, Francisco Vidal, sostuvo que la reducción de partidos con acceso a escaños en el parlamento ayudaría con la fragmentación política. Sin embargo, mencionó que esta medida no es suficiente, debido a que es necesario disciplinar también los gobiernos regionales y locales.

El umbral del 5% promoverá, así, las alianzas entre los partidos políticos y, con ello, la expedita tramitación de proyectos legislativos. Como sostuvo Emilio Oñate, académico de la facultad de Derecho UCEN, incentiva “una mayor convergencia ideológica y una mejor cohesión entre las fuerzas políticas”.

Incluso en su editorial del día martes, El Mercurio defendió la inclusión de esta propuesta para reducir la fragmentación política. Sin embargo, el decano de la prensa chilena presentó objeciones a la iniciativa de norma que propone la cesación de sus cargos a aquellos parlamentarios que hayan renunciado a su partido político, ya que “pueden terminar afectando la percepción de legitimidad del sistema”.   

Un artículo del mismo medio, publicado el pasado domingo, explicó que, de haber estado en funcionamiento, 12 diputados y 3 senadores no estarían hoy en el congreso. Esta es una tendencia que ha ido al alza con el paso de los años. 

Esta ha sido también una iniciativa de norma que ha recibido críticas. La aplicación de la cesación podría traer problemas de legitimidad. Andrés Dockendorff explicó que, en base a nuestra idiosincrasia política basada en listas abiertas, el elector vota no por el partido o pacto, sino por la persona. 

Sin embargo, no todos han estado de acuerdo con mantener las listas abiertas. Por ejemplo, en una columna de opinión, Arturo Fontaine y Kenneth Bunker proponen cuatro puntos para evitar la fragmentación política, una de ellas la incorporación de listas cerradas. En estas uno vota por el pacto y no por el candidato. 

Este ha sido uno de los grandes debates dentro de la subcomisión de sistema político. Los expertos ya llegaron al acuerdo de mantener el sistema proporcional. Sin embargo, desde el oficialismo argumentan que las listas cerradas es una medida que refuerza las normas que empoderan a los partidos políticos, como el umbral del 5% o la cesación de los parlamentarios que renuncien a sus partidos. La oposición, en cambio, sostiene que una medida así va en contra de la historia y cultura electoral chilena.

Todos estos puntos fueron atendidos durante la sesión de la subcomisión de sistema político del martes. Y los últimos expositores, el expresidente del Banco Estado Guillermo Larraín y Klaus Schmidt-Hebbel, propusieron dejar plasmado en la constitución el sistema electoral.

Esta idea fue compartida por Jorge Correa e Ignacio Walker, quienes aseguraron que la importancia de que quede consagrado el sistema electoral constitucionalmente, y que no sea el mismo parlamento el encargado de su legislación, radica en la incumbencia de los parlamentarios y sus posibles conflictos de interés.

Estado Social y Democrático de Derecho

Otra discusión ha sido el posicionamiento del artículo sobre Estado Social y Democrático de Derecho. Ya lo adelantó el comisionado Lovera (RD) en la votación en general del primer capítulo del anteproyecto. Sostuvo que impulsaría una enmienda para que quedara consagrado en el primer artículo y no en el tercero como está estipulado actualmente.

El grueso del debate de la Comisión se ha centrado en otras temáticas. Pero en los medios, la discusión sobre los alcances y la concepción del Estado Social y Democrático de Derecho sigue siendo intensa.

El fin de semana pasado, Claudio Alvarado, del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES), y Daniel Mansuy, de la Universidad de los Andes, concordaron con el comisionado en que el orden de los factores sí altera el producto, al menos cuando no hablamos de matemáticas: “no es lo mismo iniciar la constitución hablando del aparato público que abordarlo inmediatamente después de haber reconocido a la persona y a la sociedad civil”.

La polémica, sin embargo, no estuvo en aquella afirmación. Lo que encendió el debate dentro de las páginas de El Mercurio a lo largo de la semana fue la negación de los académicos de Chile como Estado. El hombre y la sociedad existen y están antes de la aparición del aparato público, que es la forma que tienen de organizarse. Básicamente, el Estado no es la sociedad y, por tanto, el artículo que incluye al aparato estatal sólo debe estar después de consagrar la dignidad humana y la autonomía de las asociaciones.

Esta noción tuvo varias aprehensiones. El primero en contraargumentar fue Eugenio Rivera, quien sostuvo que el Estado sí debería estar consagrado en el primer artículo, pues “señala el compromiso fundamental con la justicia social, con la democracia, el pluralismo y la libertad como núcleo de la vida política”. Lo anterior se explica en la confusión del Estado con el aparato estatal. 

Postura similar tuvieron Jorge Contesse y Pablo Contreras, quienes concordaron con sus detractores en que el Estado en ningún caso precede a la nación o a la persona, y que tampoco es un sinónimo de la sociedad o que será más importante que la persona en su nueva concepción social. Y es por esa precisa razón que, argumentaron, en esta nueva etapa de Chile el Estado debe estar consagrado en el primer artículo para resguardar “una mejor protección social, más amplia y más eficaz”.

Pero el debate no se detuvo ahí. El miércoles, Alvarado y Mansuy defendieron su postura. Sostuvieron que los argumentos esgrimidos en su contra les daban la razón, pues si el Estado está al servicio de las comunidades, como aseguró la contraparte, sería recomendable y efectivo aludir que el aparato se introduce luego de consideraciones previas, tal como hizo la Comisión Experta.

Como forma de poner punto final a la discusión, Contesse y Contreras sostuvieron el jueves que las reflexiones de “Chile no es un Estado” tienen lugar fuera del Derecho Constitucional. El asunto, entonces, ya estaba zanjado a sus ojos: Chile sí es un Estado, y democrático y social además. Y refutaron el argumento esgrimido por Alvarado y Mansuy sobre la constitución francesa, la cual recién nombra al Estado en el artículo quinto. Esto es así según Contesse y Contreras, pero ya en el primero se habla interpretativamente de él: “Francia es una República indivisible, laica, democrática y social”, tal como el Estado Social y Democrático de Derecho.

Este viernes se vivió el último round. Alvarado y Mansuy volvieron a discrepar. Argumentaron que las nociones de Estado y República son diferentes. Esta última es una concepción anterior y que surgió como una respuesta a las disputas entre monarquistas y republicanos: una realidad completamente diferente a la chilena.

La concepción del Estado ha sido también analizada a un nivel más teórico esta semana por Hugo Herrera. El Estado no existe sin el individuo y el individuo no es libre del Estado: está incorporado en la comunidad y el modo de ser. Sin embargo, advirtió que existe en la oposición una suerte de desprestigio a su rol en la creación de un ambiente social, reduciéndolo a su aspecto instrumental y señalando su maquinalidad. Herrera explica que la maquinalidad del Estado no es una remisión recíproca: a mayor viveza del individuo mayor viveza del Estado.

Quién criticó también a la oposición fue Javier Sajuria, pero ya no tanto desde la concepción del Estado, sino más bien desde su implementación. A su juicio, existe una incompatibilidad entre el principio de subsidiariedad junto al Estado Social y Democrático, la otra gran discusión sobre el tapete. Se “ignoran décadas de disputa política y constitucional sobre los límites de la provisión estatal en temas como las jubilaciones, la salud o la educación”, que ha conllevado “problemas en el debate sobre la provisión de servicios claves, como la salud” durante la pandemia y la crisis de las Isapres.

Las opiniones han estado divididas. Hay quienes sostienen, como el profesor de derecho administrativo Raúl Letelier, que no se descarta la participación de privados en las prestaciones sociales. “Lo que sucede es que la pregunta sobre quién específicamente realiza la prestación pública es ahora una cuestión secundaria y no la principal”.

Incluso el comisionado Arancibia entró al debate. El experto con cupo RN declaró que para él “la subsidiariedad es una modalidad del Estado Social” y que ha quedado consagrada en el anteproyecto. “Ha primado una visión que considera que el Estado no puede ser el único prestador. Y también que los particulares no son los únicos que tienen que estar a cargo de la protección de los derechos sociales. Chile, históricamente, ha sido un país de provisión mixta. Ese equilibrio ha primado”. 

Paridad y pueblos originarios

En aquella misma entrevista con el diario El Mercurio, el comisionado Arancibia reconoció que existían algunas carencias que debían ser atendidas, como el medioambiente o la representación de los pueblos originarios. “Es necesario hacer un reconocimiento a la multiplicidad de culturas que pueden convivir al interior de una nación, pero ese reconocimiento no puede pasar a llevar un elemento esencial: que estas distintas culturas conviven en una sola nación”, dijo.

La representación fidedigna de los pueblos originarios es una de las enmiendas que ya es casi un hecho que el oficialismo impulsará, aunque aún no hay claridad respecto a su acuerdo con la oposición. Una de las principales comisionadas interesadas en consagrar los derechos de los Pueblos Indígenas en el anteproyecto de nueva Constitución es Antonia Rivas (CS).

La experta realizó un doctorado en Antropología Sociocultural en la Universidad de California en Berkeley con una tesis relacionada a la cultura Rapa Nui. Desde entonces, la militante inactiva de Convergencia Social trabajó como asesora en la OIT, ONU e incluso como investigadora de la Defensoría de la Niñez. Su trabajo la llevó a ser la asesora de Tiare Aguilera, ex convencional representante de Rapa Nui. 

También desde la sociedad civil se intenta impulsar enmiendas al respecto. El Comité de expertos en Derechos Indígenas, constituido por profesionales, dirigentes y académicos indígenas mapuche y aymaras, se reunió el pasado miércoles con la Comisión para presentar cuatro propuestas enmiendas al anteproyecto. 

La primera es la sustitución del artículo 8 del capítulo I en cuanto al reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. La segunda es la incorporación de un artículo en el capítulo II que tenga como base el Convenio 169 y los tratados internacionales suscritos por Chile. La tercera indicación es impulsar la participación política de pueblos originarios. Y la última es agregar dos artículos en el capítulo IV para la participación indigena en el Congreso Nacional.

Por otro lado, uno de los temas que ha estado en constante debate desde la convención constitucional pasada es la paridad de género. Chile fue el primer país del mundo en constituir un órgano constituyente compuesto paritariamente. Y, en este sentido, la paridad no ha quedado fuera de la discusión mediática en el trabajo de la Comisión Experta.

Actualmente, tanto los integrantes del Comité Técnico de Admisibilidad como del órgano redactor de la Carta Magna fueron elegidos a través de la regla de paridad. Sin embargo, Camila Maturana Kesten criticó la elusión de la paridad como un “mero mandato legal” en torno a favorecer el acceso igualitario en mandatos electorales y cargos electivos como quedó consagrado en el anteproyecto.

Mismas críticas tuvo Javiera Arce Riffo de la Red de Politólogas, quien lamentó la insuficiencia del tema en la propuesta constitucional. Lo anterior lo ejemplifica con el caso francés, que se argumenta que la norma es similar a la propuesta por la Comisión, pero que en la práctica “posee una presencia de solo un 37% de mujeres en el Congreso, muy por debajo del 50% que implicaría la normativa de paridad”.

La paridad es, a ojos de la Directora Ejecutiva de Abofem, Danitza Pérez Cáceres, un derecho democrático. Cuestionó que la Comisión de Expertos no aborde este tema tan importante con mayor profundidad. De esta forma, da como antecedente el informe del PNUD en 2022, el cual arrojó que la presencia de mujeres mejoró la representación femenina e hizo que se incluyeran otras perspectivas, debates y preferencias.

Pero no todos han estado de acuerdo con la inclusión de normas sobre paridad y escaños reservados. Gerardo Infante, objetó estas medidas: “en vez de obligarnos a tener un Congreso en el que nuestro voto no vale lo mismo, ya que algunos serán elegidos con privilegios, deberían ser los políticos quienes se obligaran a tener candidatos, con paridad de género, de pueblos originarios y de las minorías que ellos estimen convenientes. Pero seguramente es mucho problema y demasiado trabajo para ponerse de acuerdo”.

El presidente de la subcomisión de Principios de la Comisión Experta, Máximo Pávez (UDI), se mostró cauto con las medidas. Explicó que, sobre el debate de incluir la paridad en las enmiendas, puede existir una igualdad sustantiva, más no una rígida. Para defender su punto lo ejemplificó con la Convención pasada, que por la norma de paridad quedaron mujeres electas fuera. 

Estas dos problemáticas se extienden dentro de los obstáculos para la representatividad, donde ya algunos expertos han denunciado su importancia. Claudia Sarmiento reconoció grandes avances en la Comisión Experta, pero sostuvo que este problema no está resuelto y puede conllevar una invisibilización de necesidades y anhelos de las personas.

Otras discusiones

Algo que no ha sido muy discutido dentro de la comisión, pero sí en los medios, ha sido el rol de la educación en la nueva constitución. José Julio León, Vicerrector de Desarrollo de Santo Tomás, argumentó que la propuesta constitucional debería contener a la educación como un “derecho social” que vaya en línea con el Estado Social. La propuesta, debería prohibir las discriminaciones arbitrarias, incluir la perspectiva de género y sumar un marco normativo que aporte a la inclusión y la equidad.

Pero no todos presentan reparos al respecto. El abogado e investigador legislativo, Borja Besa Bandeira, destacó la labor que se ha hecho de momento con el derecho a la educación. Si bien advierte que el texto es mejorable, considera “que se aprendió de los enormes errores del proceso anterior”, y que se estaría asegurando tanto este derecho como la libertad de enseñanza, dando la posibilidad de que los padres puedan elegir la educación de sus hijos como la autonomía de las instituciones de educación superior.

Otra de las preocupaciones respecto al tema es el financiamiento. Juan Eduardo Vargas, Vicerrector académico del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Finis Terrae, se opuso a la norma que establece la gratuidad progresiva para la educación superior técnica y universitaria, consagrado en el párrafo sexto, del numeral 17 del primer artículo del segundo capítulo. La norma detalla cómo satisfacer este derecho, mientras que el autor considera que la Constitución debe limitarse a enunciar las normas y dejar la forma de financiamiento para la regulación legislativa. 

Otra arista ha sido la denominada Corte Constitucional, que viene a reemplazar al Tribunal Constitucional. Algunas de las observaciones de Ariel Pérez son en cuanto al control preventivo, una función que aún está en discusión dentro de la Comisión de Expertos. El autor sostiene que falta definir qué ocurre si el Congreso Nacional decide subsanar algunos vicios. Y además, falta especificar los vicios de procedimiento. 

El control preventivo ha sido polémico en su aplicabilidad a lo largo de la historia. Y para el académico de la UDP Javier Couso su restricción es destacable, pues “ha contribuido al desprestigio del Tribunal Constitucional y seguramente generaría el mismo resultado en el órgano que lo reemplazará”.

También se ha resaltado la extensión de la propuesta de anteproyecto. Por ejemplo, el académico de la UDP, Aldo Madariaga, sostuvo que es paradójico que una de las razones que haya llevado a rechazar la propuesta anterior de constitución sea hoy fruto de orgullo de un sector político (la oposición): la longitud del texto. 

Tal vez las razones no están en lo largo que es o no el texto. Gonzalo García, codirector de Núcleo Constitucional UAH, sostuvo que el anteproyecto tiene una similitud sistemática al modelo vigente actual: a su juicio contiene las mismas omisiones en derechos sociales, medioambiente y garantías de derechos, así como en estados de excepción. Omisiones que deben complementarse a su juicio.

Ciencia y medioambiente también ha sido cuestionado por algunos expertos. En el caso del primero, Sergio Lavandero, profesor titular de la Universidad de Chile y Premio Nacional de Ciencias Naturales 2022, propuso que sea abordada en esta propuesta de nueva Carta Magna, argumentando que se requieren políticas de Estado para su desarrollo. 

Similar postura tomó Ximena Insunza, quien criticó los insuficientes avances de la Comisión en torno al medioambiente. Según la profesora de la Universidad de Chile, la comisión no ha comprendido “la necesidad que tenemos de gestionar las actividades humanas para proteger el entorno”, así como que los expertos han desconocido la historia de la aplicación de los derechos ambientales.

También hay expertos que han propuesto nuevas iniciativas, como la labor del Servel en regular las elecciones internas de los partidos (y así evitar las demoras y acusaciones de fraude) o la necesidad de establecer la Antártica como tema estratégico. Y también quienes han celebrado la incorporación de algunas normas como el veto presidencial y que ha pasado desapercibida.

Consejo Constitucional

Pasando al otro gran frente, esta fue la primera semana de la franja del proceso electoral. Sin embargo, ha estado marcada por las críticas y bajos rating. La última encuesta Criteria demostró una gran desafección de la ciudadanía. Si en el inicio del proceso anterior el 60% de las personas estaba interesada, hoy es apenas del 31%.

Lo anterior explica los bajos ratings televisivos. Según cifras del CNTV, la franja electoral del proceso constitucional promedió 28 puntos en sus primeros tres días, mucho menos que las campañas de elecciones anteriores.

Una de las críticas ha sido el contenido de los spots. La editorial de El Mercurio del jueves pasado, acusó una “falta de un claro mensaje común por parte del oficialismo”. No obstante, resaltó los mensajes sobre seguridad de la oposición.

Para los académicos de la Universidad de Chile esto no es así. Claudio Salinas, de la Facultad de Comunicación e Imagen y especialista en comunicación política, aseguró que tanto “en la campaña de Chile Seguro y de Unidad para Chile hay escasa creatividad. Se mantiene un tono declarativo, mucho texto cargado de eslogan, no hay argumentos”. 

Postura similar tuvo Miguel Ángel Lopez, director de postgrado del Instituto de Estudios Internacionales, quien explicó que “los partidos de derecha han apelado mucho a emociones con la canción nacional”, mientras que Unidad para Chile y Pacto por Chile han mostrado a sus candidatos.

Pero las críticas no han sido solo hacia la franja, sino que también hacia el proceso en general. Álvaro Castañón, Director de Incidencias de Fundación Multitudes, comentó que ha existido poca cobertura a, por ejemplo, las labores de la Comisión Experta. En consecuencia, existe poco conocimiento de lo alcanzado y lo que falta alcanzar. Pero no todo está perdido. Para Castañón, la Secretaría de Participación Ciudadana puede ser el órgano determinante que comience a elevar las discusiones. 

De hecho, la entidad formada por la Universidad de Chile y la Universidad Católica entregó el lunes un documento a la Comisión Experta que sistematiza los seis años de procesos participativos constitucionales: desde la reforma de la ex presidenta Bachelet hasta la pasada convención. La ceremonia de entrega se realizó en el Museo de Arte Contemporáneo. En la instancia, la presidenta de la Comisión Experta, Verónica Undurraga (PPD), reconoció que existe un “cansancio” en la ciudadanía. 

Sin embargo, no todos han sido tan pesimistas. El presidente del Servel, Andrés Tagle, expresó que si bien «los ánimos no están tan caldeados como estuvieron para el plebiscito anterior», espera que con la franja el proceso tome mayor visibilidad. Además, en su intervención en el pleno el día jueves, le pidió a la Comisión evaluar los derechos políticos a extranjeros. 

La entidad que regula las elecciones en nuestro país sorteó el pasado sábado los vocales de mesa y miembros del Colegio de Escrutadores para las elecciones de Consejeros Constitucionales, aunque aún no se publican.

Por otro lado, los candidatos han continuado con sus campañas políticas muy centradas en la seguridad. Los pretendientes a consejeros han mostrado diversas posturas en torno a la problemática. 

Una de ellas ha sido la incorporación de un capítulo específico sobre FFAA en la constitución. Si bien esta idea propugnada por la oposición fue descartada en la Comisión Experta, han habido candidatos que proponen enmendarla. 

Otra de las discusiones ha sido el rol de la seguridad pública. En el programa Tu Decides de Canal 13, el exdiputado y entonces líder de la reforma educacional de Michelle Bachelet, Andrés Palma, sostuvo que los miembros de las policías deben ser las únicas personas que tengan el permiso de portar armas en la vía pública. Por otro lado, la exsuperintendente de educación de Piñera, Patricia Sanzana, expresó que «el Estado ha fallado en su misión de dar seguridad a la ciudadanía». 

Desde el punto de vista electoral, el excandidato presidencial, José Antonio Kast, proyectó que su partido puede tener buenos resultados en las elecciones ya que la seguridad un tema ampliamente abordado por la oposición. Además, el líder del partido republicano responsabilizó al gobierno por la falta de ambiente electoral existente.

Otro personaje del mundo político que reapareció en el marco de la carrera al consejo es Franco Parisi. El líder del PDG alista su regreso a Chile para realizar una serie de mitines por el norte para impulsar a los candidatos de su partido. Incluso se especula con un posible encuentro con el alcalde Rodolfo Carter para que entregue su apoyo.

Al otro lado de la vereda, el candidato al consejo por el PPD en la Región de Valparaíso, Marco Antonio Núñez, aclaró que existen muchas diferencias entre su pacto y Unidad para Chile: “la visión de los 30 años, los indultos, los acuerdos de libre comercio, el énfasis en el combate al delito, la responsabilidad en asumir cargos de gobierno y políticas de Estado. […] Queremos diferenciarnos radicalmente”. 

Afirmó que será una “proeza” conseguir candidatos electos en aquella región en vista de los resultados recientes, pero que “Valparaíso, la capital regional, es un símbolo del desprecio de una de las izquierdas respecto de la seguridad ciudadana. Eso está más cercano a la lista de AD que a la que yo encabezo”.

Lo que viene

El voto obligatorio, la desafección con el proceso y la agenda de seguridad han hecho de este proceso una elección impredecible. Sin embargo, la consultora Imaginacción de Enrique Correa ya ha dado sus pronósticos: un fortalecimiento del Partido de la Gente y del Partido Repúblicano.

El alza de popularidad (y votos) de estas nuevas colectividades perjudicarían a los  partidos tradicionales de derecha. Y, por otro lado, la cercanía de Unidad para Chile con un gobierno con problemas de popularidad debilitaría su rendimiento electoral. Todo por Chile tampoco tendría buenos resultados, pero sí podría conseguir transformarse en el actor “bisagra”.

A similares conclusiones ha llegado Ignacio Imas, Gerente de Asuntos Públicos de Imaginacción. Explicó que la oposición de derechas saldría fortalecida de esta elección. Y que el pacto que une a radicales, democratacristianos y la ex concertación tiene grandes posibilidades de ser los futuros mediadores del órgano. Pero eso aún está por verse. 

Mientras, el exministro y ex convencional por Renovación Nacional Cristián Monckeberg elaboró y distribuyó una minuta de consideraciones para los candidatos del sector. Expresó que debe ser una constitución “responsable” y no caer en los errores del pasado proceso de cara a las elecciones que se vienen.

De hecho, el Servel publicará este sábado la lista de vocales de mesa. El lunes comenzará el plazo de tres días para excusarse, dejando constancia en una unidad de Carabineros de Chile. Y el sábado 22 de abril se publicarán las nóminas definitivas.

Por otro lado, el Comité Técnico de Admisibilidad eligió a su comité de conducta, integrados por Estefania Esparza (Radical), Héctor Mery (UDI) y Juan Carlos Ferrada (PS), los que se sumarán a las comisionadas, Bettina Horst (UDI) y Magaly Fuenzalida (FRVS) y a quienes sean electos por el futuro Consejo Constitucional. 

Recordemos que el órgano técnico será el encargado de pronunciarse ante iniciativas de normas que sean objetadas por ser inconstitucionales al contrariar alguno de los 12 puntos del Acuerdo por Chile. Puede ser que más temprano que tarde sus labores comiencen a tomar notoriedad cuando se ingresen enmiendas.

Y hablando de eso, la Comisión Experta tendrá hasta este lunes a la medianoche para ingresar las indicaciones. El camino no será fácil. Para ser aprobadas, el pleno deberá alcanzar un quórum de 3/5, casi imposible para algunas de las indicaciones que impulsa el oficialismo. De hecho, en el sector son conscientes y han hablado de indicaciones testimoniales: aquellas que serán ingresadas a sabiendas de su rechazo. 

Las fuerzas dentro del organismo están, en teoría, equilibradas: los partidos de derecha cuentan con 12 expertos y la otra mitad está en manos de la oposición. Esto hace necesario tener que llegar a acuerdos. Sin embargo, ya hay algunos integrantes que pueden hacer mover la balanza.

La experta Anastasiadis, designada por la Democracia Cristiana, ha resuelto no alinearse ni con la oposición ni con el oficialismo. Pero, en la práctica, ha estado en línea con las propuestas de la derecha, como cuando votó a favor de la incorporación de un capítulo específico de FFAA.

Otras comisionadas que podrían condicionar las votaciones, pero esta vez a favor del oficialismo, son Martorell y Salem, ambas con cupo de Renovación Nacional. Ambas expertas, dicen fuentes del organismo, son quienes podrían entregar su apoyo para la aprobación de una norma que consagre la democracia paritaria.

En caso de ser rechazadas las enmiendas, los comisionados podrán pedir una nueva votación de las normas en general donde, en teoría, podrían caerse aquellas que ya fueron aprobadas en general. Este escenario es casi imposible que ocurra, pero es la última forma de negociación que podrían ocupar los comisionados. A tiempos desesperados, medidas desesperadas…