El voto de disidencia, si bien no permite acoger en definitiva los requerimientos, entrega en cambio interesantes razonamientos, que de hecho plantean una cuestión que trasciende este juicio concreto: la constitucionalidad del requisito de «necesidad del gasto» que contiene el art. 31 de la Ley de la Renta.
La Fiscalía Nacional Económica cumple un rol vital, pero hay algunos actores silenciosos que apuntan al mismo objetivo.
Sería bueno abrir un debate público con estos seguidores de Maduro en especial con diputados que abogan por él y preguntarles, qué pensarían si el presidente Piñera desconociera la Corte Suprema de Justicia y creara una a su conveniencia para sentenciar a sus adversarios.
No resulta sencillo terminar con un régimen de veinte años, que todo controla, sólo con manifestaciones y apoyos desde el exterior, a menos que internamente, quienes detentan el poder, apoyados por las armas militares, se dividan y permitan un vuelco definitivo.
Creo que está bien que el Derecho constituya un orden, pero orden no es ni debe ser sinónimo de quietud: el Derecho que se establece por medio de la acción deliberativa propia de una sociedad democrática ha de ser ante todo dinámico.
La libertad para hacer las cosas a su gusto y obtener resultados bajo esos parámetros nos demuestra la efectividad de que ciertos conocimientos presuntamente desechables se trastocan en conocimientos útiles y prácticos.
La decisión adoptada por la Corte Suprema en el Pleno comentado es un paso en la dirección correcta, que apunta a cumplir con las obligaciones del Estado de buena fe, y de dar efectividad a la obligación convencional.
Respecto de la captura por parte de intereses privados, lo óptimo hubiese sido que el legislador innovara recurriendo a la profesionalización vía inclusión de académicos, como se reclama también en otras latitudes, o bien aumentando progresivamente los estándares de probidad.
Es un hecho real, Rusia y China, ya están presentes en Venezuela, y más de lo que Estados Unidos o los países occidentales quisieran.
La configuración de la acusación en juicio político se encuentra estructurada con exigencias constitucionales taxativas (de Derecho estricto), tanto respecto a las autoridades que pueden ser acusadas, como en cuanto a los ilícitos constitucionales en los cuales se puede fundar.
Hay numerosas razones para pedir a la Corte Suprema que se abstenga de dar reglas o medidas para violar la cosa juzgada y revocar estas sentencias.
Militares rusos, militares al servicio de una corriente política y no del pueblo, guerrillas colombianas, paramilitarismo (Colectivos), G2 cubano y «Pranes», saquean, encarcelan, torturan, desaparecen y someten a los venezolanos que son contrarios al inconstitucional gobierno socialista de Maduro.
Mientras la seguridad de los servidores y las bases de datos del Poder Judicial no sea actualizada a lo que exigen los tiempos modernos, la protección de datos personales se encuentra a la deriva.
Los análisis más recientes suelen señalar que no es posible pedirle a un órgano de la administración estatal que sea imparcial respecto de la misma administración estatal de la que forma parte.
Para la Dirección General de Aguas, los plazos que establece el Código de Aguas no son fatales, por lo que no existe contravención legal alguna en tomarse años en resolver una solicitud pendiente.
