La Corte señala que la decisión del TC no analizó la compatibilidad del indulto “por razones humanitarias” concedido a favor de Alberto Fujimori con base en los estándares establecidos en la Resolución de la propia Corte de 30 de mayo de 2018. Asimismo, la Corte recuerda que Alberto Fujimori fue condenado por los delitos de homicidio calificado y lesiones graves en perjuicio de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, y que los mismos fueron calificados como “crímenes contra la humanidad”, según el Derecho Internacional Penal.

Si no es la Comisión Armonización ni tampoco la Mesa de la Convención, las que tienen las facultades de presentar al Pleno un texto coherente ¿Quién lo hará? Es imprescindible que se modifique el reglamento y se amplíe el mandato de la Comisión de Armonización, para convertirla en una verdadera comisión redactora de un nuevo texto constitucional para Chile.

No creo que la justicia constitucional sea imparcial, al final del día es política. La esencia de la justicia constitucional es sujetar la política al derecho. La labor de una Corte Constitucional es controlar que diversos actos normativos sean respetuosos de la Constitución Política. Habrá casos donde esa decisión no tenga tantos tintes políticos, es cierto, pero ello no quita que los casos paradigmáticos que definieron y definirán a futuro la justicia constitucional, son y seguirán siendo aquellos de carácter político, unos más unos menos.

El pleno de la Convención aprobó incluir en el borrador de la nueva Constitución, una disposición relativa al Derecho de propiedad que tendrán las personas naturales y jurídicas, sobre toda clase de bienes, salvo los que la naturaleza haya hecho comunes a todos los seres humanos y los que la Constitución o la ley declaren como inapropiables, encomendando al legislador sus especificaciones, en razón de una función social y ecológica.

En un contexto como el actual, donde el desarrollo de las técnicas para captar, transmitir, manejar, registrar, conservar o comunicar los datos relativos a las personas físicas constituidos por sonidos e imágenes es rápido, vertiginoso y cada vez más simple si se usan dispositivos móviles, se necesita un blindaje jurídico idóneo a los «tratamientos» que afectan a dichos datos.

No es conveniente ni aceptable que se genere a través de medidas coercitivas o políticas impositivas, las cuales llevan a extremos absurdos o que violentan la libertad de elegir y tomar decisiones, sobre lo suyo propio, a ciudadanos y entidades del sector privado. Tampoco es conveniente que se imponga a los Poderes del Estado.

Una nueva sociedad que supere las heridas de la lejanía y distancia entre compatriotas, que libere el país de las desconfianzas y resentimientos, que sea esperanza para los trabajadores y empleadores para trabajar por el nuevo porvenir de un Chile despierto, solidario, humano, comunitario y justo, requiere que establezcamos un Estado Social y de Derecho. De lo contrario todo ha sido en vano y no podremos salir nunca de la crisis y cuestión social en que vivimos: es reforma o barbarie

La incorporación de la libertad de investigación científica y el derecho a gozar de los beneficios de la ciencia en el texto constitucional es de gran importancia para el adecuado desarrollo de la actividad científica, el acceso a los resultados de su ejercicio y la realización de los demás derechos fundamentales. En esta y otra columna, me referiré a su contenido, evolución y la importancia de su constitucionalización.

La lista de los derechos humanos reconocidos internacionalmente no se ha mantenido invariable. A pesar de que ninguno de los enumerados en la Declaración Universal se ha puesto gravemente en entredicho durante los más de 60 años de su existencia, los nuevos tratados y documentos han aclarado y desarrollado aún más algunos de los conceptos básicos que se establecen en este documento original.

El propósito central del juicio para Chile, consiste en que la Corte decida y declare que el río Silala es internacional, por lo que tiene un uso compartido y no exclusivo de Bolivia, como lo sostiene, así como preservar su uso equitativo y razonable, sin perjudicarlo, según normas generales.

Al igual que otros derechos y garantías constitucionales, hay que considerar que este derecho de los animales no humanos a una vida libre de maltrato no es absoluto. Desde ya se ha advertido que esta garantía colisionará con otras como el derecho a la propiedad y la libertad económica, pues la explotación de los animales solo podrá realizarse sin que medie maltrato animal, cuestión que deberá ser resuelta con un test de ponderación.

La falibilidad humana, a la que no son para nada ajenos los jefes de servicio, ni funcionarios públicos, hacen que muchas veces estas medidas se ejerzan abusivamente, solo en contra de algunos y no en contra de otros, siendo copiosos los ejemplos, tales como el mal denominado “financiamiento irregular de la política”, “caso Johnson’s”, etc. donde se terminan endureciendo los criterios, pero para las personas comunes y corrientes, sin lograr disminuir en ningún caso sustancialmente la evasión, por lo que para cubrir el déficit, vuelven a subirse los impuestos, que afectan sustancialmente a la clase media.

El siguiente artículo pretende aportar elementos para la discusión y debate, en un tema que dice relación con la legalidad y constitucionalidad del secreto del sumario en su etapa de investigación. Esta temática y la posición jurídica que nuestras instituciones adopten, tendrá consecuencias en cuanto al adecuado ejercicio del derecho a defensa y del respeto al debido proceso. Aborda la división existente entre la interpretación que adopta la Contraloría General de la República y la que adopta el Tribunal Constitucional y aporta elementos de análisis para considerar que el actual criterio del órgano contralor, no es coherente con la evolución legislativa, constitucional y política de nuestro país.

El sistema internacional vigente, se ha visto trastocado. Rusia, uno de sus principales responsables, ha decidido romperlo. Paralizado por su veto, el Consejo de Seguridad ha dejado de cumplir con su obligación principal. Por tanto, se ha recurrido a la Resolución Unión Pro Paz (377 (V) de 1950), luego de 25 años.

Más allá de aquella consideración, de índole constitucional, el debate posterior se debe reconducir a discutir la existencia de un Código de Contravenciones o de Justicia Local y/o Vecinal, que permita incluir variadas alternativas de resolución de conflictos, un marco de competencias y, evidentemente, un sistema de principios sobre los cuales se desarrollen los aspectos funcionales de solución de controversias.