Señala tres instrumentos jurídicos de mucha importancia de dicho derecho: la Declaración de Cartagena sobre Refugiados, de 1984, la Declaración de San José sobre Refugiados y Personas desplazadas, de 1994 y la Resolución 2/18 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre Migración forzada de personas venezolanas.
En Chile, al observar la Constitución Política de la República y la legislación nacional, es posible afirmar que el derecho al olvido no se encuentra consagrado expresamente.
En una decisión inédita, la justicia consideró que Francia cometió una “falta” al no mantener sus compromisos en la lucha contra el efecto invernadero.
En el caso del Retail, los consumidores quedan expuestos al estándar de cumplimiento que tenga dicho proveedor. En cambio, en el caso del Marketplace el estándar de cumplimiento lo determina el tercero que administra dicha plataforma comercial.
Llama la atención que en un Estado de Catástrofe se haya autorizado permiso de vacaciones, que lo más probable haya sido el principal motivo del aumento de estas cifras. Nuevamente, esta medida no iba dirigida a evitar la propagación del virus, al menos de día.
Si bien los falangistas reconocen las diversas reformas constitucionales realizadas en sus gobiernos de la Concertación, señalan que dichas modificaciones se han centrado en materias propias de la fiscalización de los actos de Gobierno, más que en el ejercicio y estructura del poder político, lo cual ha propiciado en cierta medida la crisis política de los últimos años.
Destaca la creación de medidas preventivas en favor del personal de la Administración del Estado que denuncie hechos de relevancia administrativa o penal, como es el caso, entre otras, de no ser sometido a medidas disciplinarias de suspensión del empleo o de destitución; prohibición de los traslados de localidad, dependencia o de la función que desempeñe, sin la expresa autorización de la persona.
En este caso, los disparos del Carabinero lo habrían colocado en un deber de garante respecto de la vida del malabarista, y como huyó sin prestar auxilio, se provocó el resultado. Se cumple entonces el requisito de la comisión por omisión.
Considerando que el conocimiento técnico corresponde a los órganos competentes de la Administración del Estado, no es menos cierto que, aspectos tales como la motivación -razonabilidad-, sí pueden y deben ser controlados, so riesgo de transformarse en una instancia irrespetuosa de los derechos de las personas.
La sentencia de Nogales llega en tiempos convulsionados, entremedio del fuerte cuestionamiento al sistema concesional chileno de las aguas. De ahí, que una de las consignas típicas del estallido social haya sido “no es sequía, es saqueo”.
La Observación general N°12 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del 12 de mayo de 1999, aborda el derecho a una alimentación adecuada y señala cuando se viola el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
El ente fiscalizador, frecuentemente parte su interpretación con el sesgo de la improcedencia, lo que incluso trasunta a la opinión que tenemos los litigantes tributarios, encontrándose incorporado al inconsciente colectivo por tantos años de primacía estatal.
Pueden considerarse como acto de autoridad aquellas medidas dictadas por la autoridad que impliquen una imposibilidad parcial respecto del desarrollo de una determinada actividad económica.
La columna analiza críticamente otra publicada por el profesor Tomás Jordán que trata sobre el concepto Estado social. El análisis crítico busca precisar el concepto de subsidiariedad y su relevancia para la discusión constitucional. A la vez, y a partir de lo anterior, intenta mostrar que este principio no es incompatible con la idea de avanzar a un Estado social.
Resulta a lo menos paradójico que en Chile miles de hectáreas de terrenos de aptitud agrícola, ganadera o forestal, actualmente estén siendo destinadas para el desarrollo de proyectos inmobiliarios, que no cumplen con los mínimos estándares de sustentabilidad, con la mirada cómplice de un Estado Legislador ausente.
