Se concluye que sería una inconsecuencia no aprobar el Protocolo referido, ya que nada de lo expuesto menoscabaría, en forma alguna, la independencia o soberanía del Estado chileno.
Es fácil decir que vivir en socialismo es bueno viéndolo de lejos, teniendo todos los días que comer, contar con buenos servicios públicos, poder ir donde uno quiera, teniendo la libertad de opinar en contra del sistema.
Lo que la sociedad busca no es que el Estado apadrine las aguas del mar, sino que genere los mecanismos necesarios y suficientes para que quién explote las aguas del mar, lo haga cumpliendo los estándares normativos adecuados para evitar su contaminación.
La nueva ley sobre tenencia responsable de mascotas («Ley Cholito») reguló un importante vacío en nuestra legislación, sin embargo, al clarificar el asunto de la propiedad de las mascotas, puede causar indirectamente un importante perjuicio a los grupos familiares.
A falta de normativa específica solo sobreviven las reglas generales de imperio de resoluciones judiciales, que pueden llegar a no ser suficientemente eficaces.
En no pocas oportunidades, más de las que quisiéramos por cierto, ellas están excediendo los límites que importan, entre otros, las funciones y atribuciones de las municipalidades, y nuestros derechos y libertades.
Al mejor estilo del fascismo, sea de formas pacíficas, a través de silenciosas involuciones autoritarias, lo evidente, es que democracia y derechos constitucionales pueden ser banalizados desde la cúpula con políticas legislativas anticonstitucionales, pero también desde abajo.
Normalmente, esta nueva etapa en la vida de los estudiantes es mirada con miedo, toda vez que es de público conocimiento que el estudio del derecho requiere mucha lectura y memoria.
La especulación en materia de aguas dejó de ser un negocio rentable, y este proyecto grava de forma inmisericorde a quien detente derechos y no los emplee en labores productivas o de bebida.
Al introducirse ahora una norma sobre cómo debe ser la promulgación de la ley se entra en una materia sobre la que el Código Civil nada quería decir.
Los venezolanos no privilegiados por Maduro y sus secuaces, al revés de la mayoría, en reemplazo de las necesidades básicas que carecen con urgencia, reciben discursos plagados de consignas obsoletas, amenazas e insultos, contra quienes tienen la valentía de ofrecerlos.
Un aspecto de la iniciativa legal que podría ser problemático, a saber: el nuevo delito que se propone incorporar exige, entre sus requisitos, que la víctima haya tenido «una razonable expectativa de privacidad» al momento de consentir en la producción del registro visual con contenido sexual.
El Derecho de la Judicatura se preocupa del estudio de los Tribunales de Justicia y auxiliares, y la actividad realizada por dichos agentes, dejando de lado la actividad procesal.
Lugares de acopio de abastecimientos, alimentos, medicinas y otros insumos de urgente necesidad, que la población hoy no dispone de manera dramática, podrían alterarlo todo.
Intentar una denuncia contra algún funcionario del Gobierno de Maduro no es viable ya que los expedientes desaparecen o no son tomadas las denuncias y en muchos de los casos, los denunciantes son detenidos y encarcelados al poco tiempo.
