El reciente escándalo de las licencias médicas fraudulentas en el sector público ha puesto al descubierto una crisis que trasciende la mera irregularidad administrativa, revelando problemas estructurales profundos que afectan la gestión estatal y que se arrastran desde hace décadas. El informe de Contraloría General de la República que detectó más de 35 mil licencias médicas con presunto incumplimiento de reposo, incluyendo más de 25 mil casos de funcionarios públicos que viajaron al extranjero mientras cursaban licencia médica, constituye apenas la punta del iceberg de un sistema aquejado por anacronismos normativos, deficiencias en los mecanismos de control y una cultura funcionaria que requiere transformación urgente. Este fenómeno no puede entenderse como un caso aislado de conductas indebidas, sino como la manifestación visible de problemas sistémicos que incluyen marcos regulatorios obsoletos, ausencia de modernización efectiva y la persistencia de malas prácticas que evidencian la necesidad de una reforma integral del aparato estatal.
Dimensiones del Problema
La magnitud del problema revelado por Contraloría General de la República supera cualquier estimación previa sobre irregularidades en el uso de licencias médicas en el sector público. Los datos oficiales indican que entre 2023 y 2024, más de 25.078 funcionarios públicos realizaron viajes al extranjero mientras se encontraban con licencia médica, situación que la propia contralora Dorothy Pérez calificó como «una problemática grave para el país, que lleva años aconteciendo»[1]. El análisis reveló que la mayoría de estos viajes se concentraron entre septiembre y diciembre, coincidiendo estratégicamente con la llegada de la primavera y el verano en nuestro país, lo que sugiere un patrón de comportamiento deliberado por parte de los infractores, más que incidencias casuales.
Las instituciones más afectadas incluyen la Junta Nacional de Jardines Infantiles con 2.280 licencias irregulares, Fundación Integra con 1.934 casos, y la Municipalidad de Arica con 719 irregularidades. Estos números no solo representan un fraude económico significativo al erario fiscal, sino que evidencian la extensión territorial y sectorial del problema, abarcando desde organismos centralizados hasta gobiernos locales. La contralora también reveló casos extremos donde funcionarios cursaron estudios en el extranjero o realizaron largos viajes turísticos por Europa mientras mantenían licencias médicas activas, demostrando un aprovechamiento sistemático y planificado de las deficiencias del sistema.
La investigación se ha extendido más allá de los viajes internacionales, ya que Contraloría anunció que examinará también los desplazamientos dentro del territorio nacional, lo que podría revelar decenas de miles de casos adicionales [2]. Además, se detectaron situaciones de funcionarios con licencias médicas de más de un año que simultáneamente trabajaban para empleadores privados, configurando un doble fraude que afecta tanto al sector público como al sistema de seguridad social. Además, el anuncio de ampliación de la investigación hacia las instituciones uniformadas evidencia que el problema tiene dimensiones aún mayores a las inicialmente detectadas.
Problemas Estructurales Subyacentes en la Administración Pública
Como ya se adelantó, el escándalo de las licencias médicas constituye un síntoma visible de problemas estructurales más profundos que afectan la administración pública desde hace décadas y que incluyen deficiencias en los sistemas de control interno, ausencia de mecanismos de fiscalización efectivos, y la persistencia de culturas organizacionales que permiten y, en algunos casos, facilitan este tipo de irregularidades. La facilidad con que miles de funcionarios pudieron burlar los controles existentes durante años es prueba fehaciente de ello.
Por otra parte, la fragmentación institucional del aparato público también contribuye significativamente a este problema. El hecho de que haya sido necesario un cruce de datos entre la Policía de Investigaciones y el sistema de licencias médicas – solo a partir de un proceso de fiscalización- para dar con estas irregularidades, demuestra la precariedad de los sistemas de control preventivo y la dependencia de procedimientos ex post, de suerte tal que, si esta fiscalización no se concretaba, el circulo vicioso se mantenía.
Aún a riesgo de parecer controversial, la existencia de una “cultura o idiosincrasia de la impunidad” que ha caracterizado históricamente a ciertos sectores minoritarios de la administración pública, también juega un rol crucial en la perpetuación de estas prácticas. La percepción de que las irregularidades administrativas raramente terminaran en sanciones efectivas ha creado un ambiente que pareciera alentar la comisión de estas irregularidades. El Colegio Médico reconoció implícitamente esta realidad al señalar que «estas conductas deben investigarse con rigurosidad y sancionarse conforme a la ley» [3], sugiriendo que tradicionalmente no ha sido así. La ausencia de consecuencias reales para los infractores ha normalizado comportamientos que deberían ser considerados inaceptables en cualquier escenario.
Anacronismo Normativo y Marco Regulatorio Obsoleto
Uno de los problemas fundamentales que subyace a esta crisis es el anacronismo de gran parte del marco normativo que regula la función pública en Chile. Más allá de lo frondoso y diverso del campo normativo que regula la actividad pública, sus principales cuerpos datan de hace ya varias décadas, diseñadas en un contexto en el que predominaba una visión burocrática rígida, caracterizada por normativas centradas en procedimientos tradicionales y de raigambre castrense. Acertadamente se ha señalado que «las instituciones jurídico administrativas de nuestro sistema, fueron moldeadas en una realidad anterior a la de la sociedad de la información»[4]. Esta obsolescencia normativa se manifiesta particularmente en la regulación de las licencias médicas, donde los mecanismos de control y verificación no han evolucionado al ritmo de las transformaciones tecnológicas y sociales.
El marco regulatorio actual presenta deficiencias evidentes en múltiples niveles. En primer lugar, es conocido el abandono para las labores de control a funcionarios con licencia médica que realizan actividades incompatibles con su supuesta incapacidad laboral, donde la institución encargada se ve superada logísticamente por la inmensa cantidad de casos. En efecto, si bien la normativa vigente establece facultades fiscalizadoras, el número de funcionarios que aparecen con licencia médica superan por mucho las capacidades de la institución llamada a verificar el correcto desarrollo del reposo medico indicado, lo cual ha sido aprovechado sistemáticamente por los inescrupulosos que conocen las limitaciones del sistema de control.
Luego, la falta de integración entre diferentes cuerpos normativos también contribuye a este problema. La regulación de licencias médicas, los sistemas de control de personal, las normas de probidad administrativa y los mecanismos de fiscalización operan frecuentemente como compartimentos que no dialogan entre sí, careciendo de la coordinación necesaria para generar un sistema cohesionado y efectivo de control. Esta fragmentación normativa crea espacios grises que pueden ser explotados por quienes buscan eludir sus responsabilidades laborales y administrativas.
Otro aspecto que preocupa, dice relación con la persecución de las responsabilidades administrativas de los funcionarios implicados. Las autoridades anunciaron la instrucción de sendos procesos sumariales, sin embargo es claro que estos autos disciplinarios no son una solución instantánea. En efecto, el procedimiento previsto en el Título V del Estatuto Administrativo, descansa en el rol que compete al fiscal, quien deberá reunir los antecedentes investigativos necesarios, realizar las entrevistas pertinentes, elaborar los cargos o imputaciones, recibir y ponderar las pruebas y defensas de los inculpados, para recién presentar su propuesta de sanción a aplicar. Y aún así, en el camino pueden abrirse una infinidad de escenarios, sea por la impericia de los fiscales [5] (que pudiera dar lugar a la alegación de nulidades) como por las estrategias de defensa que pudieran impetrar los inculpados. Entonces, la conformación de un expediente ajustado a norma puede dar lugar a una encrucijada: el debido proceso administrativo (artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República) debe ser respetado, pero no puede convertirse en un pretexto para la ineficiencia en la persecución de responsabilidad administrativa.
Ahora bien, la necesidad de actualización normativa no debe caer presa de la improvisación legislativa y mucho menos dar lugar al populismo y las politizaciones, so riesgo de imprecisiones que pudieran generar confusiones de interpretación, como sucede con lo regulado en el artículo 151 del Estatuto Administrativo (Ley N° 18.834), donde a partir de la reforma que en el año 2017 introdujo el nuevo inciso tercero se ha generado un amplio debate en torno a las voces “salud incompatible” y “salud irrecuperable” [6].
Cultura Funcionaria y Modernización del Estado
La persistencia de prácticas irregulares en el sector público refleja también problemas profundos en la cultura funcionaria que requieren atención urgente. Creyendo aún, pero a ratos ilusamente, que aún no existe una tendencia de normalización de comportamientos que privilegian el beneficio personal por sobre el interés público, el problema de las licencias médicas debe ser vista como una oportunidad valiosa para revisar la ética del servidor público. Sin embargo, parece ser que el aparato estatal asoma como un nicho de empleabilidad a todo evento, y peor aún, visto por algunos como el botín de la administración de turno.
Ante este panorama, no es de extrañar que el escrutinio público mire con recelo la introducción de elementos modernizadores del mundo laboral en el sector público, tales como permisos parentales, la reducción de la jornada de trabajo, la implementación del teletrabajo, entre otros. Así también, la resistencia al cambio, a veces impide la adopción de sistemas mas modernos de gestión, donde gran parte de la administración continúa operando con procedimientos y sistemas de información obsoletos y fragmentados que pudieran facilitar la comisión de irregularidades. Esta brecha no es solo una cuestión de recursos, sino también de cultura organizacional y, como ya se dijo, resistencia institucional al cambio.
Consecuencias y Medidas Adoptadas
Las consecuencias del escándalo han comenzado a manifestarse en múltiples niveles. A las medidas administrativas que los propios órganos del Estado están tomando, se añade el anuncio que hizo el Ministerio Público en orden a iniciar una investigación contra los más de 25.000 funcionarios involucrados por eventual delito de fraude al fisco, y contra los médicos por la eventual emisión de permisos médicos falsos[7]. Esta medida representa sin duda una señal respecto al tratamiento tradicionalmente benévolo que recibían las irregularidades administrativas. Es de esperar que los resultados sean evidentes y no una mera declaración bien intencionada.
El impacto político también ha sido considerable. El presidente Gabriel Boric declaró públicamente que muchos de los funcionarios que hicieron mal uso de las licencias «debieran ser destituidos, porque no puede ser que estas prácticas se hagan costumbre»[8]. Esta declaración presidencial establece un precedente importante sobre la gravedad que el gobierno asigna al problema y su disposición a implementar sanciones efectivas.
Las medidas preventivas también han comenzado a agilizarse. La subsecretaria de Salud Pública informó que antes del informe de Contraloría, la COMPIN ya había denunciado a 302 funcionarios por mal uso o fraudes de licencias médicas, había destituido a cinco funcionarios y mantenía en curso 1.177 sumarios[9].
Ahora bien, Contraloría ha anunciado que el proceso de fiscalización se repetirá anualmente, estableciendo un mecanismo de control permanente que debería disuadir futuras irregularidades. Además, la extensión de la investigación a las instituciones uniformadas y la búsqueda de mecanismos para detectar viajes nacionales claramente indica una estrategia integral de control que abarca todo el sector público. Junto con ello, y exponiendo ante el Senado, la Contralora General ha solicitado se le otorguen mayores facultades para la institución a su cargo [10] , por lo que el escenario parece revelar un cambio paradigmático en la materia.
Conclusión
El escándalo de las licencias médicas fraudulentas en el sector público constituye mucho más que un asunto aislado de conductas irregulares; representa la manifestación visible de problemas estructurales profundos que han distorsionado a la administración pública durante décadas. Los más de 35 mil casos detectados por Contraloría General de la República revelan una suerte de industria del ausentismo que ha visto en un sistema anacrónico y carente de controles efectivos, la oportunidad para permear al mismo y, de paso, afectar bienes tan preciados como el erario fiscal y la fe pública.
La magnitud del problema exige respuestas que trasciendan las sanciones individuales y aborden las causas sistémicas que han permitido su permanencia. Esto incluye la modernización de la administración del Estado para adaptarlo a las realidades contemporáneas, acompañado de un debate legislativo y político serio y con altura de miras, en pos del desarrollo de una nueva cultura de servicio público basada en la transparencia y la probidad.
En este contexto, la reciente publicación en el Diario Oficial el pasado 24 de mayo de 2025 de la Ley N° 21.746, que modifica la Ley N° 20.585 sobre otorgamiento y uso de licencias médicas, constituye un hito relevante. Esta nueva normativa fortalece las facultades de los organismos reguladores y fiscalizadores, y establece sanciones administrativas y penales específicas para quienes incurran en el uso indebido o fraudulento de licencias médicas. Con ello, se busca dotar al sistema de herramientas más robustas para prevenir, detectar y sancionar las irregularidades, respondiendo así a una de las principales demandas surgidas tras la crisis que se ha venido mencionando.
Las medidas adoptadas hasta ahora, incluyendo las investigaciones penales y administrativas, la voluntad de realizar controles periódicos por parte de la Contraloría General de la República y la entrada en vigor de la Ley N° 21.746, representan pasos importantes hacia la recuperación de la confianza ciudadana en las instituciones públicas. Sin embargo, el verdadero test de la efectividad de estas medidas será su capacidad para reducir, y aún prevenir, la recurrencia de este tipo de irregularidades.
“Pero lo malo del sueño no es el sueño. Lo malo es eso que llaman despertarse”. Así nos decía Julio Cortázar en su novela “Rayuela”. Es de esperar que la crisis revelada en el llamado caso “licencias médicas de funcionarios públicos” y la reciente reforma legal sean la oportunidad para impulsar una modernización integral del Estado, donde la probidad y la eficiencia sean la norma y no la excepción. (Santiago, 31 de mayo de 2025)
[1] https://forbes.cl/actualidad/2025-05-26/contraloria-ampliara-investigacion-por-uso-fraudulento-de-licencias-medicas-a-cuerpos-policiales-y-fuerzas-armadas
[4] Ricciulli Orloff, Martín, “SECRETO ESTADÍSTICO A LA LUZ DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA”, Pág. 6. Tesis programa de Magister, Facultad de Derecho, Universidad de Chile, 2018.
[5] Debe recordarse que la designación de fiscal puede recaer en cualquier funcionario, sin que necesariamente tenga experticia en la tramitación de procesos sumariales, estableciendo el art. 129 del Estatuto Administrativo como único requisito “tener igual o mayor grado o jerarquía que el funcionario que aparezca involucrado en los hechos”.
