El Estado Constitucional de Derecho es la construcción intelectual de los juristas, el cual fue acuñado como una necesidad de establecer contenidos de coherencia en razón a la validez de los derechos fundamentales, el cual es manifiestamente una teoría dominante en busca de fortalecer los derechos, deberes, principios, libertades y garantías constitucionales. Oponiéndose a cualquier manifestación contraria a la autoridad del Derecho.

Cuando se habla de celeridad legislativa, entonces, como argumento para defender al unicameralismo, la primera cuestión que surge es si puede establecerse una regla predictiva o relación directa entre dicho sistema y la mayor rapidez en la tramitación de una ley. Para dar por cierta esa afirmación, habría que demostrar que siempre -o al menos, en la mayoría de los casos-, un sistema unicameral es más rápido que uno bicameral en la formación de la ley, lo que, como ya se anunció, en la práctica no ocurre, porque los resultados son siempre relativos.

Existen muchas razones para aplaudir como se ha estructurado en tan poco tiempo un sistema de participación inclusivo y transparente. Tendremos que lamentarnos, sin embargo, de los acotados plazos para el despliegue de mecanismos complejos que requieren de una amplísima difusión y de un financiamiento adecuado para que sean realmente incidentes. Especialmente, debe lamentarse el hecho de que la Convención no haya tenido éxito en la difusión de las iniciativas populares de norma, acaso el mecanismo más relevante en cuanto a su vinculatoriedad y capacidad de incidencia.

El rol rol opositor se ejercerá en una compleja realidad puesto que no se trata de “oponerse” a un Gobierno de centro izquierda como ha ocurrido en el pasado reciente, sino a un Gobierno, que conducido por una persona inexperta y que se ha mostrado contradictoria, alberga en su interior como verbos rectores al Partido Comunista que abriga la esperanza de establecer en nuestro país una “sociedad comunista”, a sectores extremos del Frente Amplio.

Valga señalar que la organización administrativa del Estado chileno ha pasado por diversos procesos de modernización. Sin duda que, en el estado actual del avance científico y tecnológico, una de las más acuciantes tareas dice relación precisamente con la necesidad de estructurar un conjunto orgánico conteste con esa evolución tecnológica.

En relación con dicho proyecto de ley, considero que se puede mejorar con algunos cambios, que señaló el Centro de Estudios Constitucionales (CECOCH) al Senado en un informe en el cual tuve la oportunidad de participar, proponiendo exigir para la aplicación de la amnistía el cumplimiento de ciertos requisitos conforme lo resuelva el Tribunal, que den cuenta de la prisión política.

El origen del pronunciamiento, es una consulta realizada por la I Contraloría Regional Metropolitana en cuanto a la posibilidad de que las corporaciones municipales queden sometidas a dichos cuerpos normativos, atendido las funciones eminentemente públicas que desarrollarían, sumado a la finalidad de atender las crecientes exigencias en materia de transparencia e integridad en el ejercicio de la función pública; precaver conductas contrarias a la probidad administrativa, y resguardar debidamente los recursos públicos.

Requiere de completa capacitación, selección rigurosa y habilidades, al servicio del Estado que acredita al representante, que hoy está muy alejado del estereotipo que nos dejó el siglo XIX, y épocas pretéritas. Sus fines son múltiples en la actualidad, ya que se busca dar a conocer el país, optimizar el acercamiento mediante un conocimiento acabado del lugar de trabajo, informar adecuadamente a su gobierno, y representarlo en otro, o en los numerosos organismos.

Este desafortunado acuerdo del Consejo de la Orden — que adhiere entusiastamente al programa del candidato del PC-FA, incluso en aquello de “democratizar las comunicaciones”, y que con un lenguaje claramente comprometido y una llamativa presentación gráfica  llama a votar por él   — permite dar pie a quienes hace ya mucho rato vienen denunciando la abierta izquierdización de una buena parte del periodismo chileno, su militante compromiso ideológico con ese sector y una completa pérdida de la objetividad periodística.