Ni la más actualizada tecnología médica, ni los avances en la salud, acelerada en los últimos tiempos, alcanzan hoy a contrarrestar un virus rebelde, y en casos mortal, que nos mantiene incomunicados, como sola medida de contención, paliativa aunque no curativa.

La resistencia de algunos grupos religiosos, aunque en pequeños números, demuestra una desconexión con la gravedad del contexto que enfrenta el país y una falta de compasión por sus fieles, ya que los pone en peligro y aumenta el potencial de proliferación de la enfermedad.

Estimamos que la sentencia no aplica un criterio de hermenéutica adecuado que permita la vigencia armónica de ambos derechos, sino que derechamente, anula el derecho a la seguridad social por la vía de darle preeminencia al derecho de propiedad.

Urge en nuestra legislación, una norma sobre suspensión de plazos judiciales, y de prescripción extintiva de derechos, que opere de forma automática, cumpliéndose las circunstancias de hecho que permitan que dicha suspensión opere.

Hay algunos que hablan de cerrar ciudades, ahí yo tengo mis reparos, ya que una medida como esa afectaría derechos fundamentales, como por ejemplo, el libre desplazamiento de las personas.

Mis críticas al Dictamen 1286 / 006 emitido el 26 de marzo por la Dirección del Trabajo, pasan por no aplicar correctamente la institución del caso fortuito y fuerza mayor y por desatender los principios del Derecho del Trabajo.

Dado que es un deber del Estado, es plausible exigir una lucha y prevención eficientes. La propagación de una posible epidemia de control puede dar lugar a responsabilidad, siempre que se compruebe la omisión, la conducta ilícita y el daño.

Ni el derecho a la propia imagen, ni el derecho a la propia voz se encuentran reconocidos expresamente en la Constitución Política de la República, como sí ha ocurrido en otros países.

Es evidente que el sistema presidencialista que actualmente nos rige está provocando más trastornos que beneficios.

No será de extrañar, como ya se ha advertido por los científicos, que el proceso de investigación y comprobación, buscará ser mucho más corto que los habituales, que por lo general requieren de varios años. Esta vez, por la presión internacional, podría obtenerse en un año o algo más.

El 10 de Marzo del presente año, la Comisión de Transportes recomendó aprobar los Proyectos de Ley refundidos que, entre otros, crean el delito de exceso de velocidad, el que se configuraría cuando se condujere un vehículo motorizado y se sobrepase en 60 kilómetros por hora, tanto en vías urbanas como interurbanas, los límites de velocidad de los artículos 145 y 146 de la Ley de Tránsito

Si los grupos son elegidos por sorteo, contaríamos con una herramienta más correcta y concreta ante la diversidad de voces y experiencias que se aglomeran en nuestras ciudades. A partir de ahí, se podría seleccionar una muestra estratificada que represente a la población tanto como sea posible.

«La costumbre si constituye derecho en materias jurídicas parlamentarias», fuente que ha servido en muchas ocasiones para resolver problemas prácticos en el procedimiento legislativo.

Los derechos no son ilimitados, se terminan donde comienza el derecho ajeno.

Aunque la historia enseña que en este tipo de convenciones, generalmente, se llega a un alto consenso, el quorum de dos tercios establecido para aprobar cualquier disposición determina la posibilidad de que tal evento no acaezca.