Luego de multitudinarias manifestaciones y violencia, se abre nuevamente la instancia de replantear el poder político, que ciertamente influirá en el orden económico y social, encausando a las mayorías. Para ello, hay múltiples alternativas, pero no todas correctas, pues de lo contrario podremos estar iniciando un proceso fallido.
Los problemas constitucionales no son problemas de derecho sino de poder.
Los problemas de injusticia social y de falta de equidad que presentamos como sociedad chilena no se resolverán a través de una nueva Constitución, pero sin lugar a dudas permitirá materializar cambios estructurales sustanciales que contribuyan a su resolución.
Lamentablemente, y no sólo en nuestro país, la clase política con frecuencia se transforma en oligarquías o «camarillas» políticas erosionando con ello su función natural.
La gestión de Macri, aunque lo intentó con las recetas tradicionales macroeconómicas, no pudo controlar la crisis para la vida corriente de la inmensa mayoría de los argentinos, acostumbrados a las facilidades de la era de ambos Kirchner, con casi todo subvencionado, que dejó el país lleno de deudas y estancado.
El criterio que usó el Constituyente para fijar el quórum de aprobación de las reformas constitucionales es meramente formal y no material, vale decir, dependerá exclusivamente del capítulo que se pretenda modificar y no del contenido mismo de la reforma.
Si bien, los estados de excepción constitucional pueden resultar coherentes con la lógica de la democracia, en aquellos casos en que se decide hacer uso de ellos, el Estado más que nunca debe tomar todos los resguardos y providencias que sean necesarios para impedir el atropello a los derechos de las personas por parte de sus agentes.
¿Cuáles son los estándares necesarios que justifican la limitación de Derechos Fundamentales a través de un Estado de Excepción? Y, en el caso de que sea justificado, ¿cuáles son los límites a las actuaciones discrecionales de los poderes públicos en los períodos de emergencia extraordinaria?
De acuerdo a nuestro ordenamiento constitucional es indubitable que corresponde al TC de manera exclusiva el control de constitucionalidad de las leyes y decidir si un precepto legal determinado entra en contradicción con la Constitución, para eventualmente declarar su inaplicabilidad por inconstitucionalidad.
La sentencia, la transacción o avenimiento aprobado judicialmente tienen mérito ejecutivo. El artículo 12 de la Ley número 14.908 establece un procedimiento sumarísimo de ejecución forzada, en el que sólo es admisible la excepción de pago.
Lo que sí queda en evidencia, como intentaré presentar en este breve artículo, es una cierta coincidencia de atribuciones constitucionales que no deja claro quién tiene la última palabra en Chile respecto a la interpretación de una parte nuclear de la Carta Fundamental: el capítulo tercero, «de los derechos y deberes constitucionales».
Lamentablemente, la sentencia dictada con fecha 25 de septiembre recién pasado en causa Rol N°14.927-2018 por la primera sala de la Corte Suprema viene, nuevamente, a establecer un grado de incertidumbre acera de si las denominadas sociedades de inversión pasiva se encuentran afectas al pago de patente municipal.
Pero, ¿había que modificar la OGUC? Pienso que no era necesario, pues la regla general se encontraba contenida en una ley especial, la 19.880 sobre procedimientos administrativos.
El choque entre ambos poderes públicos ha sido «frontal» en lo mediático, pero «por alcance» en lo formal, ya que desde el punto de vista jurídico no desestimó la sentencia que el TC pronunció respecto de la controversia que sometió a su conocimiento.
Destaca el creciente número de casos de empresas constructoras que han debido paralizar la ejecución de las obras, lo que ha provocado que los Servicios de Salud se hayan visto obligados a iniciar procedimientos de término anticipado de contratos (TAC) de forma unilateral.
