Las dIP son una especie de dato personal que hace identificable a una persona pero sin que a ella le pertenezca en propiedad, constituyendo sólo un mero tenedor que la alquila durante el arriendo que ha suscrito y pagado con el ISP.
Demuestran claros excesos en la contención de ilícitos por policías locales y estatales, debido a que las reglamentaciones no están unificadas, y difieren en cada Estado, aun entre Condados, donde la dureza en los arrestos para impedir fugas, los producen. Sólo las agencias federales, actúan bajo una sola autoridad.
La entrada en vigor de la Ley que limita la responsabilidad de titulares y usuarios de tarjetas de pago y transacciones electrónicas (Ley 21.234 o Ley), entrega una nueva protección a los consumidores estableciendo un régimen de responsabilidad objetiva de los emisores o prestadores de dichos servicios y obligándolos a adoptar las medidas de seguridad necesarias para evitar perjuicios a los usuarios.
Solo entre los meses de enero y mayo de 2019 en Venezuela hubo 50 personas asesinadas por los funcionarios del Estado en las manifestaciones, y las personas en diversos países que se autoproclaman defensores de los Derechos Humanos (DD. HH) abanderados en el caso Floyd guardaron silencio.
Nos enfrentaremos al fin de múltiples paradigmas y se requerirá repensar el modelo económico, establecer nuevas formas de inserción de la región y nuevas alternativas de reactivación. En otras palabras, un capitalismo menos capitalista.
Doña Matilde, la tercera mujer en obtener un título profesional desde la vigencia del Decreto Amunátegui firmado en Viña del Mar en febrero de 1877, y que permitió a las jóvenes ingresar a la Universidad.
Es importante replantear la facultad que tienen los prestadores de servicios sanitarios de suspender de manera total el suministro de agua potable, por morosidad de los usuarios, sobre todo en aquellos servicios que nazcan de lo comunitario, como es el caso de los servicios sanitarios rurales.
Si bien las funas pueden realizarse posteriormente a una declaración judicial, que establezca la inocencia o culpabilidad del funado, los efectos más perniciosos de estas se producen cuando no ha mediado pronunciamiento de un tribunal.
El derecho de educación, al tener vital importancia en el desarrollo intelectual de la persona humana y de la sociedad chilena, debería contar con un mecanismo de tutela y protección constitucional que lo ampare en forma «directa» en caso de cualquier vulneración del mismo.
La persona señalada o «funada» de hechos supuestos se convierte en víctima por la deshonra y el descrédito que atentan contra su imagen, su honor, privacidad y en muchos casos, por la falsedad de los hechos que se le atribuyen.
La propuesta y una Política Pública de Datos Abiertos son esenciales, y constituyen una derivada inherente a los procesos de Egob que técnica y funcionalmente facilitan disponibilizarlos. Pero es un ámbito que no busca evitar -directamente- corrupción o faltas de probidad sino permitir control social.
Durante muchos años se advirtió de sus problemas, los movimientos sociales eran manifiestamente claros en evidenciar que existía una falla en la Sala de Máquinas Constitucional. Largos ríos de tinta han corrido explicando aquello. Por ello a futuro necesitamos de un aceite que vaya ajustando aquellos engranajes que están oxidados.
El proyecto anti colusión ve hoy sorpresivamente entrampada su tramitación legislativa a raíz de una discusión parlamentaria ya resuelta por la Ley N°20.945: la titularidad de la acción penal para el delito de colusión. Lo que a primera vista parece ser una mera disputa sobre las virtudes del sistema de libre competencia nacional, refleja una situación aún más preocupante: la transgresión de los parlamentarios a las normas que rigen su labor legislativa.
El ejercicio del dominio del titular sobre su unidad puede ser limitado válidamente por el reglamento de copropiedad, en cuanto este determina el uso que debe tener cada unidad. Los fundamentos de la limitación pueden ser, el derecho otro propietario o el interés colectivo.
El derecho internacional ha dado respuesta convencional (tratados) y en la interpretación de tratados (sentido y alcance) de las normas jurídicas contenidas en los tratados y su argumentación (fundamentación, concatenación lógica de razones).
