Es muy común escuchar a quienes ejercen una potestad pública (que no necesariamente son ‘autoridades’ en el genuino sentido de la palabra), atacar a un sector o a otro en aras de impulsar modificaciones legales sistémicas que en nada ayudan a las personas que serán destinatarios finales de las mismas.
Afganistán regresa a uno de sus más lamentables períodos, la era Talibán. Un destino trágico que se suma a la convulsionada constante histórica de un país siempre confrontado entre sí o con extranjeros, desde tiempos remotos. Clanes y facciones en guerra constante, irreductibles, por territorios, drogas, honor, o conflictos ancestrales.
La nueva Constitución debe asegurar que los jueces estén sometidos únicamente a la ley y, con tal objeto, debe garantizar su independencia. Para lograr la efectiva vinculación de los jueces a la ley, la Constitución debe ser cuidadosa en la forma en que autoriza a los jueces a resolver aplicando directamente el derecho internacional y la propia Constitución.
En estas Elecciones Congresales Extraordinarias participaron 21 de los 24 partidos políticos que contaban con inscripción vigente, según el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones. De esos 21 partidos políticos tan solo 9 lograron alcanzar curules: Acción Popular (25), Alianza Para el Progreso (22), FREPAP (15), Fuerza Popular (15), Unión Por el Perú (14), Podemos Perú (11), Somos Perú (10), Frente Amplio (9) y Partido Morado (9).
El quid jurídico de lo debatido que me corresponde analizar es si aquel acto fraudulento (caso seguros) en su carácter de representante sindical puede importar una falta de la probidad del trabajador, más allá de las responsabilidades de índole jurídica y su eventual responsabilidad que pudieran ocurrir en sedes extra-laborales.
Las constituciones pueden otorgar a tribunales competencias para declarar inconstitucionales las leyes. Si se opta por ello, se debe optar además por el tipo de tribunales al que se confía dichas competencias; cuándo y cómo pueden ellas ejercerse, y cuáles son los efectos de su ejercicio. El artículo explora estas posibilidades en el derecho comparado y en el desarrollo histórico del derecho constitucional chileno.
Creemos que la digresión es pertinente: Mientras los primeros se erigen como derechos, reconocimientos o enfoques (SIC) oponibles por la sociedad en su amplio espectro a la Convención, los segundos comportan obligaciones de la Convención propiamente tal, en cuanto a deberes de actuación mínimos exigibles en el desempeño del mandato democrático.
El elemento nuclear diferenciador de la libertad de información respecto de la expresión radica en su objeto: si ésta última tiene como objeto, la idea, la de aquella es la noticia o el dato, el conjunto de hechos considerados noticiables, la noticia, siendo el valor protegido por esa libertad el interés de todos en conocer los hechos de actualidad que pueden tener trascendencia pública.
En dicho reportaje se expone que el 27 de febrero de 2020 en el Festival de Viña del Mar se conmemoró el décimo aniversario del terremoto del 27F, razón por la cual se mostró a tamaño gigante la icónica imagen del “hombre de la bandera”. Bruno Sandoval, el protagonista de la instantánea tomada en medio de los escombros de la localidad de Pelluhue, acusó que nadie le pidió autorización para utilizar la foto en el festival.
El acceso a la justicia como derecho humano implica la posibilidad de llevar nuestras pretensiones a un tribunal para que nuestros derechos sean protegidos de manera efectiva y bajo ciertas condiciones mínimas que aseguren un debido proceso. Desde un sentido amplio, el acceso a la justicia es un derecho en virtud del cual los Estados deben garantizar a los individuos no solo el derecho de acceder al proceso judicial, sino también a cualquier instancia pública que permita obtener una reparación o tutela efectiva de las necesidades legales de la población.
La independencia judicial tiene por objeto asegurar que las autoridades legislativas y de gobierno no puedan utilizar sus competencias legales para procurar que un caso sea resuelto ignorando el derecho. La independencia se garantiza, en primer lugar, limitando las competencias legales para afectar la posición de un juez. En particular, las autoridades legislativas y de gobierno deben carecer de competencia para remover a un juez, para trasladarlo contra su voluntad, o para disminuirle su sueldo. En segundo lugar, la independencia se garantiza prohibiendo a las autoridades sustraer un asunto de la decisión de un juez.
Diversos contenidos difundidos especialmente en la plataforma social Twitter forman parte de un esfuerzo de los talibanes por establecer su autoridad y legitimar su dominio en todo Afganistán mediante el uso de las redes sociales. Al publicar en Facebook y YouTube, los talibanes han desafiado las prohibiciones de esas plataformas.
En nuestro derecho, el artículo 98 del Código Civil define a los esponsales, señalando que «Los esponsales o desposorio, o sea la promesa de matrimonio mutuamente aceptada, es un hecho privado, que las leyes someten enteramente al honor y conciencia del individuo, y que no produce obligación alguna ante la ley civil.
He seleccionado 5 Objetivos de Desarrollo Sostenible porque nos recuerdan, como se expone en la Agenda 2030, que los derechos humanos son fundamentales para dar forma a la respuesta que los estados adoptan frente a la pandemia a través de la implementación de su política de gobierno.
La simulación y el subterfugio mantienen su autonomía material respecto del fenómeno de la unidad económica y, por ende, resultan también aplicables a hipótesis distintas de la prevista en el artículo 3° inciso cuarto del Código del Trabajo.
