El desafío es enorme para todas las empresas, pues la ley ha incorporado los delitos informáticos como delitos por los cuales pueden responder las personas jurídicas, responsabilidad que puede llegar incluso a la disolución de la empresa, en caso de reincidencia.
Si bien el gobierno dejó sin efecto resolución (se cambiaba el nombre de la institución «Primera Dama» por el de “Gabinete Irina Karamanos”) aduciendo un “error administrativo”, este no debe mirarse como un simple error administrativo. Jurídicamente existió una inobservancia a la Constitución y a las leyes que rigen en nuestro Ordenamiento Jurídico, toda vez que afectaba principios fundamentales del Estado de Derecho, como el de competencia, principio de reserva legal y de juridicidad.
Pienso que esta comprensión de la relación entre sana crítica y verdad manifiesta una ingenuidad epistémica. Esa ingenuidad consiste en creer que es posible comparar enunciados lingüísticos con un trozo de realidad desnuda o no interpretada. En términos simples, la ingenuidad consiste en creer que el juez puede salirse del lenguaje.
la Misión destacó la elaboración por parte de la ONPE del “Protocolo para garantizar el derecho al voto de las personas trans en la jornada electoral “, aprobado el 8 de marzo de 2021. Este documento, subraya la Misión, incorporó una serie de medidas que buscaron garantizar el ejercicio del voto libre y secreto de la ciudadanía trans, en igualdad de condiciones y libre de discriminación.
El Tribunal Tributario deja sin efecto infracción cursada a restaurante, consistente en multa y clausura al interpretar el SII erróneamente que una factura no puede llevar como glosa «Servicios de Alimentación».
El motivo concreto para la eliminación del “orden público” en el nuevo texto constitucional no resulta claro, pero no creo que nadie considere temerario sostener que para una mayoría de los convencionales, los hechos ocurridos con posterioridad al 18 de octubre de 2019 convirtieron a Carabineros de Chile y el resguardo del orden público en uno más de los terrores innombrables lovecraftianos. Se pierde, de esta manera, una oportunidad única para resignificar el concepto en un contexto de respeto a los derechos fundamentales o, fundada y expresamente, desecharlo en cuanto habilitación para el actuar policial, tal como se postula en otros países.
El principio de responsabilidad patrimonial del Estado sólo importa que éste, de la misma manera que cualquier agente del tráfico jurídico, puede ver comprometida su responsabilidad patrimonial por el daño que su actuar ocasione a una o más personas; en otras palabras, de ser aprobada la nueva Constitución, conforme a éste, el Estado a priori no tendría reconocidas (ni el Legislador podría reconocerle) márgenes o parcelas de irresponsabilidad.
Es valorable que el contenido del texto elaborado por la Convención Constitucional se refiera y aborde diversos asuntos vinculados y propios de la política exterior. Sin embargo, se observan omisiones y materias que dan poca certidumbre al emplear principios y conceptos no plenamente determinados como parte sustancial del contenido de una posible Constitución.
La Misión (observación electoral) reitera el criterio expuesto en 2020, sobre que la participación política es un derecho fundamental tutelado por las normas convencionales y la Constitución Política del Perú, razón por la que la exclusión de candidaturas tendría que ser la consecuencia última y aplicarse solo en casos auténticamente graves y debidamente demostrados.
No ha sido casualidad de que en Rusia como en China, sus respectivos regímenes, durante y después del momento más álgido de la pandemia, hayan redoblado su control gubernamental, limitado las libertades, perseguido detractores, restringido la aplicación irrestricta de los derechos fundamentales, alejado toda posibilidad de ejercer la democracia, e institucionalizar de la manera más permanente posible, el poder estatal y líderes vigentes.
Creemos que se debe transitar en una discusión entre el contenido del concepto y la creación de un sistema procesal adecuado, eficiente y eficaz que se haga cargo no sólo de ello, sino de un marco de tutelar pertinente, ya sea que se considere como un todo o como parte de un todo más general, cuestión que hasta el momento aún no tiene respuesta, así como: ¿El concepto de justicia vecinal abarca las pequeñas causas? ¿La denominación de Justicia Vecinal, es un concepto, una denominación o un sistema especial? ¿Por qué se optó por la denominación de juzgados en lugar de tribunales?
Estimamos que el proyecto constitucional ha expandido y transversalizado en la judicatura los arbitrios hasta ahora vigentes, generando, en ciertos casos, acciones constitucionales caracterizadas por su amplio alcance, y en otros, estableciendo garantías específicas –inclusive con una doble cautela– en el caso de determinados derechos que, como la nacionalidad, el Constituyente de la Convención Constitucional ha estimado oportuno reforzar.
El autor de esta columna considera que la Corte Suprema debió reconocer que se está en presencia de un concurso aparente de infracciones y no frente a un concurso ideal infraccional, puesto que, de esa manera, la conducta de mayor desvalor puede subsumir a la otra de menor desvalor y así ser dejada sin efecto la doble sanción que pudiera ocurrir.
El Borrador se refiere a las sanciones administrativas, por lo que, en caso de ser aprobada la nueva Constitución, ésta expresamente las reconocería (y validaría), lo que la Constitución vigente no hace (aun cuando sí lo ha hecho la jurisprudencia.
Si el Director Nacional del Servicio Electoral no lo ha hecho, o ha sido negligente en el uso de los mecanismos de control respecto de quienes debían cumplir sus instrucciones, entonces tiene responsabilidad política.
