En este debate se ha echado de menos una tesis que, desde una mirada estructuralista y al margen de una historia siempre tan teñida de sangre, proporcione razones filosóficas y jurídicas que, al amparo de las reglas democráticas, demuestre la pertinencia, o incluso la razonabilidad que para una sociedad liberal supone la convivencia armónica de todos sus pueblos.
La verdadera garantía de autonomía está dada por estatuto de sus autoridades superiores, diseñado para desempeñar una función especializada, sin el vínculo jerárquico más rígido respecto del jerarca, o el de supervigilancia o tutela, mucho más flexible respecto de la autoridad central.
La renuncia de un derecho laboral irrenunciable se sanciona con nulidad absoluta, anulándose específicamente la cláusula involucrada, quedando el contrato vigente y los beneficios que haya recibido el empleador o empleadora en virtud de aquella serán anulados y devueltos a las o los trabajadores.
Hoy cabría quizás hablar de «un derecho personalísimo», que era socavado bajo el argumento de ejercerse un derecho de acceder a información para darla a conocer a terceros, es decir, fundándose en una supuesta libertad de informar.
El descontento y falta de representatividad, sumado a la baja participación en las elecciones, ha hecho que las personas se involucren más y con mayor profundidad en las decisiones que toman las diferentes instituciones sobre temas que afectan directamente en su vida y, a su vez, demanden más espacios de participación.
Un procedimiento administrativo solo puede ser racional y justo, si se realiza dentro de un plazo razonable, lo contrario atenta contra la certeza jurídica, se distrae al contribuyente de su actividad principal y lo somete inevitablemente a una situación de incertidumbre respecto de su situación tributaria.
En general, se puede visualizar que la propuesta constitucional progresista, entrega mayores atribuciones a la Cámara de Diputados, en materias de gobernabilidad, fiscalización, y control político del Poder Ejecutivo, y mantiene, en cierta medida, las competencias actuales del Senado de la República, abocándolo meramente a funciones legislativas.
Un análisis del ordinario 07-4098 del Jefe de la División Jurídica del Ministerio de Educación de fecha 4 de noviembre de 2020.
Si bien la sociedad ha decidido cambiar las reglas que nos rigen, mientras no tengamos vigente una nueva Constitución, es obligatorio para todos los órganos del Estado, para toda persona, institución o grupo observar y cumplir los mandatos constitucionales de la Constitución de 1980.
Sin bien los niños y niñas no están facultados para votar en este nuevo Proceso Constituyente, son pieza fundamental en nuestro caminar hacia un país justo e informado, donde en el futuro se podrán resolver nuestras diferencias a través de ciudadanos mejor preparados y por ende más empáticos y humanos.
Considero que nuevamente el Bloque de constitucionalidad podría abrir nuevos caminos para la igualdad ante la ley, la no discriminación y el derecho a la identidad en familias que se componen en base a circunstancias y vínculos diferentes.
No debemos mirar a la regla de los dos tercios como una desventaja o aspecto negativo del proceso constituyente, sino más bien como una oportunidad para que las distintas fuerzas políticas sean capaces de lograr buenos acuerdos constitucionales.
Esta resumida saga de presidentes del Perú, tiene mucho de infortunio, acusaciones de corrupción, y juicios en manos de los Tribunales. El trasfondo ciertamente es, eminentemente político en una crisis que todavía no se decanta.
Debido proceso, tutela, función y orgánica jurisdiccional son instituciones que con toda seguridad la nueva constitución contendrá. Asimismo, procedimientos constitucionales, regulación específica de determinados procedimientos ordinarios y organismos administrativos que actúan en el proceso, son otro tanto que seguro tendrá su lugar.
Lamentablemente, tanto los entes fiscalizadores a nivel administrativo, como los tribunales llamados a conocer de estos asuntos, son poco proclives a dar aplicación a las normas de la teoría general de la prueba, atribuyendo a las normas tributarias, que consideran especialísimas, una naturaleza jurídica propia que éstas no poseen, haciendo parecer que se regulan por un estatuto jurídico especial al que no serían aplicables las normas generales del derecho.
