La reforma constitucional propuesta afecta directamente al derecho a la seguridad social y el derecho a la propiedad (19 nros. 18 y 24) de aquellos cotizantes que no están de acuerdo con esta modificación ni piensan utilizarla, pero que se verán inevitablemente afectados en la propiedad y valor de sus fondos.

Una ola de ira no contenida, incluso en países sin prácticas segregacionistas, se expandió por algunas semanas. Ha mermado, pero sigue latente.

Lo primero que hay que decir, es que un partido político no puede afectar la libertad de opinión de sus militantes por el solo hecho de tener un pensamiento distinto al de la colectividad.

El blindaje jurídico de la FEA se mueve en el contexto del Derecho Público, del orden público económico y de los contratos dirigidos, lo que significa que nada se modifica sino por ley, a pesar de que resulte novedoso, modernista o «refundacional» hacerlo.

Son beneficiarios al SIL todos los trabajadores y trabajadoras del sector público y privado -dependientes o independientes- que se encuentren acogidos a algún sistema previsional. Sin embargo, existen varias diferencias entre un sector y otro en cuanto al tratamiento de las licencias.

Uno de los pilares básicos de todo Estado de Derecho, que se precie de tal, es la Independencia Judicial garantizada por la Constitución, que reconoce y garantiza el citado principio, pero también la forma como el ciudadano interpreta el accionar de los tribunales para la mantención del sistema democrático imperante.

Efectivamente la normativa constitucional parlamentaria actual, solo permite al Presidente de la República y al Congreso Nacional la iniciativa para presentar proyectos de ley a través de mensajes presidenciales y mociones parlamentarias, pero ello no ha sido impedimento para que la ciudadanía tenga un rol participativo en el proceso de formación de la ley.

Ahora sobrevivir se convierte en algo absoluto, como si estuviéramos en un estado de guerra permanente. Los propios ciudadanos, sin mayores cuestionamientos, le pedimos al Estado la mayor intervención posible en la esfera de nuestros derechos fundamentales. El Estado por su parte se debate entre el dilema de protegerlos y la mantención del sistema económico.

El máximo Tribunal se pronunció por primera vez sobre la materia y se alineó al criterio sostenido por la Contraloría General de la República (en lo sucesivo «CGR») desde su Dictamen Nº 27.945, de 2017. Lo anterior no es menor, ya que el ejercicio de esta prerrogativa está directamente vinculado a ciertos bienes jurídicos importantes dentro del procedimiento, como son el principio de contradictoriedad y el derecho a la defensa, garantías del debido proceso administrativo (CGR Dictamen Nº 4.473, de 2017).

Ahora será obligatorio el uso -genéricamente- «de plataformas electrónicas», y que los órganos de la Administración estarán obligados a disponerlas y usarlas adecuadamente para efectos de llevar expedientes electrónicos, las que deberán cumplir -es imperativo- con estándares de «seguridad», «interoperabilidad», «interconexión» y «ciberseguridad».

En el ámbito público, destaca su labor como asesor del Senado durante 18 años, y como Secretario de la Comisión de Constitución y Justicia de dicha cámara entre 1969 y 1972. A continuación, fue Ministro de Educación y de Justicia bajo el gobierno del ex Presidente Salvador Allende en 1972 y 1973.

Ahora la discusión en Chile ha ido más allá: no basta con conocer los rubros que la autoridad ha estimado esenciales, sino que también se ha vuelto necesario conocer los bienes que en detalle se ofrecen al mercado. Sólo así, se ha dicho, se podrá saber quiénes, bajo la pantalla de lo esencial, en realidad se están dedicando a lo no esencial.

Las propias relaciones internacionales, deberían estar menos aceleradas e intensas actualmente, dadas las urgencias de la salud. Tampoco es así, y prosiguen situaciones exteriores como si todo fuere normal, y algunos se han aprovechado de la emergencia, para consolidar posiciones y superar a otros.

La vulneración de principios que erigen una rama del Derecho se presenta como una puerta abierta a toda clase de incertezas jurídicas en donde por excepcionalísima que se constituye una situación, lo único que no debería verse vulnerado son los principios que la sustentan como tal.

Creemos, por ejemplo, que la corte debiera prever el aumento de causas en materia de consumidor, las que, probablemente, tomen mayor importancia en la vida jurídica.