En los últimos años, hemos visto como Chile ha cambiado, y nuestro Colegio no ha estado ajeno a esas transformaciones, pero lo hemos hecho sin olvidar nuestro pasado e historia, con la mirada puesta hacia adelante, hacia el futuro de nuestra profesión.
Si los padres no pueden pagar el tratamiento ¿debe financiarlo el Estado? La Administración sostiene que no es su deber. Los tribunales piensan distinto.
El presente trabajo tiene por objeto analizar las limitaciones establecidas a los derechos humanos fundamentales desde la perspectiva de su convencionalidad a la luz de los instrumentos internacionales que los reconocen.
Esta desesperada lucha contra el Covid-19 ha hecho olvidar a los estados victimados, la evidente responsabilidad de sus creadores y difusores, cobardemente ocultos hasta ahora en el anonimato.
Creemos que si es posible afirmar que el solo argumento de vigencia legal de algunas disposiciones, no basta para sustentar la aplicación de la misma, obviándose los casos concretos en los cuales impactará dicha aplicación; lo cual se justifica por diversas razones.
El derecho de los funcionarios a ser defendidos de los ataques que el precepto señala constituye un derecho, no un simple beneficio o gracia concedida por la institución pública.
Atendidas las características del proceso constituyente chileno, y al margen de le legítima posición que cada cual tenga respecto de la necesidad de cambiar la Carta Constitucional de 1980, no cabe duda, al menos para este profesor universitario, que estamos frente a un proceso revestido de las garantías de la democracia.
El no ser oído el jactancioso, como efecto de la condena de jactancia, es lisa y llanamente la pérdida de su derecho de acción o de comparecer a Tribunales a fin de obtener un pronunciamiento de fondo en un procedimiento racional y justo (artículo 19 número 3 de la Constitución Política), por el derecho que señaló pertenecerle y que no estaba disfrutando.
Si bien la moción parlamentaria es destacable, desde el punto de vista que permite la modernización, no del proceso de policía local, sino de las formas de como puede llevarse a cabo una diligencia puntual, permitiría un ahorro considerable de tiempo para los usuarios del servicio judicial local.
Ante uno y otro escenario, el límite de la soberanía se encuentra en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Al mismo tiempo, no solo deben verse estos como un límite, sino que como un ideal a seguir, el consenso que puede generar una sociedad democrática que es el respecto, promoción y protección de los Derechos Humanos.
Las últimas tensiones económicas, políticas y militares entre China y los Estados Unidos están generando un interés global sobre el escenario que dominará sus relaciones bilaterales resultado de la respectiva Política Exterior de cada uno de ellos. En este contexto, el Indo-Pacífico se vislumbra como el área de mayor interacción y donde el «encuentro-desencuentro» de estos países debería producir nuevas discrepancias.
¿Es necesaria la nueva Constitución o el descontento social se podría arreglar sólo con leyes? ¿Qué significa que una Constitución sea legítima? ¿Qué es eso de la hoja en blanco? En esta oportunidad queremos reunir éstos y otros conceptos claves y darles un significado sencillo, accesible. Para todos. Porque mientras más personas entendamos este proceso, más personas participarán de este importante hito de nuestra historia republicana.
0tro elemento que tienen en común ambas iniciativas, aprobación del proyecto del 10% y la acusación constitucional presentada en contra de la Ministra Donoso (además de la adhesión política), es el precedente que posibilita la presentación de proyectos de la misma naturaleza y el posible precedente que se formará con la acusación constitucional en caso de prosperar.
Al no existir comunicación o cruce de todas las obligaciones que una persona tiene con los diversos actores del sistema, y que si pueden ser comunicadas, se provoca un daño al sistema económico en cuanto a conocer con certeza el grado de la deuda de una personas.
Si bien la excepción de ilegalidad se encuentra estrechamente vinculada a la inaplicación tácita de reglamentos ilegales, su operatividad como mecanismo de tutela de derechos, la convierte también en un mecanismo idóneo para analizar la eficacia de actos administrativos en sentido estricto.
