Pareciera ser exigible que, en una sociedad democrática, todas las máximas autoridades deberían – inclusive voluntariamente – someterse a la realización aleatoria de consumo de sustancias prohibidas, ello por cuanto su función se enmarca dentro de una actividad pública de la más trascendental importancia para el desarrollo legislativo, en el contexto se un Estado de social y democrático de derecho.

Los pueblos indígenas han sufrido por siglos de esta falta de reconocimiento, generando entre otras cosas la pérdida de la lengua. Los padres y abuelos se negaban a enseñar su lengua a sus hijos/as y nietos/as por la discriminación que su uso implicaba. En nuestra amerindia era el castellano y el portugués, las lenguas dominantes.

la propuesta señala que la función de senador o diputado son de tiempo completo. Ellos tienen prohibido desempeñar o ejercer cualquier cargo o ejercer cualquier profesión u oficio, durante las horas de funcionamiento del Congreso. Asimismo, precisa que el mandato de senador o diputado es incompatible con el ejercicio de cualquier otra función pública, excepto la de ministro de Estado, y el desempeño, previa autorización del Congreso, de comisiones extraordinarias de carácter internacional. Esta incompatibilidad tampoco le alcanza al ejercicio de la docencia universitaria.

La reforma constitucional ya encaminada al Plebiscito del 4 de setiembre, presenta la desestimación del control previo judicial que era una de las facultades del Tribunal Constitucional de Chile. Esta particularidad motiva el análisis de esta nota. Este tema ha pergeñado dos posturas encontradas, quienes están en favor de este control y quiénes no.

En vistas del creciente debate sobre una tercera vía en caso de triunfar la opción rechazo, se plantean una serie de propuestas a partir de un análisis histórico de la ley que habilitó el proceso constituyente y de la experiencia de la Convenció.

Uno de los problemas fundamentales de los sistemas de justicia es básicamente su acceso por parte de mujeres con categoría especiales o condiciones históricamente desplazadas, a la par de un desarrollo de estereotipos en clave sexista y la homogenización de un relato patriarcal que confluye en generar barreras de distorsión disminuyendo las garantías y el respeto de los derechos fundamentales de las mujeres.

Ha sido un paso positivo el que la Carta Fundamental chilena haya recogido criterios consolidados en la jurisprudencia, la legislación y la doctrina comparada, de cara a establecer la diferencia jurídica o regulatoria entre, los datos personales o sensibles tutelados por el Derecho Fundamental a la Vida Privada, y los restantes datos personales que han venido a ser resguardados por el nuevo DF a la Protección de Datos Personales.

Es una práctica común realizar valoraciones de determinada institución de forma acrítica, sin analizar sus orígenes y, en los casos en los que se hace, el anacronismo es un fenómeno recurrente.  Con la motivación ocurre lo mismo, se exige a los jueces que motiven sus sentencias como una condición formal del proceso, pero no nos detenemos a pensar el por qué o desde cuándo se motivan los fallos o si siempre existirá tal exigencia como la conocemos.

No compartimos en lo absoluto la postura recientemente adoptada por el Fiscal Nacional Sr. Jorge Abbott, no sólo por el hecho de negarse de manera liviana y sin mayores fundamentos a dar cumplimiento a la obligación expresa que le impone el artículo 171 del Código Procesal Penal, sino que además porque pretende trasladar la carga de intervenir procesalmente en un juicio diverso a otro interviniente, todo ello contra texto expreso de ley.

La presente posición rusa se podría resumir en que, no hay que provocar a la OTAN, su mayor prevención, ya que le sería intolerable si lograra circundar su territorio. Todo lo demás, como los ingresos a la Unión Europea o los apoyos políticos de países vecinos, no representan un riesgo cierto para Rusia en lo interno ni en lo internacional.

Podemos decir que -al menos teóricamente- el Congreso de la República aprobó una reforma constitucional destinada a luchar contra la corrupción fortaleciendo a dos organismos constitucionalmente autónomos como la Controlaría y la Superintendencia. No obstante, ello, y como siempre ocurre, será el tiempo el que determine si esta reforma constitucional realmente sirvió para combatir la corrupción o si, muy por el contrario, abrió las puertas para la violación de los derechos y libertades individuales.

El Proyecto de Nueva Constitución contienen varias asuntos que son innovaciones al constitucionalismo chileno, entre ellos, algunas regulaciones referentes a la materia migratoria, sobre estas nuevas regulaciones, es de observar que ponen nuevas trabas a la autoridad administrativa, por la cual se le dificultará enfrentar crisis migratoria que actualmente nos encontramos viviendo, pues le restringe en el uso de sus facultades y reconoce nuevas prerrogativas a los migrantes, aun cuando estos no hayan hecho ingreso regular al país.

La propuesta de nueva Constitución consagra, en mi opinión, una serie de disposiciones que contradicen y afectan el verdadero sentido del principio en comento, específicamente, la igualdad ante la ley, dando lugar a amplias interpretaciones. Por un lado, sobre las elecciones populares y por otro, los escaños reservados que tendrán los pueblos y naciones indígenas.

El escenario cambia y el mando estratégico debe estar al tanto. La Convención Constitucional en su proyecto constitucional establece disposiciones relativas a las Fuerzas Armadas y a las Policías restringiendo su actuar en diversas situaciones. Se aprecia un límite en el actuar de la Armada de Chile en el control de los mares de la República, en el apoyo situaciones de catástrofe donde no se decrete un Estado de Excepción Constitucional y, por último, en el desarrollo del país.

El primer motivo de rechazo consiste en los graves errores lingüísticos y conceptuales de los que adolece su Presentación y que son inadmisibles en la Constitución Política de un país civilizado.