El quid jurídico de lo debatido que me corresponde analizar es si aquel acto fraudulento (caso seguros) en su carácter de representante sindical puede importar una falta de la probidad del trabajador, más allá de las responsabilidades de índole jurídica y su eventual responsabilidad que pudieran ocurrir en sedes extra-laborales.
Las constituciones pueden otorgar a tribunales competencias para declarar inconstitucionales las leyes. Si se opta por ello, se debe optar además por el tipo de tribunales al que se confía dichas competencias; cuándo y cómo pueden ellas ejercerse, y cuáles son los efectos de su ejercicio. El artículo explora estas posibilidades en el derecho comparado y en el desarrollo histórico del derecho constitucional chileno.
Creemos que la digresión es pertinente: Mientras los primeros se erigen como derechos, reconocimientos o enfoques (SIC) oponibles por la sociedad en su amplio espectro a la Convención, los segundos comportan obligaciones de la Convención propiamente tal, en cuanto a deberes de actuación mínimos exigibles en el desempeño del mandato democrático.
El elemento nuclear diferenciador de la libertad de información respecto de la expresión radica en su objeto: si ésta última tiene como objeto, la idea, la de aquella es la noticia o el dato, el conjunto de hechos considerados noticiables, la noticia, siendo el valor protegido por esa libertad el interés de todos en conocer los hechos de actualidad que pueden tener trascendencia pública.
En dicho reportaje se expone que el 27 de febrero de 2020 en el Festival de Viña del Mar se conmemoró el décimo aniversario del terremoto del 27F, razón por la cual se mostró a tamaño gigante la icónica imagen del “hombre de la bandera”. Bruno Sandoval, el protagonista de la instantánea tomada en medio de los escombros de la localidad de Pelluhue, acusó que nadie le pidió autorización para utilizar la foto en el festival.
El acceso a la justicia como derecho humano implica la posibilidad de llevar nuestras pretensiones a un tribunal para que nuestros derechos sean protegidos de manera efectiva y bajo ciertas condiciones mínimas que aseguren un debido proceso. Desde un sentido amplio, el acceso a la justicia es un derecho en virtud del cual los Estados deben garantizar a los individuos no solo el derecho de acceder al proceso judicial, sino también a cualquier instancia pública que permita obtener una reparación o tutela efectiva de las necesidades legales de la población.
La independencia judicial tiene por objeto asegurar que las autoridades legislativas y de gobierno no puedan utilizar sus competencias legales para procurar que un caso sea resuelto ignorando el derecho. La independencia se garantiza, en primer lugar, limitando las competencias legales para afectar la posición de un juez. En particular, las autoridades legislativas y de gobierno deben carecer de competencia para remover a un juez, para trasladarlo contra su voluntad, o para disminuirle su sueldo. En segundo lugar, la independencia se garantiza prohibiendo a las autoridades sustraer un asunto de la decisión de un juez.
Diversos contenidos difundidos especialmente en la plataforma social Twitter forman parte de un esfuerzo de los talibanes por establecer su autoridad y legitimar su dominio en todo Afganistán mediante el uso de las redes sociales. Al publicar en Facebook y YouTube, los talibanes han desafiado las prohibiciones de esas plataformas.
En nuestro derecho, el artículo 98 del Código Civil define a los esponsales, señalando que «Los esponsales o desposorio, o sea la promesa de matrimonio mutuamente aceptada, es un hecho privado, que las leyes someten enteramente al honor y conciencia del individuo, y que no produce obligación alguna ante la ley civil.
He seleccionado 5 Objetivos de Desarrollo Sostenible porque nos recuerdan, como se expone en la Agenda 2030, que los derechos humanos son fundamentales para dar forma a la respuesta que los estados adoptan frente a la pandemia a través de la implementación de su política de gobierno.
La simulación y el subterfugio mantienen su autonomía material respecto del fenómeno de la unidad económica y, por ende, resultan también aplicables a hipótesis distintas de la prevista en el artículo 3° inciso cuarto del Código del Trabajo.
El presente artículo tiene por objeto analizar a la invalidación, como una respuesta de la administración frente a sus propios actos contrarios a derecho, estableciendo un procedimiento reglado, contemplado en los artículos 53° y siguientes de la Ley N° 19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos, que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado (LBPA), sus características, jurisprudencia judicial y administrativa dictada para tales efectos.
La Corte IDH resalta que los riesgos que impone la reelección presidencial indefinida para la democracia en la región se han concretado. Por tanto, este Tribunal concluye que la habilitación de la reelección presidencial indefinida obstaculiza que otras fuerzas políticas distintas a la persona a cargo de la Presidencia puedan ganar el apoyo popular y ser electas, afecta a la separación de poderes, en el general, debilita el funcionamiento de la democracia.
Hemos de tener presente que a quienes conforman el órgano constituyente les asiste la inviolabilidad por los juicios y opiniones que manifiesten en las sesiones de sala o de pleno, en las mismas condiciones que a los parlamentarios – artículo 134 de la Constitución – me parece que el problema no se vincula con los derechos de los y las convencionales sino con el rol y naturaleza del órgano constituyente.
No sólo a personas de notoriedad pública o que desarrollan una actividad comercial en torno a su imagen se les puede afectar por su uso no consentido de la misma, sino que también en casos de personas privadas respecto de los que se haga un uso de su imagen sin su consentimiento.
