Artículos de Opinión

España y la moción de censura brilla: la censura en Bolivia entristece.

La preocupación que surge para la democracia parlamentaria en España y la UE, es si este procedimiento de responsabilidad política va a tener la capacidad suficiente de dar un salto cualitativo respecto de la administración de Gobierno cesante, desde que el ordenamiento europeo la incorpora a la UE.

En los sistemas de gobierno parlamentario europeos, la responsabilidad política del Gobierno y el Ejecutivo se somete al control que ejercen las cámaras legislativas característica de la forma parlamentaria; pero que difiere de las formas presidencialistas de América, que por Constitución establecen la independencia y coordinación de los poderes con procedimientos de fiscalización recíprocos con resultados ineficaces.

Ha sido el Tratado Constitucional de la Unión Europea (TCEE) quien introduce la “Moción de censura” en el Parlamento Europeo sobre la gestión de Comisión. Si la censura es aprobada por mayoría de dos tercios, los miembros de la Comisión deberán dimitir a sus cargos.

En Francia los expresidentes Sarkozy y Hollande enfrentaron la Moción de censura pero salieron triunfantes y lo mismo sucedió con Berlusconi en Italia.

En la Constitución de España  de 1978 (arts. 113 y 114) se incorpora la “Moción de censura” y es el Congreso de Diputados quien puede exigir la responsabilidad política del Gobierno presentada por una fuerza política. Si el Congreso de Diputados niega su confianza al Gobierno y aprueba por mayoría absoluta la Moción de censura, el Presidente presentará su dimisión al Rey y se procederá a la investidura del nuevo Presidente de gobierno. La investidura recayó en el Secretario General del PSOE Pedro Gonzáles posesionado el sábado 2 de junio (51,4 %).

En España el terremoto político que ha provocado el cese del Gobierno de Mariano Rajoy (PP) por los Diputados el 1º de junio de 2018,  ha sido el caso Gürtel, que no tiene precedente alguno, y ¿qué es el caso Gürtel? Se trata de una red de empresarios encabezada por Francisco Correa y Pablo Crespo que sobornaban a funcionarios del gobierno de Rajoy a cambio de adjudicarse obras públicas, trama de corrupción que comprendió coimas y donaciones que favorecieron al PP. La Audiencia Nacional ante el sistema de corrupción institucionalizado a través de la manipulación de la contratación pública, autonómica y local impuso gravísimas penas hasta de 33 años a los procesados, por fraude, cohecho, blanqueo de capitales, malversación, exacciones ilegales, tráfico de influencias, uso indebido de la hacienda pública y prevaricación, fallo que alcanzó al extesorero del PP., Luís Bárcena.

Es cierto, que con la moción de censura Rajoy probó su acero filo. Pero la preocupación que surge para la democracia parlamentaria en España y la UE, es si este procedimiento de responsabilidad política va a tener la capacidad suficiente de dar un salto cualitativo respecto de la administración de Gobierno cesante, desde que el ordenamiento europeo la incorpora a la UE. El tema es frágil pero la Moción de censura allí funcionó por corrupción.

En Bolivia si bien el art. 158. Numerales 17 y 18 de la Constitución confieren atribuciones a los senadores y diputados para controlar y fiscalizar la responsabilidad individual o colectiva de los órganos e instituciones públicas, que comprende a  Ministros de Estado, Presidente y Vicepresidente del gobierno; empero durante éstos 12 años a pesar de haberse denunciado casos de corrupción como el FONDIOC, BARCAZAS CHINAS, YPFB. AVIONES, HELICOPTEROS, SATÉLITE TUPAJ KATARI, CASA DEL PUEBLO, OBRAS DE ODESUR, MUSEO EN ORINOCA y la interpelación por violación a DD.HH (68 muertes), jamás han sido esclarecidas y censuradas; sino aplaudidas, laureadas y premiadas, porque la censura a pesar de ser un mecanismo de rendición de cuentas constitucional, no prospera por la configuración política del MAS que controla a la Asamblea Legislativa, Órgano Judicial y Fiscalía General que le  han sido funcionales y favorables a Evo Morales (verbigracia censura del Dr. Petronilo Flores).

Por eso la trama de la corrupción y la manipulación ronda como amenaza contra los autores intelectuales y materiales por la sensible muerte del universitario Jonathán Quispe Vila, prácticas maquiavélicas y mendaces que no contribuyen a los principios democráticos, voluntad de unidad y futuro. El Ministro Romero no puede ser un privilegiado del sistema penal ni de la Fiscalía, si el subteniente Cristian Casanova afirma que no disparó contra Jonathán, por el contrario debe permitir que el Gobierno transite por el contrato social (Constitución), no trabado por historia y violencia, sino por las posibilidades que se le abren respetando el derecho a la vida, reivindicaciones y declarando la amnistía general tal como pide el purpurado de Bolivia Cardenal Toribio Ticona.

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