La presión social y política impulsará a los abogados, jueces y servidores públicos a resolver las disputas legales e interpretar la legislación ahora no con los métodos del derecho continental, sino que en base al neoconstitucionalismo que emergerá ya no como argumento escondido, sino como doctrina interpretativa predominante.
La declaración de inconstitucionalidad del proyecto en cuestión, evidencia no solo el valor de la jurisprudencia del TC como fuente material de Derecho parlamentario, sino además establece un precedente parlamentario que limita la presentación de eventuales iniciativas de semejante naturaleza legislativa.
Con el 70% de abstención, pese a las presiones y amenazas, sin mínimas garantías a la oposición, omnipresencia chavista antes, durante y después de los comicios, no evidencia la realidad electoral ni representa la auténtica voluntad ciudadana.
En Derecho Penal también existe protección a la familia, por ejemplo existen ciertos delitos tipificados, con mayor gravedad cuando se cometen con miembros de la familia o también se manifiesta en la ley de violencia intrafamiliar.
El ente fiscalizador no solo tiene toda la información de los contribuyentes, sino también la información de sus clientes y proveedores, por lo que según el parecer del suscrito, debe derogarse la referida norma y restablecerse la teoría general de la prueba en materia tributaria, esto es, que quien efectúa una alegación, debe probarla.
De un tiempo a esta parte ha venido asentándose ―con cada vez más preminencia― la corriente que identifica el reconocimiento de la relación laboral, en el contexto de un incumplimiento en el pago de cotizaciones, como una resolución meramente declarativa. Es decir, que se limita a reconocer una situación preexistente.
En este debate se ha echado de menos una tesis que, desde una mirada estructuralista y al margen de una historia siempre tan teñida de sangre, proporcione razones filosóficas y jurídicas que, al amparo de las reglas democráticas, demuestre la pertinencia, o incluso la razonabilidad que para una sociedad liberal supone la convivencia armónica de todos sus pueblos.
La verdadera garantía de autonomía está dada por estatuto de sus autoridades superiores, diseñado para desempeñar una función especializada, sin el vínculo jerárquico más rígido respecto del jerarca, o el de supervigilancia o tutela, mucho más flexible respecto de la autoridad central.
La renuncia de un derecho laboral irrenunciable se sanciona con nulidad absoluta, anulándose específicamente la cláusula involucrada, quedando el contrato vigente y los beneficios que haya recibido el empleador o empleadora en virtud de aquella serán anulados y devueltos a las o los trabajadores.
Hoy cabría quizás hablar de «un derecho personalísimo», que era socavado bajo el argumento de ejercerse un derecho de acceder a información para darla a conocer a terceros, es decir, fundándose en una supuesta libertad de informar.
El descontento y falta de representatividad, sumado a la baja participación en las elecciones, ha hecho que las personas se involucren más y con mayor profundidad en las decisiones que toman las diferentes instituciones sobre temas que afectan directamente en su vida y, a su vez, demanden más espacios de participación.
Un procedimiento administrativo solo puede ser racional y justo, si se realiza dentro de un plazo razonable, lo contrario atenta contra la certeza jurídica, se distrae al contribuyente de su actividad principal y lo somete inevitablemente a una situación de incertidumbre respecto de su situación tributaria.
En general, se puede visualizar que la propuesta constitucional progresista, entrega mayores atribuciones a la Cámara de Diputados, en materias de gobernabilidad, fiscalización, y control político del Poder Ejecutivo, y mantiene, en cierta medida, las competencias actuales del Senado de la República, abocándolo meramente a funciones legislativas.
Un análisis del ordinario 07-4098 del Jefe de la División Jurídica del Ministerio de Educación de fecha 4 de noviembre de 2020.
Si bien la sociedad ha decidido cambiar las reglas que nos rigen, mientras no tengamos vigente una nueva Constitución, es obligatorio para todos los órganos del Estado, para toda persona, institución o grupo observar y cumplir los mandatos constitucionales de la Constitución de 1980.
