Aunque a todas luces alguien pareciera el villano, debe ser tratado como inocente y la Justicia no puede condenar en tiempo récord para re encantar a los fans, porque podría cometer algo peor que el cirujano que amputa una pierna por mala praxis
Sería ineficaz e ineficiente que todo el alcance de la labor de la Asamblea o de la Comisión fuese realizada por todos los miembros, por lo que lo normal es que la CC se divida en comités especializados y establezca una función directiva que supervise a la CC.
Una función administrativa se plantea en la resolución de conflictos, en que el Estado se encuentra obligado a brindar protección a bienes jurídicos, que sólo afectan un interés general, es decir, que sólo brindan una protección mediata o refleja del individuo. Para ello, el legislador puede, o bien limitar la libertad de un individuo (ej. requisitos sanitarios); o bien otorgar al particular un poder jurídico para exigir una conducta positiva del Estado, sin limitar la libertad de otro individuo (ej. prestaciones directas de derecho social o deberes de protección).
Si la ciudadanía quiere redactar el nuevo texto, la clase política en general, y los partidos políticos en particular, debiesen facilitar la participación de ciudadanos independientes.
La gran virtud del sistema se resume en la siguiente premisa: Un grupo más reducido de personas, escogidos por el pueblo, son capaces de deliberar de manera más prudente las cualidades del candidato a elegir, más que la masa general de la población, evitando el desorden y el tumulto.
Los cambios que se propongan al contenido parlamentario de la nueva Constitución, serán vitales para que los ciudadanos vuelvan a tener confianzas en el Poder Legislativo y los acuerdos que se den en dichas materias serán claves para la estabilidad política de Chile en las próximas décadas. Ello será el gran anhelo de los chilenos
Como sociedad, no sólo debemos rechazar la violencia, sino que apuntar hacia políticas de prevención de la violencia, educando y no sólo ocupando el derecho penal para tratar de frenar los delitos.
Los tratados no son redactados por los legisladores nacionales, sino por los representantes acreditados por los Estados interesados. Son co-legisladores con capacidad restringida, complementaria. No así en las leyes, que la ejercen en plenitud.
Aunque el Proyecto planteaba la existencia de un riesgo para la vida de las personas y que no debería eliminarse la medida, en la práctica Carabineros de Chile nunca lo implementó y se terminó con el uso de fotorradares en nuestro país.
A partir de la reflexión constitucional que se ha generado con el proceso constituyente, se logra identificar que la actual Carta Fundamental que reconoce derechos y organiza el poder, no es suficiente para afrontar los desafíos que impone la sociedad chilena.
Sería deseable que se incorporara una norma un poco más amplia, de manera de efectuar dicha forma de notificación no sólo a peritos y martilleros, sino también extenderla a toda comunicación a organismos públicos, tal cual están procediendo, en la actualidad, algunos Juzgados de Policía Local.
Existen más de un centenar de testimonios de estudiantes que no pueden acceder a sus clase producto de problemas de conexión. Si bien algunos padres se organizan con los profesores para recoger físicamente las guías de trabajo estos estudiantes siguen estando en una profunda desventaja en relación a sus otros compañeros.
El proceso constituyente es la oportunidad de definir, en una representación significativa y con participación activa de los pueblos indígenas, los aspectos centrales de las demandas territoriales pendientes y procurar construir un camino que avance en el marco de nuevas relaciones del Estado con los pueblos indígenas.
Si en algún momento el poder constituyente recayó en una persona, hoy no cabe duda que la titularidad del mismo está radicada en el pueblo, estableciéndose -incluso- como una de sus limitaciones la imposibilidad de ser traspasado a un individuo o a un grupo de personas.
Si bien el plebiscito de salida puede contribuir a que la nueva Constitución sea aceptada en general por la sociedad, sin embargo, a dicho plebiscito (y en definitiva a la ciudadanía) no le corresponde resolver las incoherencias y vacíos del texto constitucional resultante.
