En un contexto como el actual, donde el desarrollo de las técnicas para captar, transmitir, manejar, registrar, conservar o comunicar los datos relativos a las personas físicas constituidos por sonidos e imágenes es rápido, vertiginoso y cada vez más simple si se usan dispositivos móviles, se necesita un blindaje jurídico idóneo a los «tratamientos» que afectan a dichos datos.
No es conveniente ni aceptable que se genere a través de medidas coercitivas o políticas impositivas, las cuales llevan a extremos absurdos o que violentan la libertad de elegir y tomar decisiones, sobre lo suyo propio, a ciudadanos y entidades del sector privado. Tampoco es conveniente que se imponga a los Poderes del Estado.
Una nueva sociedad que supere las heridas de la lejanía y distancia entre compatriotas, que libere el país de las desconfianzas y resentimientos, que sea esperanza para los trabajadores y empleadores para trabajar por el nuevo porvenir de un Chile despierto, solidario, humano, comunitario y justo, requiere que establezcamos un Estado Social y de Derecho. De lo contrario todo ha sido en vano y no podremos salir nunca de la crisis y cuestión social en que vivimos: es reforma o barbarie
La incorporación de la libertad de investigación científica y el derecho a gozar de los beneficios de la ciencia en el texto constitucional es de gran importancia para el adecuado desarrollo de la actividad científica, el acceso a los resultados de su ejercicio y la realización de los demás derechos fundamentales. En esta y otra columna, me referiré a su contenido, evolución y la importancia de su constitucionalización.
La lista de los derechos humanos reconocidos internacionalmente no se ha mantenido invariable. A pesar de que ninguno de los enumerados en la Declaración Universal se ha puesto gravemente en entredicho durante los más de 60 años de su existencia, los nuevos tratados y documentos han aclarado y desarrollado aún más algunos de los conceptos básicos que se establecen en este documento original.
El propósito central del juicio para Chile, consiste en que la Corte decida y declare que el río Silala es internacional, por lo que tiene un uso compartido y no exclusivo de Bolivia, como lo sostiene, así como preservar su uso equitativo y razonable, sin perjudicarlo, según normas generales.
Al igual que otros derechos y garantías constitucionales, hay que considerar que este derecho de los animales no humanos a una vida libre de maltrato no es absoluto. Desde ya se ha advertido que esta garantía colisionará con otras como el derecho a la propiedad y la libertad económica, pues la explotación de los animales solo podrá realizarse sin que medie maltrato animal, cuestión que deberá ser resuelta con un test de ponderación.
La falibilidad humana, a la que no son para nada ajenos los jefes de servicio, ni funcionarios públicos, hacen que muchas veces estas medidas se ejerzan abusivamente, solo en contra de algunos y no en contra de otros, siendo copiosos los ejemplos, tales como el mal denominado “financiamiento irregular de la política”, “caso Johnson’s”, etc. donde se terminan endureciendo los criterios, pero para las personas comunes y corrientes, sin lograr disminuir en ningún caso sustancialmente la evasión, por lo que para cubrir el déficit, vuelven a subirse los impuestos, que afectan sustancialmente a la clase media.
El siguiente artículo pretende aportar elementos para la discusión y debate, en un tema que dice relación con la legalidad y constitucionalidad del secreto del sumario en su etapa de investigación. Esta temática y la posición jurídica que nuestras instituciones adopten, tendrá consecuencias en cuanto al adecuado ejercicio del derecho a defensa y del respeto al debido proceso. Aborda la división existente entre la interpretación que adopta la Contraloría General de la República y la que adopta el Tribunal Constitucional y aporta elementos de análisis para considerar que el actual criterio del órgano contralor, no es coherente con la evolución legislativa, constitucional y política de nuestro país.
El sistema internacional vigente, se ha visto trastocado. Rusia, uno de sus principales responsables, ha decidido romperlo. Paralizado por su veto, el Consejo de Seguridad ha dejado de cumplir con su obligación principal. Por tanto, se ha recurrido a la Resolución Unión Pro Paz (377 (V) de 1950), luego de 25 años.
Más allá de aquella consideración, de índole constitucional, el debate posterior se debe reconducir a discutir la existencia de un Código de Contravenciones o de Justicia Local y/o Vecinal, que permita incluir variadas alternativas de resolución de conflictos, un marco de competencias y, evidentemente, un sistema de principios sobre los cuales se desarrollen los aspectos funcionales de solución de controversias.
Sin perjuicio de que se mantienen para la Corte Constitucional, las funciones y competencias que actualmente detenta el TC, se agrega otra atribución, esto es, el conocimiento en segunda instancia de las acciones de protección y recursos de amparo. Finalmente, la iniciativa plantea que las decisiones que serán tomadas por este nuevo órgano, resulten vinculantes para los demás órganos públicos, en contra de las cuales no procederá recurso alguno.
El tribunal sentenció que la decisión de la aseguradora fue tomada en base a una disposición reglamentaria contraria a los derechos humanos (DD.HH.), especialmente respecto de la obligación de regulación de los servicios de salud prestados por particulares. Igualmente, la Corte advirtió que, si bien posteriormente el régimen de hospitalización domiciliaria fue restituido a la menor en virtud de una decisión arbitral, y la disposición aplicada fue modificada, el riesgo de afectación a los derechos de la niña continúa hasta la fecha.
Según la última encuesta CADEM, 54% de las personas interrogadas preferirían un Estado unitario descentralizado con gobiernos regionales, consejos regionales, comunas y consejos. No obstante las declaraciones y deseos, conforme el art. 1 de la comisión de Forma del Estado, aprobado por el Pleno de la Convención Constitucional, Chile continuará siendo un Estado unitario, descentralizado administrativamente, como lo es actualmente.
La propia enmienda legal incorporó el art. 9 al Decreto Ley N° 321 que dispone que al momento de la postulación se debe aplicar el nuevo régimen jurídico. A pesar de la evidente inconstitucionalidad de la norma, la jurisprudencia de la Corte Suprema ha asentado el mismo criterio, es decir, los nuevos requisitos deben aplicarse a todas las personas privadas de libertad, incluyendo aquellas que han sido condenadas por delitos cometidos con anterioridad a la dictación de la mencionada Ley N°21.124.
