Estos fiscalizadores intimidan, amenazan, maltratan y presionan al conductor y a sus acompañantes obligándolas a confesar lo que por sus propios medios y ajustados a la ley no puede obtener.
Los orígenes del Abogado Jacques Vergès le determinaron a hacer juicios de ruptura. Cabe destacar que uno de sus amigos, donde solía hospedarse Vergès, refiere que en los juicios asumía mucho riesgo, insultaba a los jueces, se negaba a saludarlos, cantaba el Kassaman. Por ello, para muchos, Vergès estaba fuera de la ley, falto de escrúpulos, dispuesto a interponer cualquier recurso, sin ningún deber de lealtad procesal, anteponiendo el interés del acusado con desmesura.
Observamos que la consagración o reforzamiento del “deber estatal de protección ambiental” (o concepto similar a este) estuvo presente en 127 de los 155 programas. El agua por su parte, apareció en 105 programas y el cambio climático en 69. En definitiva, dos tercios de los/as convencionales constituyentes llegaron a la Convención Constitucional con el medio ambiente y su protección como objetivos relevantes.
Por la importancia que tiene la nueva Ley 31357 para el desarrollo de las ERM 2022, consideramos necesario dar a conocer los aspectos más saltantes de la misma, teniendo en cuenta que el Parlamento ya no podrá realizar ninguna modificación electoral aplicable al referido proceso electoral pues el plazo para ello venció justamente el domingo 31 de octubre.
El Estado Chile mantiene una deuda en materia de regulación del empleo público en Chile, acrecentada por décadas de malas prácticas y una lastimosa desidia legislativa.
Quizás nunca antes en nuestra historia las pensiones de alimentos estuvieron tanto tiempo en el centro de la discusión diaria de los chilenos. Nos encontramos ante la inminente vigencia de la nueva reforma al sistema de alimentos, lo cual va más allá del Registro Nacional de Deudores de Pensiones Alimenticias, y aquí están las claves que conforman el contexto de esta profunda reforma.
No participo de la idea de dar mayor poder a los partidos y su dirigencia política, radicando el centro del gobierno del país en el Congreso en desmedro del poder del Presidente de la República a quien se le relega a esa categoría de Jefe de Estado, precisamente para que no gobierne.
El principio democrático se traduce en una garantía de legitimidad hacia el conjunto de la Administración del Estado en tanto reconduce la acción administrativa en orden a asegurar una cierta condición democrática de las decisiones de la Administración razón por la cual es un requisito esencial el paradigma que vincula a la Administración del Estado a la juridicidad.
El título de esta columna hace referencia al documento propuesto por el Partido Republicano y compartido por José Antonio Kast a través de su cuenta Twitter hace unas semanas atrás. Al leer dicho documento podemos inferir que no solo se quiere frenar la “inmigración ilegal” sino la inmigración a secas.
Considero dos premisas erradas: primero, la libre autodeterminación de las personas no es un neuro derecho más, sino el más relevante y trascendente, madre de todos los demás; y, segundo, no se trata de una amenaza futura, parecida a las películas de ficción, sino de una realidad globalmente en curso, hace años ya, como modelo exitoso de negocios y servicios de manejo de audiencias.
Los organismos electorales peruanos: Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), a través de un comunicado institucional, señalaron que se presenta una imposibilidad material para llevar a cabo las PASO (Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) de las Elecciones Regionales y Municipales 2022.
Se examina el contexto de surgimiento de la teoría del poder constituyente y su progresivo anacronismo, a partir de la superación de las fundamentaciones teológicas y filosóficas del poder en sociedades regidas por instituciones democráticas y deliberativas. En tal sentido, con base en la teoría de la elección pública, se plantea que la Convención Constitucional no opera como una entidad con vida propia llamada “poder constituyente” originario, soberano, sino como una agrupación de individuos concretos, con intereses, visiones, compromisos, sesgos y fines propios, legitimados por el voto popular solo para la redacción de un posible nuevo texto constitucional.
Este decreto tiene vicios de inconstitucionalidad porque otorga a los jefes de la defensa nacional atribuciones que no están contempladas de forma específica en el artículo 42 de la Constitución Política de la República y porque se justifica esta concesión haciendo un reenvío a una norma legal cuya aplicación resulta incompatible con el articulado actual de la Carta Fundamental.
Esta definición contiene algunos elementos clave, tales como el concepto de necesidades de las personas, de inclusión social respecto de la satisfacción de necesidades, y la idea de las limitaciones impuestas por el estado actual de la tecnología y la organización social sobre la capacidad del medio ambiente para satisfacer las necesidades presentes y futuras.
Sólo un análisis muy parcial entendería que obtenida una autorización de tratamiento –amplísima, como se configura en Chile- el responsable tiene carta blanca para hacer cualquier cosa con la información nominativa, porque desde el año 2018 está en juego un Derecho Fundamental.
