El desarrollo de la sociedad y la creciente digitalización de la vida laboral han puesto en evidencia la importancia del rol del Estado en la Transformación Digital de la sociedad. El Estado no está ajeno a dicho fenómeno y en el contexto actual de implementación de la ley 21.180 de Transformación Digital del Estado se requiere contar con estándares robustos y actualizados para proteger la información y derechos de las personas, se evidencia entonces la necesidad de actualizar la norma de seguridad del estado que data del año 2005.

El caso de «La manada» puso en el tapete la necesidad de revisar nuestros umbrales normativos a la hora de enfrentar estos delitos, en especial de la valoración efectuada por los jueces para alcanzar una convicción que permita superar la presunción de inocencia.

Para el debate en curso, la determinación de si los datos de nombre, rut y domicilio deben ser parte de la esfera pública o de la esfera privada de una persona es un debate de fondo, que se sigue eludiendo junto a otros como el tratamiento de los datos sobre mora e insolvencia.

En el contexto del Covid 19 la situación económica y social de los migrantes en Chile, se ha visto seriamente afectada ya que las mismas limitaciones que han sufrido los nacionales con la cuarentena, como ha sido la pérdida de empleos, el empobrecimiento, y el estrés, lo han padecido los migrantes en un grado mayor a causa de su vulnerabilidad.

La aplicación de los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos a través de la aplicación de los tratados internacionales ratificados por Chile y vigentes por los Tribunales de Justicia ha sido un cambio de paradigma. Ello ha quedado demostrado con la consideración de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de la mujer, conocida como la Convención de Belem do Pará, logrando modificar criterios de interpretación de la normativa de rango legal, y, consecuencia de ello, revocar una sentencia.

La realidad en el presente escenario demuestra una conducta permisiva y la falta de carácter y compromiso con la región por parte de los gobiernos de América Latina y el Caribe, quienes ven en el ofrecimiento chino una oportunidad que hay que agradecer y no, una responsabilidad que hay que exigirles ante los hechos concretos.

En Chile esta singularísima forma de actuación de la Administración, lamentablemente, no está expresamente reconocida ni regulada por la Legislación (ni aun la Ley Nº 21.180, sobre Tranformación Digital del Estado, cuya vigencia está diferida, la aborda), no obstante ser ello muy necesario atendido el hecho que a través de ella se puede encauzar nada más ni nada menos que el ejercicio de potestades públicas que como tales podrían incidir en derechos de las personas.

No creo que exista otro profesional más en tela de juicio que los médicos, cualquier decisión que se tome al respecto por el profesional podría dar origen a una responsabilidad del mismo, en la eventualidad de cumplirse con los parámetros legales para configurarse esta responsabilidad.

La utilización de insultos o palabras poco adecuadas para tratarse entre ellos, la incitación al odio y desórdenes públicos, la realización de pasos de bailes o «performance» de programas animados en el hemiciclo, la presentación de mociones parlamentarias inconstitucionales o la inasistencia injustificada a las sesiones de sala y comisiones por encontrarse como panelistas en programas de televisión (matinales), son algunos ejemplos.

Llosa destaca que Borges no era un escritor prisionero por los barrotes de una tradición nacional, como puede serlo a menudo el escritor europeo, y eso facilitaba sus desplazamientos por el espacio cultural, en el que se movía con desenvoltura gracias a las muchas lenguas que dominaba.

El itinerario del plan de desconfinamiento nada dice sobre el estado de excepción constitucional de catástrofe, por lo que resulta necesario recordar la provisionalidad o temporalidad de los regímenes de excepción

Esta nota es parte de un estudio sobre los derechos del contribuyente, donde habiéndose advertido, un importante movimiento normativo, tanto, incorporando artículos, como sancionando leyes, es interesante apreciar, desde una perspectiva constitucional convencional, estas disposiciones y analizar si son suficiente. Esta primera nota indica que una regulación legal es más acorde.

La incorporación de la rama del «derecho constitucional bioético internacional» constituirá una renovación inclusiva desde la bioética/bioseguridad que reúna a los países miembros de la ONU y de la OEA, posibilitando mejores resultados a los casos sobrevinientes. La creación de comités de bioética nacionales y en la OEA/ONU coadyuvará notoriamente.

El proyecto no agrega ni quita nada de lo dispuesto en el artículo 19 Nº18 que reconoce el derecho a la seguridad social. Por lo tanto, para afirmar la validez de la disposición transitoria constitucional, se debe tener en consideración la regla general en materia de reforma constitucional y la práctica del Congreso Nacional.

En el caso de la pandemia que hoy vivimos las posibilidades de daño como consecuencias de la propagación de noticias falsas puede muy intenso. El gran riesgo es que cualquier falsedad que gane fuerza puede anular la importancia de un conjunto de hechos verdaderos.