Podemos señalar que, desde marzo a la fecha, los juzgados de policía local dejaron de funcionar. Principalmente demandas relacionadas con accidentes de tránsito y con materias relativas a la ley del consumidor individual, han quedado a la deriva.
Si el proceso para una nueva constitución implica crear o modificar algunas instituciones políticas básicas, será de gran trascendencia efectuar la respectiva implementación legal de dichas nuevas disposiciones de manera oportuna.
La pandemia inflinge sufrimiento y privaciones. También socava la confianza en el futuro, frustrando esperanzas y planes, dejándonos confundidos y desorientados. Sin embargo, también hay cambios alentadores, que, a menudo, aceleran procesos en camino antes de la pandemia.
Es hoy en día, por sobre todo, un acuerdo social que para ser efectivo requiere legitimidad, es decir, que todos los que vayan a ser regidos por ella estén de acuerdo en su contenido.
El hecho de que el partido político decida quien reemplazara a un parlamentario en ejercicio, en mi opinión, genera una pugna con la verdadera voluntad ciudadana del distrito o circunscripción que eligió a dicho parlamentario.
La Corte ha tenido en cuenta que diversos derechos pueden verse afectados a partir de problemáticas ambientales y que ello «puede darse con mayor intensidad en determinados grupos en situación de vulnerabilidad», entre los que se encuentran los pueblos indígenas.
Los informes psicosociales, tal cual como hoy día son concebidos, no constituyen elementos confiable para la toma de decisiones y pensar de los hechos tristes y dolorosos que han sido provocados por personas privadas de libertad bajo el tulelaje de la libertad condicional, no resulta sensato pensar que se deba dar más credibilidad a artefactos técnicos que adolecen de los mínimos estándares metodológicos.
El poder disciplinario del empleador no es un poder absoluto ya que tiene límites, restricciones y requisitos y no está por encima de ningún ordenamiento jurídico.
El sistema actual, que podemos denominar mixto, tal como ocurre en el Poder Judicial, con intervención de dos entes (Corte de Apelaciones y Municipalidad), no existe claridad en cuanto a los requisitos para ser juez, más que la norma del artículo 3 del Decreto 307 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nro 15.231, que exige ser abogado (el resto inaplicable en la especie).
En Chile, los impuestos solo se pueden establecer a través de un proyecto de ley, mensaje, impulsado únicamente desde el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, su tramitación debe iniciarse en la cámara de Diputados para luego concluir en el Senado como cámara revisora.
Es necesario entender que el respeto de los derechos de los pueblos indígenas, en particular el derecho a la identidad cultural, y como ha dicho la Corte IDH, constituye un presupuesto de nuestros sistemas democráticos, más allá de la resolución sobre su vigencia en un caso en particular, porque su alcance colectivo incide en la propia convivencia y estabilidad democrática.
Las clases on line exponen con mayor frecuencia a los profesores al uso no autorizado de su producción intelectual así como de su imagen, por ello resulta conveniente considerar cuáles son los derechos y las posibilidades de protección con que hoy se cuenta.
Sin duda, que la presentación y aprobación mociones inconstitucionales y el desprecio a las reglas constitucionales del juego en el Poder Legislativo chileno, se ha tomado la agenda política y dogmática parlamentaria en el presente año.
El desarrollo de la sociedad y la creciente digitalización de la vida laboral han puesto en evidencia la importancia del rol del Estado en la Transformación Digital de la sociedad. El Estado no está ajeno a dicho fenómeno y en el contexto actual de implementación de la ley 21.180 de Transformación Digital del Estado se requiere contar con estándares robustos y actualizados para proteger la información y derechos de las personas, se evidencia entonces la necesidad de actualizar la norma de seguridad del estado que data del año 2005.
El caso de «La manada» puso en el tapete la necesidad de revisar nuestros umbrales normativos a la hora de enfrentar estos delitos, en especial de la valoración efectuada por los jueces para alcanzar una convicción que permita superar la presunción de inocencia.
