Si bien las nuevas competencias son asignadas al Gobierno Regional, como estructura orgánica propiamente tal, ello implica como consecuencia nuevas funciones para el Gobernador Regional, por ejemplo, en materia de desarrollo social y humano, infraestructura, transporte y fomento productivo, ordenamiento territorial.

Las normas internacionales de protección de datos y las  normas locales, constitucional y legales, obedecen al criterio simple para asignarle tal calidad de que se permita por su intermedio identificar o hacer identificable a una persona natural, lo que en la especia se hace directamente.

El llamado “despido disciplinario” (que congloba las causales del art. 160 del Código del Trabajo) no debería ser considerado una sanción legalmente procedente frente a meras infracciones del reglamento interno de orden, higiene y seguridad.

No es necesario tropas, invasiones, bombardeos y otras formas de agresión, para derrotar completamente al adversario. Las hay menos violentas, aunque de iguales efectos devastadores, como impedirles su comercio, competencias desleales, desabastecimiento de bienes y servicios, imposición de condiciones de todo tipo, negación de acceso al progreso electrónico o simplemente, intervenirlo haciéndolo inservible; y hasta negarles medicamentos (o las vacunas en la actualidad).

Con todo, bien sea una variante nueva o antigua, las medidas de protección que se deben tomar para mantenerse a salvo del COVID-19 siguen siendo las mismas: practicar el distanciamiento social, evitar las reuniones sociales y familiares, especialmente los grupos grandes y los eventos que se llevan a cabo en interiores, usar cubre bocas cuando se esté en espacios públicos y quedarse en casa, si se siente mal. Medidas tan repetidas que de antiguas son las más eficaces

Lo primero a señalar es que con ella la Convención Constitucional no se extralimita en sus funciones. Bien señala «no pretender interferir ni arrogarse competencias o atribuciones de otros órganos», pues los proyectos de ley señalados les corresponde a los órganos colegisladores al igual que el indulto a los presos políticos del Wallmapu, mientras que las querellas invocando la Ley de Seguridad Interior del Estado es una decisión del Ejecutivo, y mal podría una declaración exceder esos límites, pues no está atribuyéndose ni el poder Ejecutivo ni el Legislativo.

Me es digno de señalar mi preocupación tanto a nivel sanitario como a nivel legal, en vista de las reiteradas faltas suscitadas en diversos recintos religiosos en los cuales se infringe la normativa sanitaria impuesta en el mundo entero, en paralelo a nuestra precaria legislación a nivel de cultos a nivel país.

El Tribunal precisa que suele considerarse como Poder Constituyente a la facultad por la cual el pueblo, en cuanto titular de la soberanía, decide instituir un orden constitucional. Se trata de una fuerza y autoridad (política) capaz de crear, de sustentar y de cancelar la Constitución en su pretensión normativa de validez.

Al analizar la relación entre las normas del derecho internacional de los derechos humanos y las constitucionales, y luego de hacer mención del artículo 5°, inciso segundo del actual texto constitucional, la Corte concluye que los tratados sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentran vigentes tienen rango supraconstitucional.

Corte Suprema rechaza recurso de unificación y declara que la Corte de Apelaciones de Valparaíso interpretó acertadamente la ley al rechazar recurso de nulidad que alegaba la incompetencia de los tribunales del trabajo para conocer tutela laboral de funcionario de las FFAA.

Como está dicho, el Estado de Chile se ha parapetado en el artículo 2 de la Ley Indígena, elaborado sin anuencia ni participación indígena y entendiendo que las condiciones para acceder a la certificación de la calidad de indígena son “numerus clausus”.

La aceptación y aplicación práctica de la conciliación como un instituto procesal en las reclamaciones ambientales como un medio alternativo de solución a los conflictos medioambientales, acrecienta la garantía de acceso a la justicia ambiental y resulta beneficioso, pues permite llegar a soluciones no adversariales, de amplia aceptación y, por tanto, potencialmente duraderas.

La investigación de malicia real analiza la creencia subjetiva de los demandados en cuanto a la veracidad o falsedad de los informes de noticias en el momento de la publicación y requiere que los demandantes establezcan que los acusados ​​publicaron los informes de noticias con conocimiento real de que eran falsos o con un «alto grado de conciencia ”de la“ probable falsedad”.

La segunda situación, más conocida como fiesta clandestina, pareciera calzar con la exigencia del 318, y así incluso lo señaló la Corte en ese caso, pues hizo referencia a si el sujeto hubiere ido camino a algún evento de esa naturaleza, aunque ahí, sin llegar aún al evento, no cuadraría con el 318 consumado. No obstante, si el sujeto está en el evento sin respetar cuarentena, toque de queda, aforos máximos y aun medidas mínimas como usar mascarillas, claramente se cumpliría el supuesto factico del 318, correspondiendo en ese caso la pena en cuestión. 

Con la video vigilancia mediante drones habrá siempre un operador o humano responsable del tratamiento que afecta a la imagen propia de una persona y, como constituye un dato personal, las exigencias, requisitos y restricciones de las normas de protección de datos personales deben ser un mecanismo jurídico idóneo para ordenar su uso y evitar posibles abusos.