La experiencia comparada en Colombia o Chile nos muestra que sí es posible contar con dispositivos constitucionales que hagan posible la convocatoria pacífica al Poder Constituyente. Afirmar lo contrario equivale a decir que el poder soberano que emana del pueblo, según lo establece el artículo 45 de la Constitución, no reside en la ciudanía sino -y de manera impertérrita- en las 80 personas (apenas 7 mujeres) que como miembros del Congreso Constituyente Democrático redactaron la Constitución de 1993 hace 29 años.

En la regulación analizada se incurre en una impropiedad, por cuanto exceptúa de la titularidad del derecho de propiedad sobre los bienes que la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas, lo cual, en términos estrictamente jurídicos, es una limitación para adquirir el dominio de tales bienes, tal y como aparece actualmente prescrito en el artículo 19 N° 23 de la Carta Fundamental.

A partir de un comentario sobre una reciente jurisprudencia administrativa, la presente columna analiza los mecanismos que facilitarían el entendimiento e interpretación del concepto de remuneraciones contenido en el Código del Trabajo, en sentido colaborativo con las instituciones de la materia y en armonía con los principios esenciales que informan dicha disciplina, con el objeto final de determinar si las remuneraciones deben entenderse de manera general o restrictiva.

Más allá de las diferencias originadas por los contextos y los flujos migratorios, las fronteras y las alegaciones respecto a su normativa, pueden tener más similitudes que diferencias y la ´devolución en caliente´ es una clara muestra de ello. En esta columna analizamos casos de Chile y España a la luz de la importancia de cumplir estándares nacionales e internacionales.

La vigilancia puede poner al descubierto la información recopilada por los periodistas, incluida la de los denunciantes, y viola el principio de protección de las fuentes, que se considera universalmente un requisito previo para la libertad de los medios de comunicación y está consagrado en las resoluciones de la ONU. También puede perjudicar la seguridad de los periodistas al revelar información privada sensible que podría ser utilizada para acosarlos judicialmente y/o atacarlos arbitrariamente

Occidente ha puesto en marcha diversas acciones, desde las sanciones económicas, comerciales, financieras, bancarias, y tantas otras menos llamativas, pero que en conjunto, han creado una barrera que, poco a poco, comienza a poner fin a la globalización de la que Rusia a usufructuado por más de veinte años. No son medidas de fácil implementación, ni producen efectos inmediatos, si bien, finalmente sus resultados le serán contrarios y sumamente perjudiciales, por largo tiempo.

Por tratarse de un caso (Barbosa de Souza y otros vs. Brasil) relativo a la muerte violenta de una mujer, lo cual evidentemente no está relacionado con el ejercicio de las funciones de un diputado, la posibilidad del uso político de la acción penal debió haber sido analizada con aún más detenimiento y cautela.

En este contexto y estando en juego el Derecho del artículo 19 N°4 de la Constitución, la opción que los acreedores de cualquier naturaleza deban eliminar acreencias de sus propias bases de datos se percibe desproporcionada, injustificada y por cierto inconstitucional.

Podríamos llegar a sostener que dentro de la idea de “bien común», se encuentran subsumidos los conceptos de inclusión, diversidad y tolerancia, los que se hallan íntimamente imbricados. En nuestro actual contexto institucional, es posible advertir que el trabajo desarrollado por la Convención Constituyente ha avanzado decididamente sobre estos aspectos.

Este día que conmemora mundialmente a la Propiedad Intelectual resulta ser una oportunidad grandiosa para concientizar sobre su importancia para todos, en cuanto a nuestra capacidad de crear y en cuanto a los adelantos del saber que propician el crecimiento de nuestra sociedad.

La consagración explícita del acceso a los beneficios y a los progresos de la ciencia en la Constitución se justifica, por la importancia de la ciencia en el desarrollo del país y, por el papel que cumple este derecho en la realización de otros derechos fundamentales, como el derecho a la protección de la salud, el derecho al agua y el derecho a la educación, entre otros, dada la interdependencia entre ellos.

El programa enfatiza que el territorio de Chile se encuentra habitado por “diversas naciones y pueblos” por lo que el país “debe reconocer su plurinacionalidad, avanzando hacia el horizonte de la interculturalidad, asegurando el derecho de todos los pueblos a la autodeterminación, a la integridad cultural y lingüística, sin sometimiento ni asimilación forzada”.

Muchas son las dudas que trae el concepto de Estado ecológico, por ello, tal vez, esta reflexión sea atingente a este momento constituyente para dar una salida en la siguiente votación del informe de reemplazo de este último informe de la comisión número 5 rechazado en general. Por lo que se hace necesario reflexionar sobre la persona y la naturaleza, la base ontológica que fundamenta la existencia del Estado Ecológico; que no es otro que el carácter de común de los bienes abióticos y bióticos, como también, el contenido esencial del Derecho Humano a vivir en un medio ambiente sano, equilibrado y armónico, con los correlativos deberes del Estado que tiene por adjetivo el carácter de ecológico.

Muchos autores sostienen que pueblos que aún no han logrado ningún grado de determinación, independientemente de si se encuentran o no bajo dominación colonial, tienen derecho, siempre que se preserve la integridad territorial del Estado, a obtener ventajas y beneficios efectivos de la determinación, básicamente, autonomía en gobierno, libertad cultural y económica y respeto a los derechos humanos.

La reciente jurisprudencia de homicidios sin cuerpo del delito, tanto en Chile como en el extranjero, ha revitalizado la discusión sobre el estándar de la duda razonable y demuestra la importancia capital que dicho baremo probatorio tiene dentro del sistema procesal penal para la resolución de casos concretos. Por ello, este artículo propone que, si bien es posible condenar a una persona por homicidio en ausencia del cuerpo de la víctima del delito, aquello nunca puede ser a costa de transgredir el parámetro de la duda razonable, el cual es una garantía para todos los ciudadanos y que, por razones de evidente justicia, prefiere a un culpable absuelto que, a un inocente condenado, y no al revés como ejemplifica el caso de Narumi Kurosaki.