Sólo un análisis muy parcial entendería que obtenida una autorización de tratamiento –amplísima, como se configura en Chile- el responsable tiene carta blanca para hacer cualquier cosa con la información nominativa, porque desde el año 2018 está en juego un Derecho Fundamental.
Con frecuencia se confunden las presunciones establecidas en diversas normas para la adquisición de inmuebles por la mujer casada en sociedad conyugal, cobrando importancia la calificación notarial y registral de los títulos para su correcto acceso al registro.
Se proponen lineamientos para la configuración de la Justicia Administrativa en la futura Constitución chilena, en lo referente a la tutela judicial efectiva y plenitud del control jurisdiccional sobre todas las manifestaciones de la actividad de la Administración Pública. Se sugiere la reafirmación de la primera al igual que la consagración expresa de la segunda.
La fórmula legal presentada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) incorpora siete propuestas destinadas a garantizar el derecho de sufragio y el derecho a la salud de los peruanos y peruanas que, en el marco de la lucha contra la COVID-19, concurriremos a las urnas el domingo 02 de octubre de 2022 para elegir a nuestras autoridades subnacionales.
El Congreso, al conocer y resolver sobre una acusación constitucional, ejerce una facultad jurisdiccional que debe cumplir con los estándares internacionales de los derechos humanos, pero la naturaleza del control que ejerce es tanto político como jurídico, entendiéndose como otro órgano más a cargo de la interpretación constitucional.
Me atrevo a postular que, en cuanto al fondo, el impacto y los altos estándares en materia de derechos humanos, son comunes entre la propuesta de la Comisión y la indicación única de los convencionales indígenas.
Lo cierto es que en la Constitución chilena vigente no se contempla ninguna mención expresa al derecho a la herencia, si bien se garantiza el derecho a la propiedad (art. 19 N°24).
La Corte IDH no considera que la existencia de organizaciones que regulen el ejercicio de una profesión sean contrarias a la CADH, pero sí es fundamental analizar al aplicar medidas como la colegiación obligatoria que en la práctica no se atente o limite excesivamente el ejercicio de otro derecho fundamental.
El espíritu de la nueva Constitución puede tener impacto sobre el nuevo sistema de salud. Pasar, por ejemplo, de una Constitución que afirma el principio de subsidiariedad a una que incluya el principio de responsabilidad social puede señalar un rumbo para el sistema, sin fijar detalles específicos.
La ritualidad pasa así a erigirse en una suerte de garantía que –se aduce– vendría a canalizar las voces de los pueblos en torno al estatuto constitucionalizable en la nueva arquitectura jurídica, por cuanto sin ella existiría un inminente riesgo: disminuir su legitimidad.
Se propone adoptar un mecanismo para reconocer el efecto de los tratados internacional que aumenta la injerencia del Congreso Nacional y disminuya la incertidumbre que genera su aplicación por los tribunales de justicia.
Más relevante que la incorporación de legos al juzgamiento de delitos, es adoptar una estructura idónea que permita evitar algunos de los inconvenientes que han perseguido a los jurados a lo largo de su historia reciente. Para ello, resulta necesario, antes que todo, tener claridad acerca de las expectativas del rol que un jurado puede o no puede desempeñar.
Muchas veces en las decisiones que realiza el Ejecutivo, ambos organismos – DIPRES y MINSEGPRES, – no coinciden o uno anula la decisión del otro organismo. De todas formas, estos organismos cuentan con legitimidad, pero no siempre la legitimidad coincide con la legalidad.
En primer término hay que mencionar que el sistema tributario en su conjunto se ve influido por el sistema constitucional, dada que la Constitución ha de interpretarse y aplicarse de manera sistemática. En efecto, en los casos tributarios ventilados ante las Cortes de Apelaciones y Suprema y ante el Tribunal Constitucional se aplica una multiplicidad de normas, no sólo el artículo 19 Nº 20 de nuestra Constitución.
Aun cuando el Presidente promulgue y publique la ley interpretativa sobre la Cuestión de Confianza, o el Congreso la promulgue por insistencia, se presente una demanda de inconstitucionalidad contra la misma. Con lo cual, unas vez más, la suerte de la legislación aprobada por el Parlamento dependerá del juicio de los siete magistrados que conforman el Tribunal Constitucional.
