El momento actual del Órgano de Control abre sin duda una ventana de oportunidad en su seno, relacionada con la necesaria y urgente necesidad de promover una reforma a la ley Nº 10.336, sobre Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República.
La Constitución Nacional de Venezuela es rígida y solo se puede modificar bien sea para enmienda o reforma únicamente cumpliendo con el contenido y pasos que dictan sus propias normas.
Las ordenanzas municipales, sin perjuicio de tener una legítima finalidad, nos parece desbordan el ámbito competencial material de la actividad regulatoria municipal.
Quizás lo más riesgoso del proyecto esté en el principio de no discriminación, ya que cualquier expresión más o menos crítica de las teorías radicales de género podría ser considerada discriminatoria.
Nada ha sido fácil desde que el electorado británico decidió separarse de la Unión.
Las últimas modificaciones, junto con entregar facultades adicionales al SERNAC, mejoran una serie de derechos de los consumidores.
Las categorías jurídicas de la dogmática penal son susceptibles de ser objetos de interpretación, en algunos casos, y de definición de su contenido; en otros, por parte del TC a través de los distintos métodos de interpretación.
La inclusión de la fianza solidaria como garantía adicional al aval cambiario no vulnera el principio de especialidad, pues cada institución ?AVAL y FIANZA SOLIDARIA- se regula por sus respectivos estatutos.
Carece de toda lógica que no solo en la Contraloría, si no que en toda la administración del Estado, los funcionarios que son designados por la confianza que la autoridad que los nombra depositó en ellos, sean considerados de carrera, pudiendo incluso seguir ejerciendo sus funciones, aún cuando dicha confianza se haya perdido.
Incluso si los Tribunales franceses accedieran a la extradición solicitada por Chile, entrarían en contradicción con la institución creada por ellos mismos, para velar por los refugiados y apátridas.
Estos temas resultan de suyo relevantes no sólo para un país que centra parte de su economía en la exportación de recursos naturales renovables, como es el caso de Chile, sino en el turismo.
El rol atribuido al concepto «Buen Padre de Familia» despliega una diametral significación en nuestro derecho privado que conviene entender, pues a contrario de lo que pudiese pensarse, no guarda relación con aquella rama del Derecho Civil como lo es el Derecho de Familia.
El gran problema en derecho administrativo sancionador es la determinación de qué reglas relativas a la prescripción se han de aplicar.
Hay que tener presente que, con la nueva ley, ya nada va a ser como antes. Por lo anterior, se debe integrar la normativa a la cultura propia de la empresa, como gestión esencial de la misma.
En derecho de familia, no siempre existe el tiempo para que los niños expresen su opinión, ni se proveen dispositivos de escucha acogedores, pero sobre todo respetuosos de su individualidad.
