Los argumentos para rechazar el recurso de protección se basaron en una visión burocrática que traba el derecho esencial a poder contraer matrimonio y que empatiza con una negativa del Registro Civil e Identificación a permitir la materialización de este derecho, atendida la no regularización de la situación migratoria de la recurrente.
La parte conflictiva del dictamen explicitó un cambio de criterio de la Contraloría General de la República en relación a la referida expresión “acciones civiles”, pasando desde una interpretación restringida, cual era su jurisprudencia administrativa histórica –vigente por 43 años-, a una amplia, la más amplia que es posible, y que, por ejemplo, a diferencia de la anterior, comprende incluso un recurso de protección.
Consideramos importante conocer las principales formas de financiamiento tanto de las organizaciones políticas como de los gastos en los procesos electorales, y así poder identificar las ventajas y desventajas de las mismas, a fin de proponer, iniciativas de reforma institucional que optimicen el modelo de financiamiento electoral de un determinado país, atendiendo al contexto y características particulares del mismo.
Aunque Hábitat expresó entender las necesidades de miles de familias que perdieron sus empleos, se afectaron sus ingresos, sostuvo que era responsabilidad del mundo político y de las autoridades gubernamentales analizar instrumentos y políticas públicas que apoyasen de la mejor manera posible los problemas transitorios mientras se generaban las condiciones para la oportuna reactivación de la actividad económica y del empleo.
Sin alojamientos adecuados, por transitorios que sean, sin medios educativos y de reinserción laboral, se aboca a la delincuencia, los más jóvenes son utilizados en acciones y manifestaciones contrarias a las protestas reivindicativas.
Dicha inclinación no puede ni debe ser estigmatizada y sí debe ser reconocida y respetada como una manifestación más de la diversidad afectiva y sexual que puede darse entre los seres humanos; sin embargo, dicho reconocimiento no debe extremarse hasta el límite de desvirtuar el orden natural de las cosas, como sucede al extender la posibilidad de contraer matrimonio a personas que no pueden formar familia, al no poder naturalmente procrear hijos.
Los “tecnoptimistas” han planteado derechamente el fin de la Justicia tal como hasta el día de hoy la conocemos, pues han anunciado el reemplazo del juez-humano por el juez-robot. Al efecto destacan ciertas ventajas que tendría este último: juzgaría con mayor rapidez y maximizaría la igualdad ante la ley. Respecto de lo primero, recuerdan que el tiempo es oro y que en tribunales, justicia; y respecto de lo segundo, los distintos estudios que afirman que las decisiones de los jueces-humanos varían según éstos tienen hambre o no; en tanto que, destacan, el algoritmo no tiene hambre.
“El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado” (Mc 2, 23-28). El pasaje bíblico es ilustrativo, porque indica una posible forma de abordar el dilema, a saber: que dado un cierto estado de cosas las normas admiten una excepción a su cumplimiento, porque de su irrestricto cumplimiento se seguirían una vulneración de bienes jurídicos de mayor valor. En efecto, una norma se articula sobre el presupuesto de ciertas condiciones normales o esperadas que le entregan sentido y validez.
En la perspectiva de actuación jurídica formal de la organización, la buena Administración se materializa en la observancia de los principios de escrituración, gratuidad, celeridad, conclusividad, economía procedimental, contradictoriedad, imparcialidad, abstención, no formalización, inexcusabilidad, impugnabilidad, racionalidad, objetividad, proporcionalidad y oportunidad.
Se propugna, a lo menos, en las Cortes de territorios jurisdiccionales más amplios (que cuenten con dos o más salas) la especialización; lo que ciertamente se encuentra presente, tal como se apuntó, en los jueces de instancia y en nuestro propio Tribunal más alto de la República; no apareciendo argumentos sostenibles para que las Cortes de Apelaciones no transiten en ese mismo derrotero, lo que ciertamente redundará en sentencias de más alta calidad, dictadas en tiempos menos extensos.
Cuando existen fondos para realizar el primer pago o reparto de fondos y con el objeto de asegurar el pago de los créditos alimenticios, el Liquidador Concursal, previo a realizarlo, deberá consultar en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos si el deudor y los acreedores beneficiarios tienen inscripción vigente en calidad de deudor de alimentos.
Las disposiciones relativas a las elecciones primarias no son de aplicación para las Elecciones Regionales y Municipales del año 2022, debiendo reactivarse su vigencia luego de la conclusión de este proceso electoral. Es decir, se suspendieron las elecciones primarias (que en el Perú son abiertas, simultáneas y obligatorias).
Históricamente las constituciones, como reacción al “Antiguo Régimen”, pretendieron prioritariamente contener al (nuevo) Poder dentro de límites precisos y acotados. Para ello emplearon diversas técnicas tales como la división de poderes y los derechos de las personas. No en vano la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789), en su artículo 16, planteó tajantemente que “Una sociedad en la que la garantía de los derechos no esté asegurada, ni la separación de los poderes determinada, no tiene Constitución”.
La decisión del empleador de entregar a los dependientes un comprobante de los descuentos efectuados, sean legales o voluntarios, estos deben constar en las respectivas liquidaciones de remuneraciones, de acuerdo a lo señalado en el inciso 3º del artículo 54 del Código del Trabajo,
De los 193 Países Miembros de la ONU, ni siquiera en un tercio, rigen democracias plenas, que cumplen los fundamentos esenciales del sistema, con elecciones abiertas, informadas, libertades, y posibilidad de que el opositor pueda acceder al poder.
