Hoy cabría quizás hablar de «un derecho personalísimo», que era socavado bajo el argumento de ejercerse un derecho de acceder a información para darla a conocer a terceros, es decir, fundándose en una supuesta libertad de informar.
El descontento y falta de representatividad, sumado a la baja participación en las elecciones, ha hecho que las personas se involucren más y con mayor profundidad en las decisiones que toman las diferentes instituciones sobre temas que afectan directamente en su vida y, a su vez, demanden más espacios de participación.
Un procedimiento administrativo solo puede ser racional y justo, si se realiza dentro de un plazo razonable, lo contrario atenta contra la certeza jurídica, se distrae al contribuyente de su actividad principal y lo somete inevitablemente a una situación de incertidumbre respecto de su situación tributaria.
En general, se puede visualizar que la propuesta constitucional progresista, entrega mayores atribuciones a la Cámara de Diputados, en materias de gobernabilidad, fiscalización, y control político del Poder Ejecutivo, y mantiene, en cierta medida, las competencias actuales del Senado de la República, abocándolo meramente a funciones legislativas.
Un análisis del ordinario 07-4098 del Jefe de la División Jurídica del Ministerio de Educación de fecha 4 de noviembre de 2020.
Si bien la sociedad ha decidido cambiar las reglas que nos rigen, mientras no tengamos vigente una nueva Constitución, es obligatorio para todos los órganos del Estado, para toda persona, institución o grupo observar y cumplir los mandatos constitucionales de la Constitución de 1980.
Sin bien los niños y niñas no están facultados para votar en este nuevo Proceso Constituyente, son pieza fundamental en nuestro caminar hacia un país justo e informado, donde en el futuro se podrán resolver nuestras diferencias a través de ciudadanos mejor preparados y por ende más empáticos y humanos.
Considero que nuevamente el Bloque de constitucionalidad podría abrir nuevos caminos para la igualdad ante la ley, la no discriminación y el derecho a la identidad en familias que se componen en base a circunstancias y vínculos diferentes.
No debemos mirar a la regla de los dos tercios como una desventaja o aspecto negativo del proceso constituyente, sino más bien como una oportunidad para que las distintas fuerzas políticas sean capaces de lograr buenos acuerdos constitucionales.
Esta resumida saga de presidentes del Perú, tiene mucho de infortunio, acusaciones de corrupción, y juicios en manos de los Tribunales. El trasfondo ciertamente es, eminentemente político en una crisis que todavía no se decanta.
Debido proceso, tutela, función y orgánica jurisdiccional son instituciones que con toda seguridad la nueva constitución contendrá. Asimismo, procedimientos constitucionales, regulación específica de determinados procedimientos ordinarios y organismos administrativos que actúan en el proceso, son otro tanto que seguro tendrá su lugar.
Lamentablemente, tanto los entes fiscalizadores a nivel administrativo, como los tribunales llamados a conocer de estos asuntos, son poco proclives a dar aplicación a las normas de la teoría general de la prueba, atribuyendo a las normas tributarias, que consideran especialísimas, una naturaleza jurídica propia que éstas no poseen, haciendo parecer que se regulan por un estatuto jurídico especial al que no serían aplicables las normas generales del derecho.
Otra de las cuestiones que posibilita el sistema de proporcionalidad es el hecho que resulten electos candidatos con una baja cantidad de votos de su Distrito o Circunscripción, siendo en definitiva, elegidos por “arrastre” (término utilizado en materia electoral), debido a la cantidad de votos que suma la lista respectiva.
La modificación directa que plantea el proyecto es de régimen permanente, que faculta a las partes para solicitar comparecer por vía remota mediante videoconferencia.
El argumento que alude a la “fe popular”, si no falaz, no tiene sustento suficiente para imponerse al derecho de los Pueblos Indígenas a la participación política en el proceso constituyente y, en especial, al deber democrático que concierne a toda la sociedad chilena de inclusión en general –de género, independientes y Pueblos Indígenas− que el llamado “Acuerdo por la Paz” marginó en noviembre de 2020.
