Artículos de Opinión
Estados Unidos y las protestas.
Demuestran claros excesos en la contención de ilícitos por policías locales y estatales, debido a que las reglamentaciones no están unificadas, y difieren en cada Estado, aun entre Condados, donde la dureza en los arrestos para impedir fugas, los producen. Sólo las agencias federales, actúan bajo una sola autoridad.
Fraudes bancarios y modificación a programas de cumplimiento en materias de consumo financiero.
La entrada en vigor de la Ley que limita la responsabilidad de titulares y usuarios de tarjetas de pago y transacciones electrónicas (Ley 21.234 o Ley), entrega una nueva protección a los consumidores estableciendo un régimen de responsabilidad objetiva de los emisores o prestadores de dichos servicios y obligándolos a adoptar las medidas de seguridad necesarias para evitar perjuicios a los usuarios.
El empleo desmedido de la fuerza policial en los Estados Unidos es violación a los Derechos Humanos; y en Venezuela, un procedimiento de rutina.
Solo entre los meses de enero y mayo de 2019 en Venezuela hubo 50 personas asesinadas por los funcionarios del Estado en las manifestaciones, y las personas en diversos países que se autoproclaman defensores de los Derechos Humanos (DD. HH) abanderados en el caso Floyd guardaron silencio.
Derecho Humano de acceso al agua potable y la facultad de suspender el suministro por no pago: El caso de los servicios sanitarios rurales.
Es importante replantear la facultad que tienen los prestadores de servicios sanitarios de suspender de manera total el suministro de agua potable, por morosidad de los usuarios, sobre todo en aquellos servicios que nazcan de lo comunitario, como es el caso de los servicios sanitarios rurales.
Egob, open data y acceso a la información pública.
La propuesta y una Política Pública de Datos Abiertos son esenciales, y constituyen una derivada inherente a los procesos de Egob que técnica y funcionalmente facilitan disponibilizarlos. Pero es un ámbito que no busca evitar -directamente- corrupción o faltas de probidad sino permitir control social.
Un necesario aceite a la Sala de Máquinas de la Constitución.
Durante muchos años se advirtió de sus problemas, los movimientos sociales eran manifiestamente claros en evidenciar que existía una falla en la Sala de Máquinas Constitucional. Largos ríos de tinta han corrido explicando aquello. Por ello a futuro necesitamos de un aceite que vaya ajustando aquellos engranajes que están oxidados.
Proyecto anti colusión y la acción penal: una discusión inadmisible.
El proyecto anti colusión ve hoy sorpresivamente entrampada su tramitación legislativa a raíz de una discusión parlamentaria ya resuelta por la Ley N°20.945: la titularidad de la acción penal para el delito de colusión. Lo que a primera vista parece ser una mera disputa sobre las virtudes del sistema de libre competencia nacional, refleja una situación aún más preocupante: la transgresión de los parlamentarios a las normas que rigen su labor legislativa.