La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) toma nota de la excarcelación de 135 personas consideradas opositoras al régimen de Daniel Ortega; sin embargo, repudia la privación arbitraria de su nacionalidad nicaragüense y la confiscación de sus bienes.
El 5 de septiembre de 2024, estas 135 personas, que permanecían detenidas arbitrariamente en Nicaragua bajo condiciones deplorables y alegaciones de tortura y malos tratos, fueron excarceladas y trasladas a Guatemala. La CIDH saludó los esfuerzos de los Estados Unidos de América y Guatemala para recibirlas, así como las medidas anunciadas para garantizar asistencia médica y humanitaria.
No obstante, el 10 de septiembre de 2024, la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua ordenó la cancelación de la nacionalidad nicaragüense de estas personas, así como la confiscación de sus bienes. Lo anterior, con base en la Ley nº 1055 de «Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz», y la Ley Especial nº 1145 que regula la pérdida de la nacionalidad nicaragüense, entre otras.
La CIDH repudia que estas excarcelaciones hayan venido aparejadas de la privación arbitraria de la nacionalidad nicaragüense y confiscación de bienes de las víctimas de apatridia. Esta medida constituye una de las formas más severas de la represión empleadas ahora por el régimen, ya que acarrea profundas consecuencias para estas personas y sus familias, dejándolas en una situación de extrema vulnerabilidad. Desde 2023, por lo menos 450 personas identificadas como opositoras políticas han sido privadas arbitrariamente de la nacionalidad nicaragüense.
En su Resolución 2/23 sobre el derecho a la nacionalidad, prohibición de privación arbitraria de la nacionalidad y apatridia, la CIDH refrendó que la nacionalidad es un derecho fundamental inderogable y resaltó que su privación arbitraria, especialmente como sanción impuesta por motivos políticos, contraviene las normas del derecho internacional, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención para Reducir los Casos de Apatridia, ambas ratificadas por Nicaragua.
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La CIDH urge a Nicaragua a garantizar el derecho a la nacionalidad, a cesar la represión en el país y a liberar de todas las personas que siguen detenidas arbitrariamente, entre ellas, las y los líderes indígenas de la Costa Caribe que cuentan con medidas de protección otorgadas por los órganos del Sistema Interamericano.
Finalmente, la Comisión alienta a los Estados de la región a adoptar o fortalecer los mecanismos de cooperación regional y de responsabilidad compartida que permitan atender y reconocer a las personas apátridas y, consecuentemente, otorgarles la protección especial que requieren, garantizando el acceso a los territorios y procedimientos para obtener protección internacional, incluyendo el otorgamiento del estatuto de refugiados; y continuar implementando acciones de inclusión social sin discriminación, en favor de estas personas.