La visión de la Iglesia Católica no es ni será agitar la incertidumbre, sino reducirla, otorgando importancia a las instituciones y organizaciones políticas que practican la verdad y justicia, debido a su incidencia en el condicionamiento de los comportamientos colectivos, que pasan a tener procesos de elección racional y limpios.
El lenguaje que se utilice en la redacción la Constitución debe ser claro e inclusivo, porque la ciudadanía debe entender lo que establece la norma más importante del ordenamiento jurídico nacional, y a su vez, debe ser un reflejo de la sociedad.
La manera errónea de desvincular al Administrador podría dar lugar a una situación bochornosa. En efecto, el condominio podría ser objeto de una acción judicial de cobro de honorarios, de indemnización de perjuicios o de nulidad del despido.
No existe en el sistema chileno de Derechos Fundamentales ningún dispositivo normativo que permita a las personas adoptar decisiones vitales relevantes y surtan efectos únicamente en su propia persona, pudiendo exigir del resto el respeto por tales decisiones, en tanto no atenten en contra de bienes objetivos – derechos de terceros, no meros intereses – o el ordenamiento constitucional.
Autores analizan en el presente artículo, si la resolución del Ministro de Transportes y Telecomunicaciones que otorga o deniega una concesión o un permiso de telecomunicaciones, constituye el ejercicio de funciones jurisdiccionales o administrativas.
Al hablar de diversidad como un modelo de gestión, esta cobra especial importancia, siendo identificada como un modelo de organización más flexible y abierto que integra a las personas con sus diferencias en un ambiente de confianza y aceptación con la clara convicción de que al ser los equipos de trabajo diversos, son más dinámicos, creativos, innovadores y eficientes.
Se infiere que tanto los ciudadanos como los parlamentarios en actual ejercicio desconocieron u olvidaron los artículos 127, 128 y 129 de nuestra Carta Fundamental, en cuanto esa normativa establece en forma clara el procedimiento que el Poder Ejecutivo y el parlamento deben emplear para cambiar o reformar nuestra Constitución.
Esta formalidad requiere de horas de trabajo extra que normalmente interrumpen el sueño de los colegas que destinan esas horas para completar los cánones formales, pero no sólo respecto de su propio trabajo, sino porque dichos aspectos son requeridos por los centros de publicación, tanto nacionales como internacionales.
Si bien todo caso con imputado desconocido tiene una especial dificultad investigativa, que comúnmente lleva al archivo provisional, en el caso de violaciones a los derechos humanos es posible realizar diligencias para identificar a los responsables, como es pedir la información a las instituciones de quienes estuvieron en el lugar y las municiones que tenían antes y después de la manifestación.
Analizaremos en el presente artículo, cuál es la naturaleza de la decisión de otorgar la visa de responsabilidad democrática para ciudadanos y ciudadanas provenientes de Venezuela, como un elemento determinante del régimen jurídico aplicable.
No se requiere hacer un análisis pormenorizado y profundo, para deducir que lo ocurrido obedece a razones bastante claras, de revanchismo y venganza, instigadas por Evo y sus partidarios, ante la pasividad del Gobierno de Luis Arce, que se escuda en la acción de la justicia.
Encontramos lamentable que, además, el fallo haya eliminado los considerandos 12 a 14 de la sentencia de primera instancia, que, pese al rechazo, estimaba que “a juicio de este sentenciador […] los inmuebles sobre los cuales recayeron los actos y contratos cuya nulidad se impetra […] tienen la calidad de tierras indígenas”.
Los demandantes argumentaron que en la práctica prestaban servicios como workers (y no como contratistas independientes) de Uber. La compañía, por su parte, argumentó que su rol era simplemente el de ser un medio para conectar clientes y conductores, lo que esta reflejado en sus contratos.
Señala tres instrumentos jurídicos de mucha importancia de dicho derecho: la Declaración de Cartagena sobre Refugiados, de 1984, la Declaración de San José sobre Refugiados y Personas desplazadas, de 1994 y la Resolución 2/18 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre Migración forzada de personas venezolanas.
En Chile, al observar la Constitución Política de la República y la legislación nacional, es posible afirmar que el derecho al olvido no se encuentra consagrado expresamente.
