Frente a los intentos de justificar el uso irrestricto de la fuerza por parte del Estado, este artículo refuta la tesis de que bastan normas del Código de Justicia Militar para regular la función policial. A la luz del derecho internacional de los derechos humanos, se argumenta que una legislación clara, específica y vinculante no solo protege a la ciudadanía, sino que fortalece la legitimidad y eficacia de las instituciones encargadas del orden público.