El suicidio laboral, como consecuencia extrema de riesgos psicosociales mal gestionados, evidencia una grave omisión en la normativa chilena. A pesar de los avances en prevención del acoso, la legislación aún no reconoce este fenómeno como un riesgo ocupacional, lo que contradice el deber constitucional de proteger la vida y la integridad psíquica de los trabajadores.